ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr sumaron ventas en obra pública española por 22.000 millones en 2007, cuando la construcción tocaba techo en España. La crisis y los consiguientes recortes de inversión pública han ido desinflando hasta la mitad esa cifra. Al cierre de 2011, las seis juntas declaran 11.200 millones y esperan nuevos tijeretazos.
A instancias de Codere, ratifica el cierre provisional de los portales de Sportingbet Miapuesta.com y Miapuesta.es.
Fitch dice que las 'telecos' del sur de Europa seguirán sufriendo
El autor reflexiona sobre la reforma laboral y sus efectos en el colectivo de autónomos, pero advierte de la urgencia de solucionar otros temas pendientes a través de la anunciada ley del emprendedor.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer por 197 votos a favor la convalidación y tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley de la reforma laboral. El voto afirmativo de CiU al texto, que abarata el despido y da mayor flexibilidad al empresario, constata la buena salud de la relación entre los nacionalistas y el PP a pocas semanas vista de que se aprueben los Presupuestos.
BBVA no se da por satisfecho con la compra de Unnim. La entidad reconocía ayer que seguirán analizando posibles adquisiciones en España y defendió las bondades de la reforma financiera y las posibilidades de negocio que sigue habiendo en el sector. La operación anunciada el miércoles supondrá el cierre de 300 oficinas y la supresión de 1.300 empleos.
El Banco Central Europeo drena liquidez
iPad 3, evolución suficiente
Las comunidades y ayuntamientos dispondrán a partir del 1 de mayo de 35.000 millones a través de un crédito sindicado para saldar deudas comerciales con proveedores. El Congreso convalidó ayer el real decreto-ley que el Gobierno aprobó la pasada semana, que finalmente no se tramitará como proyecto de ley.
Deutsche completa su renovación
El código de buenas prácticas será obligatorio dos años para quien firme.
El 'pegamento' que une los mercados globales
Santander tiene más cerca ¿Catalunya Caixa?
Miguel Ángel Carballo, fiscal de la Audiencia Nacional, solicita una pena de dos años y cuatro meses de prisión para Díaz-Ferrán y Gonzalo Pascual y una indemnización de 99 millones por supuesto delito contra Hacienda tras la compra de Aerolíneas Argentinas.
