El Gobierno prorrogará dos años el escudo antiopas sobre los sectores estratégicos
Concreta la norma al ampliar su efecto a las compras de activos
El Gobierno no quiere sustos con las empresas estratégicas. El Consejo de Ministros se dispone a prorrogar el escudo antiopas que puso en marcha en 2020, en plena pandemia, para proteger a las compañías de sectores clave de ofertas extranjeras, según indican fuentes gubernamentales. La medida, que da al Ejecutivo la posibilidad de vetar la entrada de capital foráneo en dichos sectores, caducaba el 31 de diciembre de este año y se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024. Además incrementa su potencia de fuego, al aclarar que dentro de este escudo entrarán también las ventas de activos, operaciones muy frecuentes en el sector energético y en infraestructuras.
El conocido como blindaje antiopas se desarrolla, en realidad, en dos Reales Decretos. El primero en entrar en vigor, en marzo de 2020, tiene efecto permanente y permite vetar a inversores de fuera de la UE que quieran adquirir más de un 10% de una empresa estratégica por más de 500 millones. Meses después, mediante una segunda norma, el Ejecutivo amplió la cobertura para evitar que inversores extracomunitarios pudiesen burlar el sistema creando sociedades en países de la UE, e hizo que el escudo afectase también a los inversores de países del club comunitario. Mantuvo el resto de condiciones, pero limitó su alcance solo a las compañías cotizadas y le dio un carácter temporal.
Esta segunda norma expiraba en un principio a finales de 2020, y tras dos prórrogas del Ejecutivo (la última en en noviembre del año pasado) tenía fecha de caducidad para dentro de tres semanas. La tercera prórroga que ultima el Gobierno será más amplia que las anteriores, de dos años. El blindaje hasta finales de 2024 evita que, si se prorrogase por tan solo un año como ha sido habitual, el fin de la norma coincidiera con las elecciones generales. Además, el Gobierno aprovecha para clarificar el ámbito de aplicación. Este se amplía a la compra de activos o de ramas de negocio aunque no impliquen el control de la sociedad, siempre dentro de los sectores considerados estratégicos. Este tipo de operaciones no estaban incluidas específicamente en el texto anterior, que solo contemplaba las transmisiones societarias. El Gobierno buscaría aquí reforzar la seguridad jurídica y del control de las inversiones, según fuentes del Ejecutivo.
Este cambio refuerza el control en particular en dos sectores, el energético y las infraestructuras, donde las ventas de activos son moneda común. Activos concretos como autopistas han sido históricamente objeto de deseo para los fondos extranjeros, dado su perfil como fuente de ingresos segura y constante. En los últimos años estos fondos miran también al sector energético, en el que grandes compañías venden activos o buscan socios para financiar sus planes de transformación energética. En España es una estrategia utilizada por Iberdrola o Repsol.
La norma sobrevuela el caso de Naturgy. El Gobierno ha rechazado este otoño la escisión planteada por la compañía el febrero pasado para dividirse en dos: una pata con activos regulados y otra con los liberalizados. La situación energética y el carácter estratégico del suministro de gas fueron los argumento para frenar el proceso. La nueva redacción incluye en el articulado legal el veto a este tipo de ventas de activos estratégicos–entre los que se encuentra, por ejemplo, el gaseoducto de Medgaz que conecta la Península Ibérica con Argelia– como una fórmula para facilitar la salida de los fondos de su accionariado. El Ejecutivo ya autorizó, con condiciones y apurando al máximo el plazo de seis meses establecido, la toma de hasta el 20% de IFM en Naturgy.
Dada la situación de la energía en Europa, para el Gobierno es clave blindar el sector durante los próximos años. Las otras áreas sobre las que se aplica la norma actual son transportes, agua, robótica, medios de comunicación, ciberseguridad, telecomunicaciones o defensa.
La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez choca con los planteamientos de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), que se ha pronunciado sobre esta acción de oro. Su presidente, Rodrigo Buenaventura, aseguró durante el último Spain Investors Day que “es preciso mantener en nuestro mercado de capitales los estándares más elevados de integridad, gobierno corporativo y apertura a la inversión exterior”.
Frente al temor de que disposiciones de esta índole desincentiven el interés por el mercado nacional, fuentes gubernamentales consideran que el proceso de revisión ha funcionado y no se ha frenado la actividad ni la inversión extranjera.
En paralelo, la actual situación en el mercado de valores también aprieta. La tensión inflacionista ha roto las perspectivas de una rápida recuperación tras la pandemia, y la violenta subida de los tipos de interés castiga a las empresas endeudadas. Ello ha dejado a buena parte del Mercado Continuo a tiro de opa.
