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Análisis
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

2026, fecha para demostrar el compromiso de España con los Next Generation

Las complejidades burocráticas, los requisitos de forma y los cortos plazos están bloqueando proyectos innovadores y estratégicos

Nadia Calviño
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.Eduardo Parra (Europa Press)

Después de meses de negociaciones entre la Comisión Europea de Úrsula von der Leyen y el Gobierno español, Bruselas ha dado luz verde a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que supone la concesión de 93.500 millones adicionales de los fondos europeos Next Generation (83.200 millones en créditos blandos a devolver y 10.300 millones de euros en subvenciones a fondo perdido) que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. Sumados a los 69.500 millones ya aprobados en 2021, el plan español alcanza todo su potencial: 163.000 millones, la segunda mayor dotación por detrás de Italia. La mayor parte del dinero correspondiente a la adenda son créditos (83.500 millones).

También somos el único país que ha recibido hasta ahora tres pagos, en total 37.000 millones, 9.000 en concepto de adelanto y 28.000 en los tres primeros pagos por el cumplimiento de reformas e inversiones.

A pesar de tratarse de una noticia positiva, no se debe olvidar que, en la adenda pactada entre Gobierno Español y Bruselas, hay nuevos compromisos y reformas que deberemos cumplir si queremos recibir finalmente ese desembolso, que debe ejecutarse en su totalidad antes del 31 de agosto de 2026. Para ello, el Ejecutivo se ha comprometido a implementar 17 nuevas reformas y 51 inversiones adicionales.

Entre alguno de esos compromisos, Europa ha solicitado a España que destine más recursos para ejecutar estos fondos y es que, actualmente, estudios independientes señalan que solo en torno a 9.000 millones habrían llegado a la economía real, es decir, el 5,5% de los 37.000 millones de euros que ya ha recibido nuestro país. No obstante, Europa se mantiene optimista dándonos ese voto de confianza ante una trayectoria que nos caracteriza históricamente, ya que importantes cantidades de diferentes fondos europeos han terminado siendo devueltos.

Una evidencia es el caso de los Perte, el vehículo estrella de este plan de recuperación que no acaban de agotar los presupuestos, como, por ejemplo, es el caso del Perte VEC, que ya prevé una tercera convocatoria para tratar de concluir con los fondos asignados. Las complejidades burocráticas, los requisitos de forma y los cortos plazos, están provocando que proyectos tremendamente innovadores y estratégicos en la creación de empleo, no lleguen a ser una realidad.

El Gobierno ha apuntado a que los Perte con menor volumen de financiación serán ejecutados desde los ministerios y estarán finalizados completamente en 2026, pero aquellos con mayores dotaciones se harán mediante la vía de las agencias públicas para ganar tiempo de ejecución. La realidad es que el éxito de estos fondos se medirá atendiendo al dinero que llegue a los sectores que realmente lo necesitan, por su impacto en la economía, el crecimiento y el empleo.

Otro de los compromisos adquiridos reside en la creación de una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. El propio Ejecutivo ha remarcado en numerosas ocasiones que uno de los objetivos prioritarios es posicionar a España como un país puntero en inteligencia artificial (IA), que lidere el uso del español en la inteligencia artificial en todo el mundo. No olvidemos que países como China ya han anunciado su intención de convertirse en líderes mundiales en IA para 2030, y han anunciado iniciativas como el Plan de Acción de Nueva Generación de Inteligencia Artificial, con una inversión de 150.000 millones de dólares para esa fecha.

No obstante, en la adenda enviada a Bruselas, el Gobierno propone dedicar a la inteligencia artificial un 0,1% de esos 84.000 solicitados. De hecho, en el plan denominado como Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, solo se incluía una nueva iniciativa: la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en La Coruña, la cual se financiaría con los Presupuestos Generales de 2022.

Y aunque desde Europa también se están haciendo esfuerzos por posicionarse como líder en IA con iniciativas como la Estrategia de Inteligencia Artificial y la Estrategia de Datos de la Unión Europea, en el caso de España, hasta el momento, cuestiones estratégicas como planes de ayudas económicos y operativos para el impulso de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en IA, la potenciación del talento nacional y la atracción del talento global en este ámbito, así como el desarrollo de plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas y la integración de la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido económico, no se contemplan en esta nueva petición enviada Bruselas, salvo una línea del ICO para que universidades españolas puedan financiar “proyectos de Inteligencia Artificial y Tecnologías del Lenguaje”-.

Confiamos plenamente en que la creación de este nuevo organismo -adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial- que establece la obligación de seleccionar una autoridad nacional de supervisión para controlar la aplicación de la normativa en materia de inteligencia artificial, active y movilice las necesidades del sector, empujando a todos los agentes del ecosistema digital y productivo a trabajar por el desarrollo de esta tecnología y su aplicación.

Hemos de aprender de los errores pasados y, sin duda, nos encontramos ante una nueva oportunidad para que nuestro país acelere su recuperación. Contamos con el apoyo de Europa, que se endeuda por la confianza de nuestra robustez y los últimos datos de nuestra recuperación económica. Contamos también con los recursos, humanos y económicos, suficientes, y con las herramientas públicas y privadas que nos permitirán alcanzar el objetivo fijado para el 2026 en una nueva oportunidad para aplicar las grandes reformas e inversiones que necesita nuestro país, dando, de verdad, la consideración que merece la Innovación para un futuro de progreso y bienestar.

Manuel Mestre es director del área de Ayudas de Ayming España

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