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España prevé crear más de un millón de empleos y reducir la tasa de paro por debajo del 10% en 2026

El Gobierno proyecta una recaudación total de 359.080 millones en 2023 y mejora el PIB de 2024 al 2,4%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con su vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en el pleno del Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con su vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en el pleno del Congreso.Chema Moya (EFE)
Pablo Sempere

El Gobierno ha remitido a Bruselas el Programa de Estabilidad 2023-2026 para rendir cuentas ante la Comisión Europea de los objetivos fiscales y económicos a medio plazo, así como de las medidas que se tomarán para alcanzarlos. Entre ellos, el Ejecutivo se compromete a reducir la tasa de paro por debajo del 10% en 2026, tras crear 1,1 millones de puestos de trabajo adicionales hasta entonces. Esto, junto a la dinámica que bebe de la reactivación económica que situó el avance del PIB en 2022 en el 5,5%, situaría el crecimiento en el 2,1% este año (un objetivo que se mantiene) para incrementarse hasta el 2,4% en 2024. En sus compromisos, el Gobierno también defiende que logrará reequilibrar poco a poco sus maltrechas finanzas públicas. “El Programa de Estabilidad muestra que la sostenibilidad de las cuentas públicas es compatible con proteger a las familias, reducir la desigualdad y acelerar las transiciones verde y digital”, resume en una nota.

Para el periodo 2023-2026, “la consolidación de la creación de empleo seguirá siendo el motor del crecimiento económico, que sumará 1,1 millones de ocupados más hasta 2026, adicionales al millón creado después de la pandemia y que permitirá alcanzar niveles récord de ocupación”, detalla el Ejecutivo en una nota. Asimismo, se mantiene la senda de descenso de la tasa de paro, que pasará del 12,9% en 2022 hasta reducirse por debajo del 10% en 2026, acompañado de un aumento de la población activa y la mejora en la calidad del empleo. De acuerdo con la senda fijada, el paro bajaría al 12,2% en 2023, seguiría reduciéndose hasta el 10,9% en 2024 y hasta el 10,3% en 2025 y terminaría por situarse en el 9,8% al final del periodo analizado. La última vez que el mercado de trabajo registró una tasa de desempleo inferior al 10% fue en 2007, cuando alcanzó el 8,2% según los datos del INE.

El optimismo con el mercado laboral, no obstante, ya se vislumbraba en el anterior plan, remitido a Bruselas hace ahora un ejercicio. En ese documento el Gobierno preveía que el empleo “mantendrá su dinamismo a lo largo del periodo de previsión, alcanzándose una tasa de paro inferior al 10% en 2025″. Es decir, España retrasa ahora un año ese hito.

El Gobierno también promete en el documento reducir paulatinamente el déficit público para situarlo en el 3% del PIB ya en 2024, algo que previsiblemente permitiría a España escapar de las medidas correctoras que podría poner en marcha Bruselas. De lograrse los objetivos del Gobierno, España cumpliría con las reglas fiscales que volverán a entrar en vigor a partir de 2024. En paralelo, “el impulso económico, la fuerte creación de empleo y el aumento del crecimiento permitirán progresar en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2018 e interrumpida por la pandemia”. Así, la reducción de la ratio de deuda sobre el PIB “se mantendrá en los próximos años y permitirá que la ratio se sitúe por debajo del 110% en 2024″.

Según la propuesta de la Comisión Europea, hecha pública esta semana, los países tendrán que ceñirse a los límites anteriores, que fijan topes del 3% del PIB al déficit y del 60% del PIB a la deuda pública. Sin embargo, los que tengan mayores desequilibrios (como es actualmente el caso de España) tendrían cierto margen para llegar a esos objetivos, reduciendo anualmente el agujero de forma paulatina con un recorte mínimo del 0,5% del PIB cada ejercicio. La nueva senda de reducción de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas prevé cerrar el año 2023 en el 3,9% del PIB, para bajar al 3% en 2024, al 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026, por lo que a priori España cumpliría con los límites.

El documento que ha terminado de pulir este viernes el Gobierno, y que todos los países deben enviar a la Comisión antes del próximo 30 de abril, incluye los programas de reformas que se prevé poner en marcha. Estos deben pasar el filtro tanto de la Comisión Europea como del resto de socios, con el propósito de que exista una coordinación de las políticas económicas de cada país y cumplir con los objetivos.

Ingresos tributarios

La buena marcha de la recaudación es una de las bazas de las que dispone el Ejecutivo de Pedro Sánchez para cumplir con los números que ha enviado a la Comisión. Según defiende el Ministerio de Economía, la reducción del déficit público “se debe principalmente al sólido crecimiento económico y a la positiva evolución del empleo, que actualmente se sitúa en cifras récord de afiliación”. No obstante, el departamento de Nadia Calviño reconoce también que la previsión es que “los ingresos por lucha contra el fraude, afloramiento de la economía sumergida e impuestos aumenten los próximos años” por encima de la inflación, por lo que fía parte de la senda de equilibrio presupuestario a la recaudación. El Plan de Estabilidad lo reconoce sin fisuras: “La estrategia fiscal para el periodo 2023-2026 viene marcada por un dinámico crecimiento de los ingresos públicos, especialmente de los ingresos tributarios, lo que viene a consolidar la tendencia observada en estos dos últimos años, 2021 y 2022″, apunta.

En concreto, la previsión es que la recaudación de todos los impuestos, incluyendo los de carácter autonómico y local, alcancen en 2023 los 359.080 millones de euros, una cantidad que supone un “dinámico crecimiento” del 8,8%, pero una ralentización respecto al 11,4% alcanzado en el 2022. En este grupo, los impuestos sobre la renta y el patrimonio ascienden a 186.430 millones de euros, siendo la partida que experimenta el mayor crecimiento del año. También se espera un “comportamiento dinámico” en el impuesto de sociedades, impulsado “no solo por la evolución estimada los beneficios empresariales sino también por el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno. También se prevé que crezcan los ingresos por IVA, pero a tasas más moderadas por la caída del gasto.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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