Cuando todo el Gobierno milita en el ‘comando del gasto’ y hay elecciones
Las cualificadas advertencias sobre los riesgos del gasto serán obviadas o resueltas con más impuestos y mayor emisión de deuda
Las últimas semanas han sido pródigas en advertencias cualificadas al Gobierno de la necesidad de emprender ya decisiones de consolidación fiscal para ir conduciendo las cuentas públicas hacia un escenario de nuevas reglas fiscales, que por generosas que sean, exigirán la vuelta a los viejos y antipáticos esfuerzos de austeridad. El momento no es el mejor para un país que ha entrado ya en una espiral electoral que solo invita a promesas de creciente gasto público que solo pueden ser atendidas con más impuestos a más déficit y deuda.
La prueba de fuego será el presupuesto de 2024 que debe presentar en septiembre un Gobierno que por su desempeño en los últimos años, y con el decidido entusiasmo de su presidente, milita al completo en el comando del gasto, esa parte que pide continuamente más recursos para conjugar el verbo gobernar/gastar, y que es siempre reprimido por el antipático ministro de Hacienda que gestiona la caja. Las últimas cuentas de una legislatura excesiva en gasto público por la natural convicción de los gobernantes, acompañada por la pintiparada ocasión brindada por la pandemia y la guerra del Este europeo, pero que serán sometidas a más o menos estrés en función del resultado del primer asalto de la yincana electoral de mayo. Un ejercicio político peligroso al que contribuirá toda la oposición con promesas de gasto incalculable en un país poco exigente con las dádivas electorales y su coste.
El Banco de España desde su servicio de Estudios y los mensajes explícitos de su Gobernador, el Fondo Monetario Internacional a mediados de abril, la Autoridad Independiente de responsabilidad Fiscal (AIReF) este mismo mes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la semana pasada, y varios servicios de estudios desde que comenzó el año, han dado repetidos toques de atención sobre la marcha de los dineros públicos y la necesidad de ir pensando en fórmulas para mejorar su encaje y su sostenibilidad.
La Unión Europea volverá a poner límites a la evolución del déficit público y de la deuda tras los cuatro años de la bula fiscal dispensada para atender las demandas sociales de la pandemia y la guerra, durante las cuales se ha inyectado dinero a espuertas desde la Comisión Europea, se ha permitido gastar sin medida y se ha mantenido anestesiado el mercado de deuda pública por la política de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo. Los tesoros de todos los países, pero unos más que otros, han dado un salto importante en sus saldos de deuda, y devolverlos a los niveles que Europa siempre consideró asumibles (60% del PIB) es una tarea tan inexcusable como difícil para sostener la viabilidad del euro, y más complicada en un escenario de coste financiero mucho más elevado de un año a esta parte y cuyo nivel de endurecimiento se desconoce.
España está en una situación más complicada que la media porque ha elevado mucho el gasto público y para atenderlo ha consumido los comodines de las inyecciones comunitarias y buenas dosis de subidas de impuestos. Un informe elaborado por Fedea constata que España es, de los grandes países europeos, el que más ha elevado su gasto público sobre el PIB, absorbiendo prácticamente todo el diferencial que le separaba de la Unión antes de la pandemia. Ahora el gasto público supone el 50,6% del PIB, cuando en 2017, un año antes de llegar Sánchez al Ejecutivo, era 9,3 puntos inferior.
Una parte notable del avance puede imputarse a la factura del Covid, por el tirón del gasto sanitario o el de desempleo; pero la parte del león la han aportado las pensiones, que además de elevarse por la entrada de prestaciones más altas, lo hacen por decisiones del Gobierno poco coherentes con la situación de las finanzas estatales.
Otro capítulo que tira de un gasto que ha estado bajo mínimos es la hipoteca de una deuda pública que está por encima de 1,5 billones de euros, de los que el estado central es responsable en su mayor parte (1,3 billones). En 2022 el Tesoro abonó una factura de 31.600 millones de euros (un 2,4% del PIB), con un interés medio de los títulos vivos del 1,73%, y un coste medio de las nuevas emisiones del año del 1,35%.
Para 2023, el presupuesto recoge una factura similar, previendo una elevación del coste de las emisiones muy modesto, pero que el mercado ya ha hecho saltar por los aires con un tipo de interés de las nuevas colocaciones del 3,18%, que necesariamente elevará los pagos para ir acercándose en los próximos años al 3% del PIB. La AIReF admite que el fuerte avance nominal del PIB ha aliviado la ratio de deuda hasta el 112% en 2022, y que puede incluso bajar más este año.
Pero alerta de que el escenario venidero es pesimista por las necesidades de gasto social que genera el envejecimiento (pensiones y sanidad), por la subida paulatina de los tipos que afectará a las refinanciaciones venideras, por la factura adicional que generan las emisiones de bonos ligados a la inflación (revalorizada en más de 8.100 millones en 2022, hasta cerca de los 80.000 millones de euros), y por la limpieza esperada del balance del BCE, que acumula nada menos que el 35,4% de la deuda pública española (408.000 millones de euros), y que necesariamente deben encontrar otros acreedores. Conjugando una serie de variables socioeconómicas, AIReF prevé que el coste de la deuda puede llegar al 5% del PIB en los próximos 25 años.
También el Fondo Monetario Internacional ha advertido de la dificultad que aprecia para que España puede bajar del umbral del 4% en su déficit fiscal (prevé que se cierre el año en el 4,%, frente al 3,9% estimado por la ministra de Hacienda), incluso contando con el bono que sobre los ingresos proporciona la inflación, que ha sido el principal motor de la recaudación en 2021 y 2022. De hecho, la institución que preside Kristalina Georgieva no cree que España pueda reducir su saldo fiscal negativo en toda la década, y que la deuda pública se estabilice entre el 108% y 110% del producto.
Así está el tema. Requeriría de propósitos firmes de control y racionalización del gasto para evitar subidas adicionales de impuestos que pueden dañar una actividad que no ha logrado todavía llevar el PIB al nivel previo a la pandemia. Un año electoral no es el más indicado para afrontarlo, y nadie lo hará. Nadie hablará de ello, ni el Gobierno ni la oposición; pero pasado el Rubicon de las urnas, veremos. Habrá que hacer lo que los mercados digan.
José Antonio Vega es periodista
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