La nacionalización del ahorro privado y la guerra bancaria por capturarlo
La reducción a mínimos del incentivo fiscal a los fondos de pensiones individuales traslada los estímulos a la banca
La banca se acerca al éxtasis en su campaña anual de promoción de los fondos de pensiones, con incentivos jugosos por los traspasos de los saldos ya capitalizados y como alternativa a la práctica eliminación de los estímulos fiscales operada por el Gobierno en los últimos años. Una decisión que ha estancado las aportaciones a los fondos de quienes ya los tenía contratados y ha expulsado definitivamente a los nuevos partícipes, en una operación de castigo al ahorro privado en una de las economías que más precisa de su acumulación por su creciente déficit de capitalización.
El Gobierno del PSOE y Podemos redujo en 2021 y 2022 drásticamente los incentivos fiscales a los fondos de pensiones individuales. En 2021 limitó la aportación anual deducible en la base imposible del impuesto sobre la Renta (IRPF) a los 2.000 euros desde los 8.000 previos, y en 2022 cercenó tal aportación liberada de impuestos hasta los 1.500 euros anuales, por considerar que había un coste fiscal muy elevado y que las aportaciones se concentraban en los percentiles más elevados de la renta. Esta decisión, avalada técnicamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), tenía un intencionado sesgo ideológico y contradecía otra tomada en paralelo que mantenía en los 8.000 euros anuales la aportación libre de IRPF si se hacía a fondos de empleo de carácter colectivo. Lo que parecía malo para los individuos es decididamente bueno para los individuos si lo hacen colectivamente.
Tales fondos de empleo existen desde la noche de los tiempos, desde el siglo pasado, desde la misma fecha que los individuales, pero no han tenido éxito porque precisan de la complicidad financiera de las empresas en su creación y su capitalización. Para subsanar tal defecto, la reforma del sistema de pensiones del Gobierno llevaba aparejada la creación de hasta quince fondos de iniciativa pública, aunque de gestión privada, para que las empresas y sus trabajadores que lo deseasen se acogiesen a la fórmula para disponer de ahorro futuro complementario a la Seguridad Social.
Pero empresas y trabajadores siguen a la espera de que arranquen tales instituciones en esta especie de nacionalización del ahorro privado, mientras que ya se acumulan tres ejercicios en los que las aportaciones a fondos individuales son severamente limitados. Si la herramienta pretendía reducir la presión sobre el sistema público de pensiones, que tal es la naturaleza de tales instrumentos financieros, de momento no hay noticias de ello por incomparecencia.
Está por ver qué penetración tendrán cuando estén plenamente habilitados, aunque los vehículos de inspiración pública creados para los autónomos pueden servir de ejemplo del éxito o del fracaso: solo han captado siete millones de euros en todo el año y pese a contar con estímulos fiscales a plenitud. Pero la disposición de las empresas nunca ha sido activa en esta materia, excepción hecha de las grandes corporaciones. La inmensa mayoría del tejido societario son pequeñas y medianas empresas, y acometer un nuevo compromiso perenne que supone un coste adicional se antoja complicado. A las fuertes subidas de los costes laborales, de materias primas y financieros de los últimos años, se uniría una factura más, aunque generaría un alivio fiscal en Sociedades. Veremos.
Hasta le fecha únicamente hay alojados en fondos de pensiones de empleo 35.000 millones de euros, la misma cantidad que hace un lustro, con dos millones de partícipes, y está por ver el incremento de la capitalización vía aportaciones cuando arranquen los fondos de titularidad pública. De hecho, los trabajadores con aportaciones a fondos de empleo, según datos de Inverco, ha descendido en los últimos años desde los 2,18 millones de 2011.
Pero la evolución es similar a la de los individuales, estancados tanto en ahorro como en partícipes, pero de manera muy intensa desde la jibarización del incentivo fiscal. Ahora solo un 16% de los ciudadanos hacen aportaciones, aunque el número de partícipes en fondos gestionados en España supera los 7,34 millones, (hay partícipes duplicados y triplicados, puesto que pueden disponer de uno, dos, tres o más fondos).
En todo caso, esta cifra alcanzó los 8,64 millones en 2008, antes de la crisis financiera, un fenómeno que paralizó el proceso de capitalización por la reducción de la capacidad de ahorro y por la desconfianza hacia el sistema financiero. El colectivo agregado de partícipes (sistema individual y de empleo) es de 9,46 millones, pero acumula ya nada menos que doce años consecutivos de descenso paulatino desde los 10,83 millones de 2010.
El ahorro acumulado en instrumentos individuales era a septiembre de 81.427 millones de euros, cantidad alrededor de la que se mueve en los últimos cinco años, más al hilo de la revalorización o devaluación de los activos en cartera que a las aportaciones o reembolsos. En los nueve primeros meses del año las aportaciones individuales han sido de 1.005 millones (y otros 766 a fondos de empleo), mientras que las prestaciones pagadas llegan a los 2.856 millones de euros, con una aportación neta negativa de 1.076 millones.
Un simple ejercicio matemático sirve para dar una idea de la pobre fortaleza del ahorro en este tipo de instrumentos, sobre los que la industria no deja de reclamar mejoras en los incentivos fiscales, herramientas que a fin de cuentas están generalizadas en otros países y que han logrado construir un mecanismo de protección complementaria muy consistente. En España, cada uno de esos 7,34 millones de partícipes tiene disponible si su jubilación se produjese ahora unos 11.000 euros. Una cantidad que periodificada en los 20 años largos que tendría aún de esperanza de vida, le proporcionaría un complemento de pensión de 554 euros al año, o la friolera de 46,2 euros al mes.
En fin: en ausencia de estímulos públicos, la banca está desatada en una carrera de premios por capturar fondos de otras entidades, con ofertas nunca antes comercializadas. Los pagos oscilan entre el 3% de ING al 7% de Ibercaja, pasando por el 4% de CaixaBank y BBVA o el 6% de Santander, Sabadell o Bankinter, aunque siempre condicionados a un compromiso de permanencia de una serie de años, con el límite de diez que permite el rescate del ahorro, y para una cantidad también limitada de traspaso.
José Antonio Vega es periodista
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