La polarización nos puede dejar sin agua
Urge alcanzar un Pacto Nacional del Agua en España que el actual enfrentamiento partidista hace impracticable, a pesar del perjuicio que su retraso puede causar al país.
Los expertos llevan tiempo anunciando graves problemas de sequía, sobre todo, en Cataluña y Andalucía, mientras quienes deben tomar decisiones anticipatorias parece que rezaban por una lluvia milagrosa que no ha llegado. Esta pasividad no es nueva. Hace años que los científicos anticipan un déficit estructural de agua dulce en el planeta como una de las consecuencias del imparable cambio climático, pero seguimos sin adoptar medidas a la altura del desafío del que la actual sequía es solo un episodio.
Mientras la crisis ecológica y la escasez crónica de agua dulce ha sido señalado este año como el riesgo principal para 2024 en el Informe de Davos, seguimos en España con una visión y unas estructuras decimonónicas de gestión del agua, con una atomización competencial que impide la anticipación de decisiones para prevenir tan grave problema, que ha llegado para quedarse. Y somos objeto de multas europeas por no invertir lo suficiente en depuración de aguas residuales.
La pasada semana en el Congreso nacional de ingeniería civil se denunciaron tres hechos: las fuertes necesidades de inversión en los 250.000 km que tienen las redes de abastecimiento urbano de agua en España y los 200.000 Km de alcantarillas, todas ellas “llenas de agujeros” por su antigüedad y falta de mantenimiento, lo que provoca importantes pérdidas. La dificultad de hacerlo de forma ordenada y utilizando, por ejemplo, los fondos Next Generation, dada la “atomización en la gobernanza” que depende de las decisiones de 8000 municipios. Y, en tercer lugar, el problema político que plantea a esos ayuntamientos que deben financiar las obras de mejoras con las tarifas que cobran a los usuarios/votantes, según el sentido común y las directivas comunitarias, lo que, con la actual polarización política, puede tener repercusiones electorales negativas.
Y esto es solo la punta del iceberg de los problemas que plantea una polarización política que impide abordar la reforma radical de las antiguas concepciones sobre el agua y de una estructura anticuada de su gestión, que solo se puede hacer por grandes consensos de Estado, aunque no hacerlo nos deje con evidentes deficiencias institucionales para abordar un problema del siglo XXI tan importante como el acceso al agua.
Lo primero a reconsiderar es la vieja idea de que la sequía es excepcional, que en España hay agua dulce suficiente, solo que está mal repartida por cuencas, por lo que solo se necesita un adecuado plan nacional de transvases y pantanos para repartir un bien que es de todos, o sea, (casi) gratuito. Esto, que fue verdad hace décadas, ha dejado de serlo y lo será todavía más en un futuro, cuando la temperatura media del planeta sube más de 1,5ºC. Según la FAO, en 2050 el agua dulce disponible solo podrá satisfacer en torno al 60% de las necesidades previstas.
España está en una de las zonas de mayor riesgo de sequía crónica y desertificación del planeta. El balance entre precipitaciones y evapotranspiración se ha ido reduciendo en los últimos diez años, lo que se refleja en el descenso sistemático del agua embalsada, incrementando el denominado estrés hídrico, porque el consumo ha crecido por el incremento en la población, el turismo y, sobre todo, el aumento del regadío agrícola, cuya eficiencia ha ido mejorando de manera apreciable a pesar de que se mantiene todavía demasiada superficie regada por gravedad.
Por tanto, el nuevo paradigma debe de ser: no hay, ni va a haber agua dulce suficiente, ¿Cómo gestionamos este hecho? Recordemos algunos datos básicos: el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua. El 97,5% del agua existente es salada y el 2,5% restante es agua dulce. En España, el 68% del agua utilizada lo es en agricultura. Y, ahora debemos incorporar los nuevos usos del agua, como la generación de hidrógeno verde o refrigeración de los centros de datos.
Con esto en mente, la respuesta parece obvia: incrementar la cantidad disponible mediante desalación, transvases puntuales, reutilización/regeneración, tanques para recoger lluvias torrenciales en aumento y reducir el consumo mediante plan de inversión para eliminar pérdidas en regadíos e infraestructuras, mejora en la eficiencia del uso y subida del precio del agua, hoy de las más baratas de Europa. Hasta, como mínimo, que financie el coste de las infraestructuras necesarias para su disponibilidad al consumidor, como indica la directiva.
En el siglo XXI, el agua se ha convertido en un recurso estratégico escaso cuya gestión debe abordarse desde un ámbito nacional, respetando las directrices comunitarias y las recomendaciones de la ONU. Hay que invertir mucho más que hasta ahora en infraestructuras de redes (nuevas y renovación), depuradoras, desaladoras e investigación, tanto para ciclo urbano como, sobre todo, para uso agrícola. La creación de un Fondo Nacional del Agua, como se propone en un reciente informe de FACSA, empresa centenaria del sector, puede ser una solución sensata. Igual que hace falta un marco tarifario nacional único, que ayude a incentivar el ahorro y la eficiencia, así como que el sistema de las Confederaciones Hidrográficas de Cuenca, creadas en 1926, necesita una repensada para su adaptación al nuevo paradigma de gestión del recurso.
Si hablamos de un recurso estratégico para España y escaso, parece razonable encargar de su gestión a una Agencia del Agua, que, con participación de las comunidades autónomas y del sector privado, se encargue de aplicar las líneas políticas definidas y acordadas en un imprescindible Pacto Nacional por el Agua, del que puede servir de ejemplo el acuerdo alcanzado finalmente, sobre Doñana o para llevar este verano, en barcos, a Barcelona, agua desalada en Sagunto.
Y aquí es donde el actual momento de polarización partidista, trasladada también a las instituciones de todos, impide que una propuesta urgente y necesaria como esta, se pueda llevar a la práctica, a pesar del perjuicio que este retraso puede causar al país. Pero insistamos. Porque las decisiones se han de tomar ya y el interés partidista no puede estar por delante del interés general, ¿verdad? Pues eso.
Jordi Sevilla es economista
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