Los riesgos de la banca en la sombra para el pequeño inversor
La financiación de empresas al margen del sector bancario se ha disparado y presenta algunas dudas
Tras la Gran Crisis Financiera (2008) y después de más de una década de una política monetaria expansiva sin precedentes históricos, nos enfrentamos a los retos que ha producido la utilización de herramientas no convencionales por parte de los bancos centrales, gobiernos e instituciones multilaterales. La política de tipos de intervención al 0% utilizada por la Reserva Federal (Fed), el BCE, Banco de Inglaterra, y la mayoría de las instituciones monetarias de los países desarrollados, ha afectado de manera directa a los inversores en general, y a los perfiles más conservadores en particular.
El incremento de los requerimientos de capital a los bancos en prácticamente todos los países desarrollados ha reducido el retorno sobre el capital para sus accionistas. De hecho, hasta que se iniciaron las subidas de tipos de interés tras la crisis de la pandemia Covid 19 para controlar la inflación, las acciones bancarias han estado muy penalizadas y han tenido que esperar a la reconstrucción de los márgenes de intermediación para que se recupere el interés de los inversores tras más de una década perdida.
La inyección de capital por parte de los gobiernos en las entidades bancarias que se realizó a partir del año 2008, ha provocado que, tanto la opinión pública occidental como la clase política, vigilen muy de cerca el denominado riesgo moral, moral hazard en inglés, que supone la colectivización de las pérdidas de las entidades financieras cuando son intervenidas. Con la doble actuación, al obligar a las entidades a dotarse de un mayor capital y hacer corresponsables de las pérdidas a los tenedores de deuda subordinada bancaria, se ha forzado a los inversores a asumir niveles de riesgo sustancialmente mayores a los que se tomaban al utilizar este tipo de activos antes de 2008.
Otra de las consecuencias -dentro del panorama bancario- que se ha consolidado en la última década ha sido la de la menor propensión de los bancos tradicionales a prestar a empresas y, de forma muy especial, a las que son considerados como los peores riesgos. En cambio, la financiación que otorgan los diferentes tipos de fondos de capital riesgo ha tenido un desarrollo muy relevante.
Es destacable el caso del mercado inmobiliario promotor español, donde los fondos se han convertido en los financiadores de las empresas promotoras sustituyendo a las entidades bancarias, y ahora, en algunos casos, comparten márgenes y riesgos.
Hay que recordar que este doble rol -financiadores y socios- fue asumido por algunos bancos y cajas de ahorro con anterioridad, lo que se demostró a la postre ser un error estratégico.
El shadow banking o banca en la sombra, quedaba definido por el Fondo Monetario Internacional en 2014 como la actividad crediticia fuera del sistema bancario tradicional, estimando que alcanzaba el 25% del conjunto de la actividad. Desde entonces, esta modalidad ha mantenido su pujanza, y en los últimos meses, tanto analistas financieros como reguladores, han mostrado su preocupación al respecto.
En febrero de 2024, la Fed reportaba que en el ejercicio 2023 este tipo de actividad se había incrementado casi en un 13%, frente a un crecimiento del 3% del total de la actividad crediticia. Los reguladores han empezado a mostrar su preocupación por la falta de información de la que disponen y especialmente de forma comparativa con la que tienen cuando los bancos realizan su actividad de la forma tradicional.
Según publicaba el diario Financial Times, el porcentaje de este tipo de operaciones ha superado dentro del balance de los bancos americanos al peso de los préstamos para la compra de automóviles y se encuentra ligeramente por debajo de la financiación vinculada al uso de las tarjetas de crédito. En 2010 el total de la actividad alcanzaba 50 billones de dólares y en la actualidad JP Morgan en solitario dobla ese volumen.
¿Puede la nueva forma de financiación afectar a la inversión del ahorro de las familias y empresas? Aunque se trata de los inversores más conservadores dentro de la cadena inversora, no sería la primera vez que se les transmite este riesgo de forma indirecta. Así, el conjunto de la sociedad puede ver reducida la solvencia del sistema financiero si fallan los actuales controles. No debemos olvidar que la citada solvencia del sistema tiene un papel angular para la actividad económica, como duramente ya aprendimos en la Gran Crisis Financiera.
Desde el punto de vista más técnico, debemos analizar si el nivel de riesgo asumido es retribuido de forma adecuada y si, como ha pasado en situaciones anteriores, el producto que llega a los inversores particulares se ha encarecido sustancialmente.
Históricamente la renta fija privada -entendida como la deuda de empresas emitida en mercados organizados- se ha percibido como un producto opaco y con poca liquidez. No parece probable que esta nueva forma de financiación aporte o ayude a mejorar esta situación, más bien todo lo contrario: facilitar el acceso directo, o a través de fondos de inversión, a las familias y empresas a la renta fija privada cotizada, por un lado, mejorará las condiciones de financiación de las propias empresas permitiendo a los tenedores de los activos obtener una rentabilidad adecuada en función del riesgo asumido; pero por otro lado, se debe poner en valor que contamos con una metodología de análisis y con la participación de empresas muy especializadas, que previsiblemente redundará en menores costes transaccionales y de intermediación.
Tras esta reflexión, nuestra conclusión es parecida a la que debimos realizar antes de la crisis de 2008: en el momento actual existe un volumen importante de financiación apalancada en los mercados, situación que debemos vigilar atentamente los gestores de fondos para entender a los riesgos a los que nos enfrentamos.
Rafael Peña es socio gestor y socio fundador de Olea Gestión
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