Cordial desacuerdo ante un alza del SMI proporcionada
Tanto empresarios como Gobierno tenían incentivos para escenificar un desencuentro que no es tan profundo
El Gobierno ha activado sin contar con los empresarios la subida del salario mínimo interprofesional, un 5% para 2024. Quedará en 1.134 euros con 14 pagas, frente a los 735,9 de cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, un 54% más. La subida se aplica a resultas de un pacto del Gobierno con los sindicatos del que se ha descolgado la patronal.
La revalorización no es tan abultada, dado el contexto inflacionista: de hecho, los convenios firmados el año pasado marcaron una subida media del 4,1%, apenas nueve décimas menos que la del SMI. El acuerdo marco de negociación colectiva pactado por sindicatos y patronal, por su parte, estableció un alza del 4% para 2023 y del 3% para 2024. Las cantidades no están tan alejadas, y de hecho las quejas de los empresarios van por otro lado, y bajo una argumentación razonable desde su punto de vista: la indexación a la inflación de los contratos públicos, además de rebajar la subida del SMI al 4,5%.
No por repetir mucho las bondades del diálogo social quedan estas diluidas. El mejor escenario para la economía y para el país en su conjunto es que sindicatos y patronal pacten, bajo el amparo del Gobierno, las medidas de mayor calado para el mercado laboral: la predictibilidad y la paz social son críticas, tanto para el día a día de empleadores y empleados como, en particular, para los inversores. La subida del SMI en años anteriores ha coincidido con una fortísima expansión de la afiliación, lo que sugiere que los temidos efectos negativos del alza del salario mínimo no son tan intensos en la escala actual, son manejables y se compensan con la mayor capacidad de consumo de los hogares. Y la subida casi paralela de salarios en convenio y SMI está en línea con el objetivo de que este sea el 60% del salario medio.
Diálogo social, en todo caso, es distinto de unanimidad. El Gobierno tiene potestad para fijar el SMI a espaldas de los empresarios, y estos todo el derecho a descolgarse. Ninguna de las dos posturas cabe calificar de chantaje: cada uno se debe a los suyos y CEOE quiere negociar otros aspectos. De hecho, la idea de diálogo social va más allá de una reunión puntual; cualquier negociación es un proceso repetitivo, y en este punto, tanto empresarios como Gobierno tenían incentivos para escenificar un desacuerdo que no es tan profundo. Afortunadamente, la polarización política no ha llegado al diálogo social (de ahí que las posiciones no sean maximalistas), pero las tres patas del diálogo son conscientes de que, en determinados contextos, puede ser mejor quedarse fuera de la foto.
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