La UE debe aclarar los costes de la transición ecológica
Los gobiernos europeos no han sido transparentes sobre los sacrificios de la descarbonización
Europa está poniendo a prueba si los gobiernos débiles pueden promulgar políticas fuertes. Se ha fijado el firme objetivo de reducir las emisiones de carbono al menos un 55% para finales de la década, antes de llegar a ser neutra en carbono en 2050. Los gobiernos de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en la estrategia, pero tienden a pasar por alto los costes económicos a corto plazo de la transición ecológica. Si no se sinceran ante la opinión pública y explican cómo se repartirán esos costes, pueden enfrentarse a protestas populistas paralizantes que comprometan sus objetivos finales.
Economistas y científicos coinciden en que la carrera del planeta hacia las cero emisiones netas de carbono llevará al mundo a un crecimiento mayor y más sostenible. Sin embargo, difieren sobre los costes a corto plazo generados por la aceleración del cambio y la necesidad de hacer para 2030 lo que los gobiernos no hicieron durante décadas.
El economista francés Jean Pisani-Ferry ha comparado el impacto de la transición ecológica con las fuertes subidas de los precios del petróleo en los años setenta. La lucha contra el cambio climático, afirma, equivale a poner precio a un recurso –en este caso, un clima estable– que durante demasiado tiempo fue gratuito. Pero, a diferencia de anteriores crisis provocadas por la inestabilidad geopolítica o las guerras comerciales, la transición ecológica ha sido iniciada y gestionada por los gobiernos, y financiada en gran medida por ellos.
La inacción del pasado ha aumentado la factura. Según las estimaciones de la Comisión Europea, la inversión adicional necesaria en el sector energético de la UE en 2021-2030, en comparación con la década anterior, oscilaría entre 260.000 y 380.000 millones de euros, es decir, entre el 1,5% y el 1,8% del PIB.
La velocidad de la transición también repercutirá en el crecimiento y la inflación. Si las inversiones verdes sustituyen a otros tipos de inversiones más rentables podrían tener un impacto negativo en el crecimiento. Esto se debe a que las inversiones destinadas a reducir el consumo de combustibles fósiles no aumentan por sí solas la productividad a corto plazo.
Además, como señala la Agencia Internacional de la Energía, la caída de las inversiones en energía procedente de combustibles fósiles aún no se ha visto correspondida por una mayor inversión en energías renovables, cosa que podría ejercer más presión sobre el crecimiento. Los precios y la demanda tardarán algún tiempo en ajustarse por ello. En términos más generales, los mercados de bienes y de trabajo se verán afectados negativamente en la próxima década por los rápidos ajustes que exige el objetivo de emisiones cero. Algunos trabajadores perderán su empleo, mientras que algunas industrias no encontrarán trabajadores cualificados. Esto aumenta la probabilidad de que la inflación se mantenga por encima de los niveles registrados en las décadas anteriores a la pandemia.
La transición ecológica también amenaza con provocar un importante aumento de las desigualdades si los Gobiernos descuidan las rentas más bajas. En Francia, por ejemplo, según un reciente estudio de Pisani-Ferry y Selma Mahfouz, el coste de sustituir un coche de combustión y una caldera de gas por un vehículo eléctrico y una bomba de calor equivaldría aproximadamente a dos años de ingresos para el 20% de la población que se encuentra en la parte baja de la escala de ingresos.
Los gobiernos tendrán que idear incentivos y subsidios específicos para evitar penalizar a quienes ya han sufrido desproporcionadamente el impacto económico de Covid-19 y dos años de inflación elevada.
Pero los presupuestos estatales también se resentirán, lo que dificultará la financiación de cualquier intervención pública. Los ingresos fiscales disminuirán, ante la menor recaudación de impuestos sobre el combustible y la gasolina. En el Reino Unido, por ejemplo, esa parte de los ingresos fiscales, que ahora asciende al 1,2% del PIB, se reducirá a la mitad en 2030 y desaparecerá en 2050, según la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria.
Estos choques a corto plazo podrían ser absorbidos en nombre de los beneficios a largo plazo por gobiernos políticamente fuertes, financieramente seguros y dispuestos a advertir sobre los sacrificios que se avecinan y asegurarse de que se reparten equitativamente. Pero las tres formas de financiar la transición –impuestos, recortes del gasto o más deuda– son problemáticas en Europa. Francia e Italia, con niveles respectivos de deuda con respecto al PIB del 112% y el 144%, difícilmente pueden endeudarse más. El Reino Unido, con una de las cargas fiscales más bajas de Europa, podría plantearse aumentar la contribución de las empresas o de las rentas más altas, aunque es poco probable ante la oposición política. Alemania parece el país más capacitado para permitirse la transición ecológica, pero se está topando con una feroz oposición. Un proyecto de ley para obligar a las nuevas calefacciones a funcionar con un 65% de energías renovables a partir de 2025 – que equivale a prohibir las calderas de gas– podría no salir adelante en el Parlamento.
El domingo, Paolo Gentiloni, comisario de economía de la UE, declaró al Financial Times que Europa tendrá que financiar su propia transición ecológica industrial. Sin embargo, mientras renuevan sus promesas de cumplir el Acuerdo de París para alcanzar el objetivo de emisiones netas cero en 2050, los políticos europeos siguen eludiendo la cuestión de cómo podrán financiarlo.
Al contrario, parecen descartar, por razones políticas, la mayoría de las formas de financiar sus planes. El ministro de Hacienda francés, Bruno Le Maire, sigue fingiendo que no tendrá que subir los impuestos para financiar la transición ecológica, y rechazó la propuesta de Pisani-Ferry de introducir un impuesto sobre el patrimonio temporal y bien definido con ese fin. El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, se niega a endeudarse más, al tiempo que descarta subidas de impuestos. Y en el Reino Unido, el Partido Laborista de la oposición ha desechado su plan de invertir 28.000 millones de libras al año en la transición ecológica porque su líder cree que sólo podrá ganar las próximas elecciones generales si insiste en la prudencia fiscal.
Ningún gobierno europeo importante ha sido transparente sobre las compensaciones que serán necesarias ni ha presentado ninguna idea sobre cómo evitar que las rentas más bajas sufran aún más. En un mundo ideal, esto debería formar parte de un plan a largo plazo que explicara claramente los sacrificios que se avecinan. Pero la fragilidad de la gran mayoría de los gobiernos europeos –divididos, amenazados por el descontento populista y faltos de liquidez– les coloca en una posición difícil para afrontar ese reto.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Lucía Manchón Cabrera, es responsabilidad de CincoDías
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