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ELECCIONES GENERALES 23J
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Los deberes que tenemos por delante en política energética

El principal objetivo de la legislatura es avanzar en descarbonización y hacerlo con una transición justa

Imagen de archivo de paneles de energía solar.
Imagen de archivo de paneles de energía solar.

La política energética, hasta hace poco relegada a un segundo plano frente a problemas más acuciantes como los altos niveles de desempleo, el acceso a la vivienda o la sanidad está ganando posiciones entras las preocupaciones de los españoles. Antes se percibía como una cuestión técnica y distante; esencial, sí, pero con poco impacto en nuestro día a día. Sin embargo, con la escalada de los precios energéticos iniciada en 2021 y agravada el pasado año tras la invasión de Ucrania, esta percepción ha cambiado drásticamente. Tanto es así que entre marzo y julio de 2022 la subida de las tarifas energéticas se coló entre los diez principales problemas del país, según el Barómetro mensual del CIS.

A esto se suma que ahora somos mucho más conscientes del cambio climático, sus consecuencias y su inherente relación con la energía que consumimos. Según el Informe Tendencias 2023 realizado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), para un 91,5% de los ciudadanos la principal preocupación en materia energética es combatir el cambio climático, seguida de cerca por la contaminación producida por las fuentes energéticas.

Todo ello ha convertido la energía en un tema central, tal y como hemos visto durante la campaña electoral, transformándola en una prioridad ineludible para la próxima legislatura. El principal objetivo que debería guiar la política energética en los próximos años se desdobla en dos: avanzar en la descarbonización, y hacerlo asegurando que esa transición sea justa.

Y el primer paso lógico es consolidar el liderazgo de España en energías renovables y adaptar el sistema eléctrico a la realidad de un mix energético descarbonizado, con mayor generación distribuida y una demanda creciente. A tal efecto debemos seguir fomentando la inversión en energías renovables, pero también en las soluciones de flexibilidad, como el almacenamiento, la capacidad de reserva o la participación activa de la demanda. Para ello, es importante establecer mecanismos que permitan a los inversores recuperar los costes fijos a largo plazo, pero que al mismo tiempo envíen las señales adecuadas a través de los precios para asegurar una operación eficiente. En paralelo, debemos reforzar y transformar las redes de distribución y su operación para adaptarlas a la progresiva integración de tecnologías renovables, caracterizadas por su dificultad para ser gestionadas, con picos de producción que pueden no corresponder con los de demanda, y una generación de energía potencialmente mucho más descentralizada, algo que podrá aprovecharse más en la medida en que logremos reducir las barreras y trabas que aún existen al desarrollo del autoconsumo colectivo.

El otro componente central de esa transformación es desarrollar interconexiones hacia el resto del continente. Precisamente, la Comisión Europea advertía el pasado mayo de las restricciones de capacidad de la red y el bajo nivel de interconexiones. Abordar ambas cuestiones es crucial para aprovechar el potencial renovable del país.

La infraestructura física solo es la mitad de la historia. En el plano socioeconómico, la fiscalidad energética y medioambiental es el instrumento más eficaz para transmitir incentivos y generar cambios de comportamiento que permitan reducir nuestras emisiones. Así, para fomentar la inversión en equipamientos que permitan alcanzar un mayor grado de electrificación, como los vehículos eléctricos o las bombas de calor, debemos evitar gravar de forma excesiva la electricidad. En concreto, siguiendo las recomendaciones del Libro blanco sobre la reforma tributaria, habría que suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica (IVPEE) y reducir el impuesto especial sobre la electricidad (IEE). En cambio, para desincentivar el uso de los combustibles fósiles habría que aumentar la fiscalidad de los carburantes de automoción, que se sitúa muy por debajo de la media europea. Sin embargo, este incremento, aunque necesario, puede tener efectos distributivos no deseados perjudicando en mayor medida a los más vulnerables. Es más, dada la alta visibilidad para los contribuyentes de estos impuestos, puede enfrentarse a un fuerte rechazo por parte de la población. Así, es necesario sostener un enfoque equilibrado, complementando esta medida con un esquema de compensaciones con el objetivo de reducir su impacto social y acercar estos impuestos a la neutralidad en ingresos. Estas compensaciones se podrían integrar dentro de la declaración de la renta y deberían ser independientes del nivel de ingresos, de tal forma que los hogares con menor consumo energético, generalmente los de menores recursos, se beneficien más que aquellos con mayor consumo.

Para completar el equilibrio en la dimensión socioeconómica, es fundamental abordar de forma mucho más eficaz la pobreza energética. Aunque es un problema estructural desde hace más de una década, ha aumentado significativamente tras la reciente crisis energética. Pese a los intentos por mejorar la accesibilidad de los bonos eléctrico y térmico, siguen existiendo importantes barreras burocráticas para solicitarlos. Es más, tal y como están diseñados, a menudo no llegan a quienes realmente los necesitan, pero sí a familias de renta alta. Alternativamente, sería mucho más efectivo un sistema de transferencias directas, de concesión automática, a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad dependiendo de su situación personal y su provincia de residencia. Esto permitiría, además, respetar la señal de precios de los productos energéticos fomentando un consumo eficiente.

Promoción de energías renovables, inversión en soluciones de flexibilidad, adaptación de las redes de distribución, desarrollo de interconexiones, simplificación del autoconsumo colectivo, reforma de la fiscalidad energética y medioambiental, y aplicación de un sistema de transferencias directas para abordar la pobreza energética. Esta es la lista de partida, a la que se le puede añadir la mejora de la eficiencia energética de los edificios o acelerar la descarbonización del transporte. Queda a disposición de nuestros nuevos representantes para atender a las, ahora sí, sostenidas demandas ciudadanas en el ámbito energético.

Natalia Collado Van-Baumberghen es economista investigadora en EsadeEcPol


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