Reflexiones sobre el futuro del hidrógeno limpio y del H2MED
El plan del Gobierno de convertir España en una potencia exportadora a otros países corre un alto riesgo de que la demanda no se materialice
En el contexto de la lucha contra el cambio climático, la UE se ha marcado como objetivo el lograr “emisiones netas cero” en 2050. Eso significa que, en muchos sectores, incluido el sector energético, será necesario dejar de emitir CO2 mucho antes de esa fecha.
Como es evidente, el consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) emite CO2. Por ello, para poder seguir usando combustibles fósiles sería necesario capturar y almacenar ese CO2. Sin embargo, en España, tras el fracaso del almacenamiento subterráneo de Castor, no existen visos realistas de construir grandes almacenamientos subterráneos para el CO2.
Afortunadamente, en muchos usos es posible sustituir el consumo de combustibles fósiles por consumo de electricidad producida con fuentes de energía no emisoras (nuclear y renovable). Por ejemplo, todos los consumos energéticos de los hogares son ya electrificables, usando placas de inducción para la cocina, bombas de calor para la calefacción, y el vehículo eléctrico para el transporte. También son electrificables los consumos industriales que no necesitan altas temperaturas, el transporte por carretera y por ferrocarril, y el transporte marítimo y aéreo en cortas distancias. Por ello, descarbonizar implica electrificar.
En este contexto, surge el debate sobre el papel que el hidrógeno verde (producido mediante electrólisis con electricidad de origen renovable) podrá desempeñar en la descarbonización. Inevitablemente, el hidrógeno verde solo podrá desempeñar un papel marginal en la economía y en la estrategia de descarbonización. El motivo es que el hidrógeno no es una fuente de energía primaria. Para producir hidrógeno verde, no solo hay que construir electrolizadoras, sino que hay que producir primero la electricidad de origen renovable. Eso implica que el coste de producir hidrógeno verde será siempre mayor que el de producir energía eléctrica renovable.
En consecuencia, ningún consumo energético que pueda electrificarse optará por consumir hidrógeno, y el uso del hidrógeno quedará relegado a aquellos consumos energéticos que no se puedan electrificar. Estos consumos tendrán lugar en industrias que necesitan altas temperaturas (por encima de 1.500ºC), y el transporte marítimo y aéreo de larga distancia. E incluso en esos mercados potenciales, el hidrógeno verde se enfrentará a la competencia de los biocombustibles.
Por ello, el plan del Gobierno para convertir a España en una gran potencia exportadora de hidrógeno al resto de Europa a través de grandes redes de hidroductos se enfrenta a un elevado riesgo de que la demanda de hidrógeno no se materialice. A esto se suma el hecho de que, para los consumidores franceses o alemanes, resulta más económico producir el hidrógeno localmente con electricidad generada en sus países o incluso importada, que traer hidrógeno producido en España por medio de una gran red de hidroductos.
Producir el hidrógeno en Francia o Alemania implica un mayor coste de producción, en la medida en que allí tienen menos horas de sol con las que aprovechar sus paneles fotovoltaicos. Pero los sobrecostes de construir hidroductos y transportar el hidrógeno desde España serían mucho mayores. Cabe recordar que no solamente sería necesario construir el hidroducto desde España, sino que sería también necesario desarrollar redes de hidroductos para llegar a los consumidores dispersos por esos países. Y, si hay poca demanda de hidrógeno y el coste de construir los hidroductos se reparte entre pocos consumidores, los peajes que tendrán que pagar por uso de esos hidroductos serán desorbitados.
A estas consideraciones económicas se suma el riesgo que, para la seguridad de suministro de esos países, supondría que sus importaciones de energía dependieran de un hidroducto submarino, sobre todo después de lo sencillo que parece haber sido inhabilitar el gasoducto submarino Nordstream 2.
Es muy probable que nos pase lo mismo que con la planta de regasificación de gas natural de El Musel, en Gijón. Esa planta de regasificación nunca fue necesaria y jamás ha llegado a entrar en funcionamiento, pero los consumidores tendremos que pagar el coste de esa inversión en nuestras facturas durante muchos años.
Además, en el caso concreto del hidroducto H2MED entre Barcelona y Marsella, las inversiones necesarias serían absolutamente descomunales. Para suministrar los 2 millones de toneladas/año de hidrógeno que el Gobierno prevé exportar a través de ese hidroducto, sería necesario instalar 70 GW de capacidad de generación renovable (adicional a los 52 GW previstos en el PNIEC de aquí a 2030), además de 17,4 GW de baterías (adicionales a los 2,5 GW ya previstos). A modo de referencia, la demanda punta de electricidad en España se sitúa en apenas 40 GW. El coste de inversión, solo en estos equipos, se elevaría a 52.800 millones de euros, a los que habría que sumar los 2.850 millones del H2MED, el coste de 4 GW en capacidad de electrolización, y todos los hidroductos y redes eléctricas que resultaran necesarias para hacer posible el proyecto.
Por todo ello, el plan del Gobierno ha de someterse a un riguroso análisis coste-beneficio, que hasta ahora parece ser inexistente. Y dicho análisis no puede ser llevado a cabo por la empresa que vaya a construir la infraestructura y que recibiría una retribución por ello, fijada por el regulador, porque esa empresa tendría un claro conflicto de intereses. Incluso si el análisis coste-beneficio lo lleva a cabo un tercero independiente, existe el riesgo de que éste reciba presiones que acaben sesgando sus conclusiones.
En realidad, la opción más efectiva consiste en que la empresa que acometa la inversión ofrezca la capacidad del hidroducto a posibles usuarios en condiciones de libre mercado y asuma el riesgo de no recuperar los costes. Solo de ese modo se evitará que el plan del Gobierno para convertir a España en una gran potencia exportadora de hidrógeno no termine siendo una rémora para el bienestar de los ciudadanos.
Óscar Arnedillo/Jorge Sanz son Director Gerente/ Director Asociado de Nera Economic Consulting
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