Ejecución de fondos Next: la elección entre más Estado o más mercado
Los recursos se han quedado muchas veces en el campo de la Administración, que ha preferido utilizar sus propias empresas
La ejecución presupuestaria del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia nutrido por los fondos Next Generation, aprobado por el Gobierno de España en abril de 2021, ha supuesto el mayor reto inversor para la Administración española desde nuestra incorporación a la UE. El Gobierno se comprometió a movilizar ya a finales del ejercicio presupuestario de 2023 un total próximo a 70.000 millones de euros, con una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (40,29%) y digital (29,58%), y una apuesta clara por la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio nacional.
Son conocidas las dificultades y tensiones de gestión que este marco inversor ha provocado en todas las Administraciones llamadas a ejecutar los fondos. La dificultad de detectar y generar proyectos que realmente converjan con los objetivos del plan, los cuellos de botella de nuestra excesiva burocracia, los altos requerimientos de justificación de las inversiones por parte de la UE, o los problemas para generar convergencias con el mercado son algunas de las razones que han impedido derivar buena parte de los recursos financieros directamente al mercado, que es lo que –no se olvide– se quiere transformar y modernizar.
Los recursos financieros se han quedado muchas veces en las redes de la propia Administración, que ha preferido encargar directamente a sus medios propios la ejecución de buena parte de los fondos. Por esta vía son las empresas públicas, en detrimento del mercado, las que reciben la financiación para actuar como motor del cambio.
Solo en el ejercicio pasado, los dos medios propios más grandes de la Administración del Estado, el Grupo Tragsa y la ingeniería Ineco, crecieron en torno a un 30% más de facturación respecto del ejercicio anterior, unos 660 millones de euros más por la vía de los encargos orientados a la ejecución de políticas del Plan de Transformación y Resiliencia. En este ejercicio que termina, las cifras de esas empresas apuntan nuevos récords. El Grupo Tragsa alcanzó en 2022 una cifra de negocio de 1.313 millones, un 18% más que el ejercicio anterior; y en 2023 preveía aumentar el 5% sólo en los encargos necesarios para la ejecución de programas del Plan de Recuperación en el ámbito ambiental y de transición energética. Por su parte, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que agrupa a algunas de las empresas públicas más potentes del Estado más beneficiadas por los Fondos Next, prevé obtener en 2023 un beneficio de 120 millones de euros y elevar un 10% su cifra de negocio, hasta los 5.757 millones de euros.
Los encargos a las empresas públicas para la ejecución de los fondos Next capturan las inversiones dirigidas al mercado privado y lo precarizan por la vía de la subcontratación a la baja a las que las empresas públicas tienen que recurrir para ejecutar los proyectos. Pero el verdadero problema es que la excesiva retención de los fondos en las empresas públicas merma los objetivos primarios del Mecanismo europeo de Recuperación, que deben dirigirse a la transformación y modernización estructural de nuestros mercados productivos. Y es que, como proclama el Reglamento del Parlamento y del Consejo de 12 de febrero de 2021, que estableció el Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia, el principal destinatario de estos fondos es el tejido empresarial, para que el mercado interior se oriente a una economía basada en el conocimiento, en la transición energética y en el desarrollo de sectores estratégicos que mejoren la competitividad de la economía europea en orden a conseguir un crecimiento justo, integrador y sostenible, contribuir a la creación de empleo y alcanzar la neutralidad climática.
La adenda al Plan aprobada por el Gobierno el pasado mes de octubre para el periodo 2024-2027 prevé movilizar más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales y hasta 84.000 millones de euros en préstamos reembolsables, lo que elevaría el conjunto de la ayuda percibida por España a un total de 160.000 millones de euros.
Sería muy de desear que, tras las prisas e improvisaciones de esta primera etapa, seamos capaces de dirigir las inversiones a sus verdaderos destinatarios: el mercado y las precarias estructuras productivas de nuestro país, que son realmente las que han de competir en el escenario europeo e internacional.
Juan Antonio Carrillo Donaire es Catedrático de Derecho Administrativo y Consejero Asesor de SdP Estudio Legal
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