El caso Endesa y el blindaje antiopas: cuando entra la política y pierde España
La entrega de la eléctrica a Enel es el paradigma del cortoplacismo partidista que se antepone al interés nacional. La pérdida de proyectos suma y sigue
Hay empresas que han cruzado las fronteras españolas al cambiar los accionistas. Instituciones que no han desembarcado en España por la falta de altura de miras de quienes deberían favorecer su aterrizaje. Incluso compañías como Ferrovial, que ha puesto rumbo a Países Bajos por voluntad propia y con el peor modus operandi posible para aparente solaz de algunos. De una forma u otra, el común denominador de esos procesos es el fracaso institucional, tradicionalmente precedido o acompañado del rifirrafe político. Con un principal derrotado, véase los intereses nacionales. No sucede igual en todas partes, empero. En los años en los que Enel conquistaba Endesa, BBVA se estrellaba con los reguladores transalpinos en su afán por entrar en el país. Poco antes, la propia Endesa fracasaba en su intento de adquirir la italiana Edison. Lección primera de Unión Europea.
Corría el 16 de septiembre de 2005 y Manuel Pizarro, presidente de la eléctrica, enarbolaba un ejemplar de la Constitución para reclamar que la compañía pudiera expresar su opinión sobre la opa lanzada sobre la firma por la entonces Gas Natural. Se oponía al movimiento de plano. “Se va a poner a prueba toda la arquitectura institucional española y España no se merece dar mala imagen fuera”, insistió. Pasaron las semanas. “Mejor alemana que catalana”, se empezó a escuchar en los cenáculos madrileños cuando la germana E.ON presentó una contraoferta más jugosa como caballero blanco de Endesa. Aún se recuerdan en la castiza Cava Baja las cenas del séquito alemán capitaneado por el ya fallecido Wulf Bernotat en el conocido Julián de Tolosa.
El resto de la historia es conocido. El esfuerzo teutón no fue suficiente. La puja la cerró Enel, que apareció en escena en noviembre de 2006, de la mano de Acciona para blanquear el proceso. Endesa, una compañía esencial para garantizar la electricidad en España, se convirtió en una empresa italiana. Hasta hoy. Por el camino, la politización del proceso. El portavoz del Partido Popular en el Congreso era Eduardo Zaplana. “La operación se cae por su propio peso desde el punto de vista político, económico y estratégico. No se sostiene y la única explicación es el pago de facturas políticas”, descerrajó en referencia al pulso de Gas Natural. Como telón de fondo, el tripartito y la inconcebible idea de que el suministro de luz estuviera en manos de políticos radicados en Cataluña. Paradójicamente, todas esas críticas de los populares se tornaron en silencio cuando E.ON irrumpió en la pelea. El Gobierno Zapatero tampoco iba a permitir tamaña derrota.
Han pasado 17 años. Enel ha exprimido la vaca de Endesa hasta el punto de recuperar lo invertido, más de 30.000 millones, sin contar con el valor de la firma en bolsa. España, como país y como marca, ha perdido el puente con Latinoamérica que proporcionaba el grupo. Los políticos transalpinos son ahora -en este último caso Giorgia Meloni y sus socios de gobierno Salvini y Berlusconi- los que deciden desde su mesa camilla quién manda en Enel y, por extensión, quién da las órdenes en la división española. El actual consejero delegado, José Bogas, abrillanta el cargo pero realmente es un ‘country manager’. Cuando en 2011 insignes empresarios liderados por César Alierta lanzaron el Consejo Empresarial de la Competitividad (CEC), una suerte de lobby para favorecer la recuperación económica, Endesa quedó fuera pese a los buenos oficios de Borja Prado. Se esgrimió su condición de firma extranjera.
Por su parte, Manuel Pizarro tuvo la oportunidad de volver a referirse a la Constitución poco después, pero ya como número dos del Partido Popular por Madrid para las elecciones generales de 2008. Desde una perspectiva histórica, su órdago culminó con la entrega a Italia de la primera eléctrica del país, una compañía señera criada a los pechos del Instituto Nacional de Industria (INI) gracias a los impuestos de los españoles. La reflexión sobre si los más de 40 euros por acción alcanzados -y a los que con buen criterio aspiraba- fueron un precio satisfactorio para rendir la fortaleza solo le cabe al propio Pizarro, arrinconado en el Congreso de los Diputados por los suyos tras la derrota electoral.
Todo hubiera sido muy distinto si en el arranque de siglo se hubiera concretado una operación que hoy parece ciencia-ficción. Corría el mes de octubre del año 2000 y los consejos de Endesa e Iberdrola daban luz verde a la fusión de ambas compañías. España, que cuenta hoy con empresas estratégicas a tiro de opa por su escaso tamaño, hubiera alumbrado un gigante del sector, cuarto mundial por producción de electricidad y primero por clientes. También la política se inmiscuyó. Fuentes conocedoras del episodio relatan años después que José María Aznar, en contra de la opinión de Rodrigo Rato, fulminó la transacción con una lacónica negativa en un Consejo de Ministros. El PSOE pensaba que “fomentaba la concentración y el monopolio”. Todo un ejemplo de falta de perspectiva y visión colectiva, al punto de que Iberdrola ha terminado haciendo en solitario ese viaje rumbo al liderazgo internacional.
Con Endesa empezó todo. Es el símbolo del cortoplacismo patrio y de la falta de miras de los políticos de uno y otro signo. Sin embargo, no es el único ejemplo. De Abertis a Iberia -propiedad de la británica IAG-, pasando por Tabacalera y los medios de comunicación -véase Mediaset y Unidad Editorial-, no es difícil encontrar hitos de presencia foránea en sectores clave. Los intereses partidistas, además, no solo han afectado a las grandes corporaciones. Pasados los años, resulta incluso conmovedor escuchar al alcalde popular de Málaga, Francisco de la Torre, relatar la falta de apoyo a la ciudad -de sus propios correligionarios del PP, de la Moncloa de Mariano Rajoy y de administraciones regionales andaluzas adscritas al PSOE- para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento en 2017. Entonces, la ciudad se postuló como alternativa a Barcelona, que ni siquiera pasó el primer corte. Susana Díaz gobernaba con puño de hierro la Junta de Andalucía, una atalaya que no le ayudó a adivinar las bondades de un movimiento de impacto estructural y dinamizador del tejido industrial.
El siguiente duelo se vislumbra con el blindaje antiopas, prorrogado por el Gobierno de Pedro Sánchez hasta finales de 2024 y bajo la espada de Damocles del ciclo electoral y las nebulosas intenciones de Alberto Núñez Feijóo. La libertad de movimientos de capital y empresas en la UE, tesis esgrimida por Ferrovial para su adiós, requiere de reciprocidad. El resto es palabrería y quedarse con cara de tonto.
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