El Congreso convalida la reforma laboral por 197 votos a favor

PP y CiU exhiben su sintonía a las puertas de los Presupuestos

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por 197 votos a favor la convalidación y tramitación como proyecto de ley del real decreto-ley de la reforma laboral. El voto afirmativo de CiU al texto, que abarata el despido y da mayor flexibilidad al empresario, constata la buena salud de la relación entre los nacionalistas y el PP a pocas semanas vista de que se aprueben los Presupuestos.

La sintonía entre el PP y CiU es evidente. Los populares han votado a favor de los Presupuestos catalanes y los convergentes se han abstenido en la decisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que fijó el objetivo de déficit regional del 1,5% en 2012. Ayer, el PP recibió los votos de CiU, además de los de UPN y FAC, para convalidar el real decreto-ley de reforma laboral y perfila un escenario de entendimiento de cara a los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno aprobará el proyecto el 30 de marzo.

El de la reforma laboral fue un debate de más de tres horas en el que se alternaron el intercambio sosegado de argumentos con el cruce encendido de reproches entre la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y la portavoz socialista, Soraya Rodríguez. La ministra destacó que con la reforma se reduce sensiblemente el 75% actual de despidos improcedentes, "sin causa probada", se fomenta la contratación estable y se introduce el derecho individual a la formación. Báñez aludió a la "gran acogida internacional" que ha tenido la reforma en distintos organismos.

Soraya Rodríguez se empleó a fondo en contrarrestar los argumentos de la ministra al afirmar que se trata de "de una malísima reforma", una "barbaridad inútil para la creación de empleo" y "profundamente desequilibrada" porque confiere un mayor margen al empresario. "Esto solo posibilita un despido más rápido y más barato", añadió la portavoz socialista. Los socialistas presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo y se reservan la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, ya que consideran que hay varios artículos que vulneran la Carta Magna. El principal es el contrato de aprendizaje con un año de prueba, periodo durante el que no hay indemnización por despido del trabajador.

La ministra, enojada, retomó la palabra para recordar a Soraya Rodríguez que las reformas laborales del PSOE son las que "más precariedad laboral" han generado, como por ejemplo los contratos basura, la reducción de la prestación por desempleo que se hizo en los 90 y la posibilidad de encadenar contratos temporales sin tope, recogido en la reforma laboral de 2010. Báñez echó en cara también a los socialistas la supuesta utilización fraudulenta de fondos para el empleo en Andalucía y justificó algunas medidas contenidas en la reforma laboral (la generalización del despido con 33 días de indemnización y la supresión de la autorización administrativa en los ERE) para alinear el ordenamiento jurídico de España con el de su entorno. Sobre la inconstitucionalidad del contrato de aprendizaje, Báñez respondió que hay convenios sectoriales y de empresa en vigor que ya recogían un periodo de prueba de un año.

Soraya Rodríguez reprochó a la ministra que el Gobierno utilice las cifras de desempleo como "coartada" para presentar esta reforma laboral, que no se ha hecho sobre la base del diálogo social, en opinión de los socialistas. La ministra emplazó a la portavoz socialista "a abandonar las pancartas y las movilizaciones" y a presentar enmiendas.

Enmienda sobre políticas activas

CiU confía en introducir sus enmiendas al texto. La coalición valora que la reforma introduzca mecanismos para adaptar la empresa al ciclo, la reducción del coste del despido, la clarificación de los improcedentes, la eliminación de las autorizaciones administrativos para los ERE, la incorporación del derecho a la formación y el papel más activo de las ETT en la colocación. Pero CiU quiere asegurarse de la efectividad de los planes de recolocación en los ERE de empresas de más de 50 empleados y que se incluya una enmienda que permita a las autonomías desarrollar medidas de políticas activas de empleo distintas a las diseñadas por el Gobierno. CiU se ha asegurado ya que Empleo aceptará esta enmienda en el trámite en el Congreso.

El portavoz de CiU, Carles Campuzano, aseguró que la tramitación tiene que pulir la normativa para que no produzca un incremento de la litigiosidad laboral, se avance en el modelo austriaco de indemnización por despido y en el denominado contrato dual para compatibilizar formación y trabajo. Por su parte, Emilio Olabarria, de PNV, aseguró que "la Constitución sale vapuleada".