¿Es el Programa de Estabilidad de España suficientemente transparente?
Hay que introducir más mejoras, como calcular el impacto de las medidas en neto o incluir escenarios plurianuales
La transparencia en la información económica es esencial para que los ciudadanos puedan conocer la realidad de las políticas que se están aplicando. Esta afirmación adquiere especial relevancia cuando se refiere al Programa de Estabilidad del Reino de España para el periodo 2023-2026, recientemente remitido a la Unión Europea.
En la primera parte del programa se presenta el escenario macroeconómico. En él se informa sobre la evolución prevista durante un periodo de cuatro años de las principales variables macroeconómicas, como el PIB, los tipos de interés, los precios o la tasa de paro. La información es amplia, se elabora teniendo en consideración los datos más recientes y ha sido avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), por lo que esta parte goza de un buen nivel de transparencia.
Además, se analizan los riesgos que pueden afectar a la economía de nuestro país. El principal riesgo son los efectos negativos de las altas tasas de inflación sobre las empresas y las familias. Para combatir estos efectos el Gobierno ha aprobado una serie de medidas, entre las que destacan las rebajas de los impuestos sobre la energía, las destinadas a mejorar la renta disponible de las familias más vulnerables y las ayudas para facilitar la inversión en las empresas más afectadas por la subida de los precios. El coste presupuestario de estas medidas de política fiscal expansiva se sitúa en torno a los 35.000 millones de euros.
Sin embargo, para hacer frente a las tensiones inflacionistas, el Banco Central Europeo (BCE) emprendió en 2022 una política monetaria restrictiva que provocó notables subidas en los tipos de interés, con el consiguiente encarecimiento de las hipotecas para las personas que las tuvieran formalizadas a tipos variables y el mayor coste para financiar las inversiones en las empresas.
En consecuencia, los efectos de esta política actúan en dirección opuesta a los provocados por la política fiscal expansiva. En el Programa de Estabilidad se estima el alivio económico que las medidas de política fiscal han provocado en los colectivos más vulnerables, pero para garantizar una mayor transparencia sería conveniente estimar también el efecto contrario que ha tenido la política monetaria, de forma que se pueda conocer en términos netos el verdadero alivio económico del que han disfrutado.
La segunda parte del Programa de Estabilidad se centra en el ámbito presupuestario. El objetivo es emprender una senda de consolidación fiscal, reduciendo el déficit público del 3,9% del PIB previsto para 2023 al 2,5% en 2026. La reducción del déficit en 1,4 puntos se acometerá a través de la disminución del gasto público en un punto, mientras que los ingresos públicos tan solo crecerán cuatro décimas.
El incremento de los ingresos públicos se explica en su práctica totalidad por los impuestos directos. Sin embargo, sería necesario que se explicaran de forma más detallada las razones que justifican que los impuestos indirectos permanezcan constantes en torno al 12% del PIB durante todo el periodo 2023-2026.
La duda surge porque las rebajas impositivas que afectaron a los impuestos sobre la producción y las importaciones para mitigar el efecto de la subida del precio de la energía finalizarán en 2023, por lo que su eliminación debería tener un impacto positivo en la recaudación durante los ejercicios futuros.
En la parte relativa al gasto público, el mayor importe lo absorbe la política de protección social, cuyo gasto permanece constante durante el periodo 2023-2026 en torno al 19% del PIB. Esto se debe a que el incremento del gasto en pensiones se compensa fundamentalmente por un menor gasto en desempleo, en coherencia con la reducción de la tasa de paro prevista en el escenario macroeconómico.
Aparentemente esta coherencia no existe en la estimación del gasto en la política de servicios públicos generales. La evolución prevista en el escenario macroeconómico de los tipos de interés conlleva un aumento de la carga financiera, pero esta política permanece estable en el 5,7% del PIB, aunque su principal gasto se debe a los intereses de la deuda pública. Asimismo, surgen dudas en la política de vivienda y servicios comunitarios, pues a pesar de los numerosos anuncios asociados a un mayor gasto, esta política mantiene su participación en el PIB en el 0,5%.
El resto de las principales políticas de gasto también mantienen constante o disminuyen ligeramente su participación en el PIB, salvo la política de defensa que la aumenta hasta el 1,3% a finales de 2026. Por tanto, todo el peso del ajuste recae en la política de asuntos económicos, reduciendo en un punto su participación en el PIB, básicamente por la disminución de las subvenciones y ayudas a los sectores afectados por la inflación, en coherencia con la reducción de los precios prevista en el escenario macroeconómico.
En conclusión, el Programa de Estabilidad contiene una información que goza de un buen nivel de transparencia, pero serían convenientes mayores avances. En primer lugar, el impacto económico de las diferentes medidas debería calcularse en términos netos, teniendo en cuenta, además de los recursos presupuestarios empleados, los posibles efectos derivados de otras políticas económicas aplicadas.
En segundo lugar, sería conveniente incorporar un escenario presupuestario plurianual, en el que se especifiquen con mayor detalle las partidas de ingresos y gastos y las políticas asociadas a los diferentes centros gestores, evitando las dudas que puedan surgir sobre su estimación. Por último, se debería explicar la coherencia entre las variables macroeconómicas y las presupuestarias en aquellos casos en los que aparentemente tengan una evolución contradictoria.
José Alberto Pérez Pérez es Inspector de Hacienda y ex interventor general de la Administración del Estado
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