Al nuevo ministro de Economía
O cambiamos las reglas de juego, o España se convertirá un Estado más extractivo que generador de riqueza colectiva
Querido ministro y presidente de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos:
El principal freno a la inversión en España lo representan hoy unas administraciones anquilosadas y una normativa viejuna. Lo cual es especialmente grave en un año en que veremos una desaceleración del crecimiento, lo que debería animar a una acción pública pro-inversión privada, sobre todo, cuando empezará la consolidación fiscal y una bajada de intereses que la hará más atractiva.
En los últimos años, se han lanzado planes europeos muy interesantes para fomentar la inversión, sobre todo, en renovables, next generación y vivienda. Iniciativas que, en España, se han quedado a medio gas por empeñarse el Gobierno en hacerlas pasar por el tamiz de una normativa inadecuada para la magnitud y urgencia del desafío y unas administraciones deterioradas y desmotivadas.
Tardar tres años en convertir suelo en urbanizable y empezar las obras, cuando la construcción de viviendas, incluidas las sociales, es condición imprescindible para ayudar a resolver el bochornoso problema del pisito que tienen hoy los jóvenes (como en la película con guion de Azcona de 1959); necesitar dos años de tramitación para un parque de renovables o una planta de biogás que, al final, pueden quedar bloqueados por un concejal, además de no estar coordinado este proceso con el necesario permiso de conexión a la red eléctrica, o empeñarse en embutir los next generation en la ya obsoleta ley de contratos del Estado, lo que acaba en que más de la mitad de los mismos se adjudican al propio Estado en sustitución de los Presupuestos Generales, son tres ejemplos de cómo nuestro aparato administrativo y normativo no se ha adecuado a las necesidades de una fuerte y novedosa oleada de inversión.
En la reciente campaña electoral, el hoy presidente Sánchez reconoció que el problema de vivienda era una escasez de oferta, sobre todo, de vivienda social y se comprometió a construir decenas de miles. Desde la burbuja inmobiliaria, el sector se ha reconvertido en medio de grandes quiebras. Del disparate de 500.000 viviendas al año, hemos pasado a las escasas 100.000, en un país donde se crean el doble de hogares al año. Agilizar la construcción de vivienda, libre y social, repercutirá en el empleo, ayudará a distender los precios y reactivará la economía. Pero difícilmente se hará si no cambiamos los procedimientos y los tiempos, sobre todo porque la inversión hoy procede de fondos de inversión que no apostarán por algo tan incierto y tan a largo plazo como es, actualmente, dicho proceso.
Lo mismo ocurre con las inversiones en renovables o economía circular, que solo se incrementarán hasta alcanzar los elevados niveles dibujados en el nuevo plan del Gobierno, si se revisa el proceso de autorizaciones, se acortan plazos y se somete a una norma estatal de carácter básico, dada la importancia estratégica que tiene acelerar la lucha contra el cambio climático, ganando autonomía energética.
El cambio en la ley de contratos del Estado es un clamor. La patronal de las empresas de construcción viene exigiendo retomar la revisión de precios, suspendida en 2015, para incorporar las subidas de costes. Petición a la que se unen las empresas de prestación de servicios y todos, piden una reducción de la burocracia y de los plazos. Hablamos, en conjunto, de mucha inversión privada movilizada, o no, por el Estado y pendiente de una actualización de la norma para hacer compatible la prevención de la corrupción (que la ha habido) y el cuidado medioambiental, con la agilidad y simplicidad requeridas en el siglo XXI.
Tampoco podemos seguir teorizando sobre el nuevo Estado emprendedor y la compra pública innovadora para acabar manteniendo un sistema de adjudicación al precio más bajo que, además, no es fácil revisar ni ante situaciones excepcionales, como un fuerte aumento de los costes energéticos (en las adjudicaciones de prestación de servicios sigue prohibido). La cantidad creciente de concursos públicos que se están quedando desiertos y las quejas unánimes de los empresarios al respecto, debería servir de toque de atención sobre la necesidad de una nueva ley de contratos del Estado capaz de incentivar, de verdad, la inversión privada innovadora y de promover la inversión empresarial en I+D+i.
Una normativa que se ha quedado anticuada, junto a unas administraciones con procedimientos obsoletos, descoordinadas en sus tres niveles (central, autonómico, local) y sin establecer la necesaria jerarquía reguladora, de arriba abajo, en este tipo de proyectos, así como el no llevar a la contratación las prioridades, en tiempo y en condiciones, de las nuevas inversiones decididas como prioritarias por el Gobierno y por Bruselas, nos deja un sabor agridulce: en los ámbitos citados ha crecido la inversión, pero lejos de lo necesario y de lo posible.
Estamos desaprovechando una oportunidad por la dejadez pública en asuntos de su exclusiva competencia. Y en un año más flojo, como 2024, no podemos seguir así, aunque sean actuaciones de pura gestión eficaz de los recursos, con menos brillo mediático y electoral. Sobre todo, si, como parece con la decisión en Indra y la anunciada en Telefónica, empezamos a desplegar el nuevo estado industrial al que se ha apuntado ya tanto la UE, como EE UU. O cambiamos sus reglas de juego, o será un Estado más extractivo, que generador de riqueza colectiva.
Ministro, en tu toma de posesión expusiste tu caso, que compartimos muchos, de cómo con esfuerzo familiar y personal se ha podido progresar socialmente cuando funcionaba el ascensor social en España. Hoy, ese ascensor está averiado, según demuestran todos los estudios, sin que el Gobierno se haya sentido impelido a actuar, pese a ser una de las señas de identidad clave de la socialdemocracia por reforzar la cohesión social y reducir desigualdades heredadas. Pero de eso, hablaremos en otra ocasión. En fin, ministro, tienes trabajo, del que no gusta hacer, pero es imprescindible para el país. Felicidades y nunca olvides que eres, sobre todo, empleado público.
Jordi Sevilla es economista
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