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Para Pensar
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Presupuestos 24: la difícil cuadratura del círculo

Si hubiera cuentas públicas para el ejercicio, en el marco de lo ya conocido, no serían las más adecuadas para la economía, aunque permitieran dar un respiro político

Gobierno
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una votación en el pleno del Congreso, reunido excepcionalmente en el Senado. EFE/Rodrigo JimenezRodrigo Jimenez (EFE)

La aprobación de unos Presupuestos para 2024 será la prueba de continuidad en la legislatura, ya que, mediante su prórroga en caso necesario, puede proteger al Gobierno de la previsible inestabilidad creciente de sus apoyos parlamentarios. Así lo ha entendido el presidente Sánchez cuando ha puesto en marcha el proceso de elaboración de los mismos mediante la preceptiva aprobación por el Congreso del techo de gasto, y las declaraciones de la vicepresidenta primera en el sentido de que esperaba tener aprobados los Presupuestos antes de abril.

Si, como parece, se presentan pronto unos Presupuestos al Parlamento, asistiremos a una radiografía de la complicada situación política: una oposición del no a todo, que ya ha dicho, sin conocerlos, que los vetará en el Senado, y unos socios parlamentarios del Gobierno que ya han aprendido a exprimir su debilidad en beneficio propio. Lo cual, en meses preelectorales, convierte cada voto en algo muy valioso.

Es razonable, pues, dedicar un poco de reflexión al asunto. Sobre todo, porque este año los Presupuestos coinciden con un cambio importante en, al menos, tres elementos externos de contexto: el aumento de las incertidumbres geopolíticas que incrementan los riesgos económicos del momento; el fin de la moratoria comunitaria sobre la política de equilibrio presupuestario ante la sucesión de crisis vividas (pandemia, energía, tipos de interés), con el regreso, paulatino y flexible, de los procedimientos de déficits excesivos; y la nueva orientación de la UE sobre autonomía estratégica y de seguridad, con un nuevo papel al Estado en el impulso de una política industrial.

Todo ello anticipa una contradicción entre las exigencias económicas que deberían incorporar los Presupuestos y las variopintas demandas parlamentarias necesarias para conseguir los votos que hagan posible su aprobación, en segunda vuelta, tras el veto o los cambios introducidos en el Senado por la oposición.

De los Presupuestos conocemos ya varias cosas. Importantes piezas del puzle, cuyo dibujo final parece, hoy, de difícil cuadratura. Sabemos el techo de gasto aprobado por el Congreso. Y con él, las dos lecturas que se pueden hacer: aquella que los sitúa en 199.120 millones de euros, cifra récord de gasto, pero que representa un moderado crecimiento del 0,5% respecto al año anterior (contención, pero sin recortes), y aquella otra que, excluyendo los fondos comunitarios extraordinarios, representa 189.215 millones de euros, pero con un crecimiento homogéneo respecto al año anterior, superior al 9% (presupuesto expansivo).

Otros datos anunciados permiten apuntarse a esta segunda lectura: se presentarán unos Presupuestos razonablemente expansivos para que puedan dar cabida a tres datos ciertos: la prórroga parcial, ya aprobada, de las medidas anticrisis; el mayor gasto en intereses de la deuda pública, como consecuencia de la subida de tipos que afecta a las nuevas emisiones; la mayor financiación anunciada por la ministra de Hacienda de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, al margen de que se consiga pactar una reforma del modelo de financiación como se ha pactado con Junts.

El objetivo de déficit público para 2024, también lo ha aprobado ya el Gobierno: el 3% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, lo que representa un recorte sobre la cifra con que se espera cerrar 2023. Es decir, sería más consistente con la lectura de unos Presupuestos de contención.

Cuadrar este círculo solo sería posible si se dieran las siguientes circunstancias: que los ingresos públicos crecieran más de lo que hoy es previsible, dada la evolución decreciente del PIB, del empleo y, especialmente, de la inflación, que ha sido el impuesto que más ha beneficiado los últimos presupuestos, sobre todo, porque no se ha procedido a la deflactación de las tarifas.

Además, sería necesario que la Seguridad Social ajustara su déficit este año al previsto -0,2% del PIB. El problema es que, salvo el Gobierno, el resto de los analistas cuestionan fuertemente esta cifra partiendo de dos hechos: el desfase producido en 2023 y, sobre todo, el impacto en este año de la aprobada reforma de las pensiones, que lleva, según la inmensa mayoría de organismos, a que los gastos (revalorización automática incluida) crezcan más que los ingresos, lo que hace prever un déficit superior al contemplado por el Gobierno.

Ingresos estimados al alza y déficit de la Seguridad Social a la baja hacen suponer que, a finales de año, el déficit se deslizará al alza, yendo más allá del objetivo previsto del 3% de PIB. Si esto ocurriera, y acabara, por ejemplo, en el -3,6% previsto en el último Consenso Funcas, tampoco habría que soplar las trompetas del apocalipsis. Porque la ortodoxia comunitaria se reimplanta de forma progresiva y gradual, así como porque, de momento, no hay tensiones de financiación de la deuda, sino, más bien, una elevada apetencia y confianza de los mercados en nuestro país.

El problema estará en otra parte. De actuar el Gobierno así, estaría jugando a la ruleta rusa presupuestaria, al quedarse sin suficiente margen de maniobra en un año especialmente peligroso para hacerlo. Porque los riesgos geopolíticos mundiales con elevada incidencia negativa sobre la economía son muchos, y podemos vernos abocados a un nuevo shock de costes a lo largo del año que requiera disponer de un colchón presupuestario. Y, por otro lado, porque empezará a desarrollarse la nueva política industrial europea, marcada por la búsqueda de la seguridad y la autonomía en sectores estratégicos, lo que requerirá de unas ayudas públicas suficientes para atraer a la inversión privada en esos productos claves. Y, en ello, se abrirá la competencia entre países comunitarios, por lo que necesitaremos disponer de un importante margen presupuestario si no queremos quedarnos atrás en todas las opciones.

Dos razones de peso para concluir que, de haber Presupuestos para 2024 en el marco de lo ya conocido, me temo que no serían los más adecuados para las exigencias económicas del país, aunque permitieran darle un respiro político a la legislatura. Esperemos a ver esa matemática de la política que son, siempre, los Presupuestos.

Jordi Sevilla es economista

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