De la seguridad económica a la fiscalidad verde, retos de la presidencia española en la UE
La capacidad para impulsar iniciativas, dirigir debates y dar visibilidad a las empresas nacionales determinarán el éxito
España asume, desde el 1 de julio y por quinta vez, una presidencia del Consejo de la UE atípica por tres razones. En primer lugar de índole interno, ya que durante el primer mes de mandato se celebrarán elecciones generales. También por cuestiones consubstanciales a la propia configuración de la UE, al tratarse de la última presidencia completa de este ciclo legislativo y con lo que implica en el cierre de dosieres regulatorios. Pero con una visión más global, serán diferentes a las anteriores por el propio contexto geopolítico y económico mundial. Así, la autonomía estratégica y, de su mano, la estrategia de seguridad económica recién presentada, con las relaciones con América Latina como parte de esta estrategia, ocuparán gran parte de la agenda.
El futuro económico de la Unión y la fiscalidad por la que se regirán los socios comunitarios van a estar por tanto en el foco del debate político y de las iniciativas regulatorias de los seis próximos meses. Vamos a tratar de desgranar, de lo global a lo local, algunas de estas claves:
Los efectos de la crisis derivada de la invasión rusa de Ucrania, pero también aquellos producidos por la pandemia, han llevado a la Unión a situar entre sus prioridades la denominada economía de la seguridad. La búsqueda de una mayor autonomía estratégica y el aumento de la resiliencia ante potenciales riesgos son retos a abordar por los Estados miembro. De forma más específica, la diversificación de las cadenas de suministro, la búsqueda de la independencia energética, el fomento de las inversiones para el desarrollo de tecnologías estratégicas o el impulso al sector de la defensa. Se trataría de facilitar el acceso a capacidades estratégicas con las que ahora no se contaban, así como de asegurar y cerrar lazos con regiones que garanticen una estabilidad en las relaciones diplomáticas y comerciales a largo plazo y minimizando riesgos. Esta situación puede derivar, además, en un reforzamiento del papel de los Estados o de la propia UE como gran regulador en la política económica e industrial.
En este contexto, la Comisión Europea lanzó el 20 de junio su Estrategia de Seguridad Económica, con los objetivos de promover la competitividad, protegerse de riesgos y fomentar el partenariado con aliados económicos. En el texto presentado por la presidenta Von der Leyen se identifican cuatro grandes riesgos: cadenas de suministro, seguridad física y cibernética, seguridad tecnológica y el uso de la coerción económica. Entre las soluciones planteadas, junto a la diversificación de los mercados de exportación o el impulso industrial a los semiconductores y las materias primas críticas, se encuentra la búsqueda de un partenariado económico que refuerce las alianzas con países dispuestos a cooperar en la transición energética y digital y a favorecer un orden económico basado en normas e instituciones multilaterales. La Comisión, pero también los Estados miembro, piensan en América Latina como un gran socio que apoye ambos objetivos. Las presidencias españolas del Consejo siempre ha servido para impulsar las relaciones de ambas regiones y los próximos seis meses, con la Cumbre UE-CELAC del próximo 17 y 18 de julio en Bruselas como protagonista, la UE busca avanzar en ese partenariado. Los acuerdos comerciales con México y Chile pero, sobre todo, el cierre del acuerdo con Mercosur, dificultado por una visión más proteccionista de Francia y Austria y la posición de Brasil serán esenciales para avanzar en ese partenariado.
Existen otros debates internos entre los socios que tendrán continuidad durante la presidencia. Por una parte, el marco financiero plurianual (donde se determina el techo máximo de gasto para los presupuestos nacionales) para el periodo 2021-2027 se revisará durante los próximos meses, con la intención de publicar una evaluación antes de las elecciones europeas de junio de 2024. Las subvenciones o los préstamos a Ucrania para hacer frente a la guerra también están en el centro del debate, con gran parte de los Estados reticentes a prestar más cuando desde Bruselas se les pide reducir el gasto para luchar contra la inflación.
La flexibilización del régimen de ayudas de Estado, cuyas reglas han favorecido de forma clara a aquellos con más capacidad financiera (Alemania, Francia e Italia suman alrededor del 80% de las ayudas sectoriales), será otro de los puntos a abordar. Junto a ellos, los Estados tendrán además que comenzar a aplicar, con el 1 de enero de 2024 como fecha límite, la directiva que impone un umbral mínimo de tributación para grandes empresas en un 15%, al limitar a la baja la competición entre los tipos del impuesto de sociedades. La directiva relativa al intercambio de información sobre criptoactivos, el paquete de IVA en la era digital o el paquete CMDI para la gestión de las crisis bancarias son algunas de las iniciativas a debate estos meses.
España por su parte seguirá muy de cerca otras iniciativas donde quiere, y debe, tener una voz de peso, especialmente con el papel de liderazgo en las negociaciones que se otorga a quien preside del Consejo. Así, el debate sobre la suspensión de las reglas fiscales, y la tradicional regla del 3% de déficit y 60% de deuda que proviene de un lejano 1992, seguirá su curso con la intención de llegar a un acuerdo antes del fin del mandato. Aquellos que buscan un modelo progresivo y atendiendo a la situación de cada país, España entre ellos, se encuentran con la oposición de los que quieren un modelo más flexible en los objetivos (Alemania defiende al menos un 1% para el déficit), pero más estricto en las sanciones. Junto a ello, y en clave interna, el acuerdo de cooperación en materia de IVA entre el Reino Unido (y sus territorios, como Gibraltar) y la UE deben mantenerse como una prioridad.
Entre las prioridades propias del Gobierno, algunas de ellas alineadas directamente con la Comisión, en esa transición verde y digital como grandes pilares, se encuentran: el impulso a la fiscalidad verde, con impuestos sobre plásticos, queroseno y el carbono en frontera como cuestiones mencionadas por la ministra María Jesús Montero. La imposición fiscal de la economía digital, con atención a la negociación de la directiva de trabajadores de plataformas o la homologación de los impuestos de sociedades son algunas de estas prioridades.
España contará por tanto con seis meses atípicos por el calendario electoral nacional, el cierre de ciclo legislativo europeo, es decir, la llamada presidencia escoba por el cierre de dosieres regulatorios y un contexto geopolítico que exige una mayor autonomía estratégica en el ámbito económico en sentido amplio. La capacidad para impulsar iniciativas de acuerdo con los intereses del país, cerrar u orientar algunos de los grandes debates comunitarios así como dar visibilidad al país y a su tejido empresarial, que debe y puede estar presente en los actos y cumbres informales de la presidencia, determinarán el éxito de la oportunidad que supone, ya cada 14 o 15 años, ostentar una presidencia del Consejo de la UE.
Ramón González Bernal es director de la Oficina de Atrevia en Bruselas
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