El peligroso desequilibrio entre los salarios y las pensiones
Los sueldos suben un 3% y rondan los 1.750 euros, y financian las nuevas prestaciones de retiro de 1.600, que se incrementan un ¡¡11,5%!!
El estado de bienestar de una economía es insostenible si sus prestaciones tienen cuantías similares, o superiores, a los salarios que las financian, salvo que por cada perceptor de una renta pública haya al menos tres contribuyentes de forma permanente. España coquetea con la igualdad de rentas activas y pasivas, puesto que, simplificando, tiene salarios como pensiones, pero está a años luz de cumplir una holgada relación de dependencia que la inmunice. ¿Dónde está el problema: en las generosas prestaciones de los mayores o en las limitadas retribuciones de los asalariados?
Este preocupante juego de entrada y salida de recursos es solo uno de los muchos agujeros que tiene el sistema de pensiones de vejez, que añade gravedad al envejecimiento que se viene encima y al gasto público que lleva asociado en materia de sanidad y cuidados; o a la elevación sin cuento del gasto con medidas sobre las que no se analizan sus crudas consecuencias, amén de las sesgadas decisiones sobre ingresos que cercenan la contributividad y la credibilidad en el sistema de reparto entre generaciones y rentas.
Sobre muchas de estas cuestiones ha habido abundante literatura crítica la semana pasada, culminada con un demoledor informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en lo básico venía a desacreditar las decisiones tomadas desde 2021, porque incrementan el déficit y colocan el nivel de deuda pública fuera del alcance de pago de una economía como la española: allá por el 186% del PIB.
Volvamos a los salarios y a las pensiones. El informe cerrado de 2021 sobre las rentas del trabajo por cuenta ajena revela una remuneración media bruta (antes de impuestos y cotizaciones) de 1.788 euros por 14 pagas, que compara con una pensión media de jubilación a febrero de 1.370,8 euros, 14 veces. Pero el mismo trabajo estadístico alerta de que el salario mediano (aquel que funciona como un eje en el que hay la misma cantidad de asalariados por encima que por debajo) es de 1.506 euros, o que un muy elevado porcentaje de empleados por cuenta ajena (casi 5 millones) ganan menos de 1.171 euros en 14 pagas.
En el otro plato de la balanza, las nuevas altas de jubilación se saldan con prestaciones medias de 1.639 euros, o de 1.764 si los datos se ciñen a los jubilados del régimen general, en el que se encuadran casi todos los asalariados, cuantías que son un 9,8% superiores a las de un año antes.
Esto es: que hay infinidad de prestaciones públicas de retiro con cuantías superiores a las recogidas en las nóminas de varios millones de trabajadores. Se trata generalmente de empleados jóvenes que escalarán en sus retribuciones en el futuro, pero entre los que se encuentran también colectivos inmensos de empleados que no dispondrán de tal mejora por mucho que empujen los suelos del salario mínimo, porque se concentran en sectores de actividad de muy bajo valor añadido, y con muy escasas opciones de mejora de su productividad.
Y llama además la atención que el salario más común es notablemente inferior al medio y al mediano, y que concentra, según Estadística, a cerca de 1,2 millones de ocupados, como reflejo de un sesgo hacia empleos de baja cualificación en buena parte de las actividades económicas. Se trata, de hecho, de cuantías inferiores a las pensiones medias.
El saldo financiero de este espejo que confronta salarios y pensiones es el reiterado déficit contributivo del sistema de pensiones, artificiosamente corregido con la externalización o estatalización de los llamados gastos impropios, pero que avanzará en los próximos años pese a los parches de última hora en las cotizaciones para evitar revisar (recortar) las prestaciones. Pero avanzará a velocidad endiablada los próximos 18 o 20 años por el desplazamiento natural de la pirámide demográfica, que llevará al retiro a las cohortes con carreras de cotización más sólidas y prolongadas, y que devengarán pensiones en la franja más onerosa del sistema.
Y avanzará más aún por el activismo en la mejora de las rentas de los pasivos, y la precaución en la mejora de los salarios; la incógnita no se despejará si los sueldos suben X y las pensiones, 3X. Las cuantías de las pensiones subieron en enero un 8,5%, porque tal fue la inflación media generada en los 12 meses del ejercicio y tal la decisión gubernamental, haciendo abstracción de la situación financiera del país. Así, desde enero hay por vez primera más de 10 millones de pensionistas, y la nómina roza ya los 12.000 millones de euros cada mes (24.000 millones en julio y diciembre por las dos pagas extras), con un crecimiento hasta febrero del 11,58%, frente al 6% de 2022 y poco más del 3% en 2021.
Así, el diferencial con los sueldos que sostienen las prestaciones se complicará más aún, pues los convenios solo recogen subidas en torno al 3% este año para la mitad de los asalariados que hasta ahora tienen comprometida una subida, y donde las cláusulas de revisión para corregir la inflación son muy limitadas en cantidad y en calidad. En 2023 puede haber subidas superiores, pero la mejora de las mismas camina muy lenta, con la inmensa mayoría de los convenios parados, mientras la inflación corroe sueldos y ahorros.
Las causas de disponer de sueldos relativamente tan modestos frente a las pensiones están en la estructura productiva del país, muy intensiva en servicios de bajo valor y poca o nula progresión de la productividad y en construcción, así como en la fragmentación del empleo en contratos a tiempo parcial, que fragmenta la contrapartida monetaria.
Está también en el desigual retorno o tasa de sustitución de la primera pensión sobre el último salario, artificialmente cebado por la acumulación de las “solidarias” normas políticas y económicas; está en la pasividad sindical en la defensa de mejores condiciones de trabajo, con una presencia testimonial en sectores enteros; está también en la inevitable devaluación salarial que recuperó el empleo tras la feroz crisis financiera y de balanza de pagos que devoró la competitividad; y está, cómo no, en las políticas económicas que perpetúan este castizo modelo económico.
Las generaciones mayores concentran la gran mayoría de la riqueza financiera e inmobiliaria del país, mientras que las más jóvenes acaparan las deudas y tienen dificultades crecientes para adquirir vivienda. Tendrán que echarle una pensada seria al asunto quienes tomen las decisiones ahora y en el porvenir. La situación no puede perpetuarse y agravarse. Habrá que repensar el reparto de la renta salarial, fiscal y de retiro para hacer más esfuerzo con las generaciones emergentes, porque el país que destina más recursos al pasado (los mayores) que al futuro (los jóvenes) complica su porvenir y su convivencia.
José Antonio Vega es periodista
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