Reducir la jornada laboral en España: ¿bendición, desafío o trampa?
Algo que pasa desapercibido es que las ventajas no se repartirán por igual. En Francia, el empleo cualificado se benefició, pero el precario empeoró su situación
La propuesta del nuevo Gobierno de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas sin disminuir los salarios ha generado un amplio respaldo de la sociedad civil, sindicatos y algunas empresas innovadoras. No obstante, ha suscitado críticas por parte de la patronal y algunos economistas ¿Pero qué sabemos realmente sobre las implicaciones de reducir la jornada laboral? ¿Cómo se adaptaría la medida al contexto español? ¿Existe alternativa en un escenario de cambio tecnológico y crisis climática?
Las condiciones de vida de los trabajadores durante la revolución industrial eran distópicas, como retrata el realismo social desde Zola a Dickens. Desde el siglo XIX, el movimiento obrero ha logrado importantes derechos laborales, entre ellos la reducción de la jornada laboral. España fue el primer país europeo en decretar la jornada de 8 horas tras la masiva Huelga de la Canadiense de 1919, dirigida por la CNT en Barcelona.
Al mismo tiempo, la reducción del tiempo de trabajo ha ido acompañada del desarrollo tecnológico. Dado que la movilización obrera incrementó los costes laborales, una maquinaria cada vez más compleja ha ido sustituyendo a la mano de obra en los procesos de producción industrial. Pero pese a que la tecnología ha continuado desarrollándose de forma exponencial, el tiempo de trabajo se ha estancado en torno a las 40 horas, incluso aumentado recientemente en algunos países. Esto se podría deber a la pérdida de capacidad de representación y negociación de los sindicatos.
Sin embargo, existen múltiples iniciativas privadas y públicas en la historia reciente para reducir la jornada laboral a 35 horas o menos. Estas experiencias proporcionan valiosos datos para enriquecer el debate sobre los efectos de la medida en salud, conciliación, productividad y empleo.
En primer lugar, existe un consenso general en que trabajar menos horas beneficia la salud física y mental, reduce las enfermedades ocupacionales, la ansiedad, el estrés y el riesgo de siniestralidad laboral. El estudio piloto llevado a cabo en Valencia respalda estos hallazgos.
Otro claro beneficio sería la conciliación trabajo-familia y la igualdad entre los sexos. Reducir la jornada diaria (más que las semanas de cuatro días) puede suavizar las brechas causadas por el detrimento de las oportunidades laborales de las mujeres ante un reparto desigual del trabajo de cuidados. La jornada de 40 horas fueron establecidas ante una economía industrial sustentada sobre el trabajo de cuidados no pagado de las mujeres. Esto se revela ahora incompatible con la realidad de mujeres y hombres frustrados en su deseo de combinar su trabajo con formar familias.
El impacto en el empleo y la productividad genera un debate más complejo. Con productividad constante, unas jornadas más cortas crean puestos de trabajo, porque se necesitan más trabajadores para llevar a cabo las mismas tareas. Sin embargo, según ciertos economistas, muchas empresas no tienen beneficios suficientes para contratar esos trabajadores adicionales, por lo que la medida afectaría negativamente al empleo. Este pesimismo respecto a la capacidad empresarial contrasta con los informes del FMI y del Banco de España, que señalan que los beneficios empresariales han aumentado por encima de los salarios desde la pandemia. Si esto es así, la medida sería otra manera de compensar la caída de los salarios reales.
Aunque las empresas tengan los recursos económicos para repartir el trabajo, esta tarea se ve dificultada por cuestiones como la sustitución imperfecta, la indivisibilidad de ciertas tareas y los costes fijos por trabajador. No es fácil sustituir a una persona por otra en tareas especializadas ni retomar una tarea donde otra persona la ha interrumpido. Por lo tanto, la clave de la medida reside en que las empresas se reorganicen para depender menos de jornadas laborales extensas. Muchas son capaces de hacerlo incluso por iniciativa propia. En un experimento en Reino Unido, en el que 61 empresas redujeron sus jornadas a 32 horas, las bajas laborales disminuyeron un 65% mientras que los beneficios empresariales crecían un 1,4%.
Por otra parte, numerosos estudios sugieren que trabajar menos horas reduce el agotamiento y aumenta la motivación, aumentando la productividad. No obstante, el factor de la productividad tiene doble filo. Si la reducción de jornada se compensa completamente con ganancias en productividad, el coste para las empresas sería nulo, pero también lo sería su efecto sobre creación de empleo. Además, esta mayor productividad puede ser en realidad el fruto de una intensificación del trabajo. Las ganancias en calidad de vida serían dudosas si tendemos hacia jornadas cortas, pero frenéticas para producir lo mismo en menos horas. Lo ideal es que ante menos horas de trabajo la producción total disminuya ligeramente, generando empleo a través de la reinversión de los beneficios empresariales.
A menudo las críticas se centran en ciertos sectores que dependen de la disponibilidad de su fuerza laboral. Esto es importante en un país con gran proporción de pymes y un gran sector hostelero, por lo que habría que asistir a esas empresas para introducir esos cambios organizativos. Sin embargo, más empleo y tiempo libre también afectaría positivamente al consumo, especialmente en hostelería.
Algo que pasa a menudo desapercibido es que los potenciales beneficios no se repartirían igual por ocupaciones. Cuando Francia redujo la jornada a 35 horas semanales en 2002 de forma flexible, muchos profesionales cualificados acumularon días de vacaciones, mientras que los trabajadores más precarios se vieron sometidos a jornadas más impredecibles, atípicas e intensas.
En el caso español, un 11,9% de los empleados, incluyendo funcionarios, ya se rige por un convenio de 37,5 horas o menos. Pese a que la medida afectaría al 88% restante, son sobre todo los trabajadores agrícolas e industriales, con medias superiores a las de nuestro entorno, los que se verían beneficiados. Así, la medida puede lograr por iniciativa gubernamental una tarea que históricamente ha recaído sobre los sindicatos, compensando su pérdida de poder de negociación de forma similar al salario mínimo. Sin embargo, también podría sumarse a la lista derechos laborales incumplidos en ciertas ocupaciones vulnerables si no se vigila su implementación con inspección laboral.
A largo plazo, reducir la jornada laboral de forma más allá de lo propuesto por el Gobierno puede ser una manera de confrontar las profundas transformaciones que nos atraviesan. Por una parte, la intensificación del desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial tiene el potencial real de sustituir muchos empleos. Si las empresas son capaces de mantener oferta y beneficios con menos trabajadores, tendremos un problema de desempleo y pobreza. En ese caso, repartir el trabajo disponible se convertiría una alternativa a medidas redistributivas como las rentas garantizadas. Debemos plantearnos si el tiempo que ganamos gracias a las nuevas tecnologías debe reinvertirse en trabajar y producir más o en ganar tiempo de vida y disfrute. No parece haber elección si tenemos en cuenta que es imposible crecer de manera infinita en un planeta de recursos finitos.
Manuel Alvariño Vázquez es investigador doctoral en el Instituto Universitario Europeo (Florencia) y colaborador de Agenda Pública
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