Las trabas que sufren las pymes encargadas de la transición energética: burocracia, impagos, absentismo y falta de técnicos
El sector de instalaciones y servicios del metal reivindica su labor en el suministro de agua, luz, gas o internet. La patronal pide que se las catalogue como compañías servindustriales
Son los responsables de hacer realidad la transición energética. Sobre sus hombros recae la instalación de plantas de autoconsumo fotovoltaico y bombas de calor y la gestión de puntos de acceso y conexión a la red eléctrica o las ayudas que necesitan hogares, comercios e industrias para acometer sus inversiones. Hasta ofrecen asesoría para impulsar el ahorro de luz y garantizan el funcionamiento del circuito eléctrico, la calefacción, el aire acondicionado o internet. Dan mantenimiento y reparan maquinaria, bienes de equipo, productos metálicos y equipos eléctricos. Sin embargo, este sector, compuesto mayoritariamente por pequeñas empresas –siete de cada diez de un total de 220.000–, opera en condiciones críticas.
Esta actividad transversal y heterogénea es casi invisible porque está dentro de un grupo amplio de sociedades que incluye a fabricantes, comerciantes y proveedores de servicios del metal o de la construcción especializada (CNAE). Por eso, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) reivindica esa labor esencial y desconocida que realizan y pide que se les denomine compañías servindustriales. Al tener entidad propia, las empresas podrían acceder a convocatorias de ayudas públicas y flexibilizar unos convenios laborales adaptados a sus particularidades.
“Los oficios no son interesantes como vías de desarrollo profesional. No es un problema sectorial, sino de sociedad”, reconoce con pesar Jesús Román, secretario general de la Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Climatización de España (Fenie), que forma parte de la patronal. Esta realidad afecta al conjunto de las compañías de instalaciones y servicios del metal.
El valor económico de estas actuaciones no es nada desdeñable. Supera el 8% del PIB y la fuerza laboral llega a 670.000 trabajadores entre instaladores, reparadores y mantenedores, 860.000 si se incluye a los autónomos, calcula Confemetal en un informe presentado en abril que recoge sus necesidades y prioridades en 11 puntos. Solo los profesionales vinculados al área de construcción generan 23.780 millones de euros, el 1,5% del PIB, estiman. Desde la patronal explican que el elevado nivel de desagregación de la actividad en las estadísticas oficiales dificulta cuantificar su contribución total.
Antonio Yago Alonso, CEO y gerente de Lymsa, una pyme de estructuras y construcciones metálicas, sufre la desafección por el oficio de las nuevas generaciones. “La falta de implicación del trabajador es visible. El montaje requiere desplazamientos y estancias semanales en otras ciudades, lo que implica pasar muchos días fuera de la empresa, y la gente joven no está tan involucrada en estos trabajos tan duros”, lamenta Alonso, también presidente de la Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas (Ascem), que aglutina más de 100 compañías.
El elevado absentismo y la falta de relevo generacional agravan la situación, aunque la actividad adolece también de una enseñanza reglada. “No existe el contrato de prácticas ni una formación específica de montaje. Siempre se había traspasado ese conocimiento de los empleados veteranos a los más jóvenes, pero esa cadena se rompió hace tiempo”, apunta. Desde Fenie, que agrupa 15.000 empresas, la mayoría micropymes y autónomos, trabajan en la creación de un portal para dar a conocer la ocupación del instalador eléctrico y las oportunidades laborales que conlleva.
También sucede, en el caso de los instaladores, que “los alumnos de FP no pueden acceder a las prácticas porque las plataformas a cargo de esta gestión, que controlan que se cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales, no recogen la categoría de alumno, lo que impide el desarrollo de formación dual en el sector”, critica Román. Una traba que ya han trasladado al Ministerio de Educación y al de Trabajo.
Fiscalidad y morosidad
La carga tributaria y los impagos por parte de la Administración son otro dolor de cabeza que afecta a la salud financiera. A raíz de la ley de inversión del sujeto pasivo, implementada durante la crisis financiera, las compañías constructoras y las subcontratas que ejecutan la obra tienen que asumir el IVA de la compra de materiales, no así el promotor, explica Alonso.
Sin embargo, el plazo de reembolso del Ministerio de Hacienda sobrepasa los 60 días que estipula la norma. “Ese IVA no se nos devuelve ni a los 90, 120 y ni a los 240 días, lo que ocasiona un descuadre en la tesorería. Pedimos que Hacienda cumpla los plazos o se nos dé un documento cambiario, un pagaré o contrato confirming que nos permita negociar con el banco y que sean la entidad financiera y el Gobierno quienes pacten el interés devengado hasta que Hacienda pague el 100% pendiente”, sugiere. Ascem ha trasladado esta pretición a dicho ministerio, pero todavía no ha recibido una respuesta.
Esta asociación reclama además que se fije un cupo o un arancel desde Europa a los elementos manipulados o fragmentados de acero que vienen desde Asia. “Estamos viendo cómo constructoras asiáticas ejecutan las estructuras con mano de obra externa, incorporando estos productos de baja calidad, sin marcado CE ni trazabilidad productiva, en proyectos logísticos e industriales en España”, denuncia. Desde Eurometal se están recogiendo firmas para trasladar esta situación a Bruselas.
“Somos los que ponemos en marcha fábricas, hospitales, viviendas que deben tener agua, electricidad o puntos de recarga para que los coches funcionen. Intentamos poner en valor estas empresas de servicios, que están dentro de la industria y, por tanto, tenemos que cumplir unos requisitos regulatorios, de formación, seguridad y cada vez más de inversión tecnológica”, aduce Francisco Alonso, presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Energía y Fluidos (Conaif), que congrega 22.000 empresas, el 90% de ellas pymes.
A Alonso, también dueño de grupo Sima, le preocupa también el intrusismo, “cuando hay personas que realizan labores de técnicos especializados sin tener los conocimientos ni los certificados necesarios. Lo más preocupante es que no hay inspecciones”. Y es especialmente grave, alerta, en la manipulación de gases fluorados, control de fugas o recuperación de refrigerantes. “Solo se cumple la normativa en Cataluña y Madrid”, asegura el documento. Alonso recuerda que cada comunidad cuenta con un registro industrial en el que figuran los instaladores autorizados.
La rigidez de los convenios es otra barrera que resalta Román. “Nos encontramos dentro del metal, que es muy generalista. Engloba a joyeros, talleres de coches, constructores de parques infantiles, y no recoge nuestras particularidades; necesitamos flexibilidad”, insiste. Se refiere a la limitación de horas extras por trabajador y a que tampoco pueden contratar porque no encuentran personal, ilustra. Además, reclama que se incorpore la actividad de mantenimiento y reparación y que se estipule que su centro de trabajo está en la instalación del cliente.
“Acompañamos desde el principio y hasta el final de la obra. Asesoramos y damos mantenimiento. En la pandemia y en el apagón se constató nuestra relevancia para el funcionamiento de infraestructuras críticas, la cadena alimentaria y de frío, hogares y servicios sanitarios”, defiende Miguel Ángel Gómez, presidente de Fenie.
Avances y normas ambientales
Economía circular. Si hay algo de lo que presume el sector de los servicios del metal es de la sostenibilidad de los materiales. “La estructura metálica para la edificación industrial y civil, desde que se fabrica, se instala y se destruye, es la única susceptible de reutilizarse y reciclarse al 100% y que cumple con los requisitos de circularidad”, afirma Antonio Yago, CEO y gerente de Lymsa, quien añade que las empresas de laminación utilizan energías renovables (eólica y fotovoltaica) en el proceso de producción del material a partir de la chatarra. “Estamos reutilizando el 100% de la que se genera en España”, asegura.
Marcado CE. Ante las estrictas normativas europeas y ambientales que deben cumplir estos materiales, así como la propia actividad, desde la Asociación para la Construcción de Estructuras Metálicas (Ascem) invitan a los estructuristas a que cumplan con la regulación y obtengan el marcado CE. Es el símbolo obligatorio que indica que un producto cumple los requisitos de seguridad, salud y protección ambiental de la Unión Europea. Una directiva de obligado cumplimiento en España desde 2010. Además, la patronal aboga por que los ayuntamientos exijan este sello.
Sustancias tóxicas. Al sector le inquieta además la gestión y traslado del amianto a gestores autorizados, en concreto desde Canarias. La Ley 3/2023 de Economía Circular de Andalucía prohíbe la entrada de residuos peligrosos (incluido este mineral) desde otras comunidades autónomas para su vertido en vertederos locales, salvo excepciones motivadas por solidaridad interterritorial. Y el País Vasco, Galicia y Cataluña preparan regulaciones similares. “Aunque es un problema territorializado que afecta especialmente a Canarias, su evolución puede llegar a tener efectos a nivel nacional”, advierten desde Confemetal. El archipiélago carece de gestores y sistemas de recogida para este tipo de desechos por su fragmentación (doble insularidad) y condición de ultraperiférica, puntualizan.