El consejo de administración de Altadis ha decidido proponer a la junta general de accionistas que la compañía celebrará el próximo 9 o 10 de junio un cambio en el marco de la retribución a sus miembros. La compañía pretende que los accionistas aprueben un máximo bruto anual de retribución que se situará en tres millones de euros. El consejo de Altadis cobró el pasado año 1,076 millones de euros, sin contar el salario de los consejeros ejecutivos. Fuentes de la compañía aseguraron ayer que el consejo volverá a cobrar lo mismo este año.
Snow es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El fin de semana dijo que la caída reciente del dólar no le parece exagerada, con lo que hizo buena la tesis manejada por los expertos desde hace varias semanas de que la Administración Bush apuesta por una moneda débil. Las Bolsas reaccionaron ayer con fuertes caídas a este fenómeno.
Sony convierte España en el centro logístico del sur de Europa y Magreb
La dirección del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) aprobó ayer un documento complementario a las reformas del canciller Schröder para equilibrar los contenidos que se someterán a discusión en el congreso del partido el 1 de junio. Las nuevas medidas suponen subir los impuestos de sucesiones y de ventas de acciones. El canciller amenazó de nuevo con su renuncia si se bloquea su programa de reformas.
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Bionor pondrá en marcha el próximo mes de junio sus nuevas instalaciones de Berantevilla (Álava) con la intención de liderar la producción nacional de biodiésel, ya que el centro tendrá capacidad para generar 20.000 toneladas al año. El proyecto, que supondrá una inversión de 7,2 millones, está impulsado por las empresas de recogida de aceites Ecogras y García Mendoza y por el Gobierno vasco.
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Revista de Prensa
La Comisión Europea multará mañana al antiguo monopolio telefónico alemán por fijar tarifas que impiden deliberadamente la entrada de nuevos competidores. Cinco años después de la liberalización en Alemania del llamado bucle local, Deutsche Telekom domina ese tramo de mercado gracias a que, según Bruselas, cobra más por el alquiler de la línea a las empresas rivales que a sus clientes finales.
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