Particulares y empresas sufren fallos técnicos y legales en sus plantas de autoconsumo solar: “Con el bum, las compañías iban con la lengua afuera”
Tras la caída de la actividad, decenas de firmas han cerrado o abandonado el negocio, dejando tirados a miles de clientes
En 2021, Carlos García (nombre ficticio) invirtió 5.700 euros –IVA incluido– en una instalación de autoconsumo fotovoltaico de cinco kilovatios (kW)en su vivienda unifamiliar. Cuatro años después, el emplazamiento empezó a darle problemas. “La producción de energía bajó a la mitad; no habían hecho bien la conexión”, relata este particular que prefiere el anonimato porque la empresa contratada entonces opera aún en el mercado.
Miles de empresas y particulares afrontan fallos técnicos o legales en sus plantas de autoconsumo cuatro o cinco años después de su instalación. El inconveniente es que algunas de las instaladoras han cerrado o abandonado el negocio y los clientes han tenido que recurrir a otras firmas para subsanar el daño, con el coste adicional que eso supone.
El autoconsumo solar se disparó en España entre 2020 y 2022 debido a las ayudas desplegadas por el Gobierno tras la pandemia y la eliminación en 2018 del impuesto al sol. El pico histórico llegó con la invasión rusa en Ucrania. Solo en ese ejercicio se instalaron 2.507 megavatios (MW), para una espectacular alza del 108% con respecto a 2021, como muestra el gráfico, avivado también por la escalada del precio de la electricidad que provocó el conflicto –el megavatio hora llegó a superar los 300 euros en el mercado mayorista–.
El bum produjo un crecimiento acelerado en la actividad. Se crearon nuevas empresas, desembarcaron otras y las existentes anunciaron ambiciosos planes de expansión o ampliaron plantilla para atender el auge de la demanda. Con el fin de las subvenciones en 2023 y la bajada del recibo de la luz llegó la sequía, la actividad se desplomó y muchas compañías bajaron la persiana, se marcharon del país o entraron en concurso de acreedores. Y ahora, después de la vuelta a la calma, algunos equipos colocados durante esa época de euforia comienzan a registrar desperfectos, como el bajo rendimiento que cuenta García. “La empresa no ha quebrado, sigue funcionando, pero la persona con la que había suscrito el contrato ya no estaba, ni el electricista que hizo la actuación”, arguye García como razón para acudir a otra sociedad para su resolución.
José María González Moya, director general de Appa Renovables, explica lo sucedido: “Hubo empresas no especializadas que entraron en el sector (instaladoras de gas o electricidad que no habían hecho autoconsumo) porque vieron una oportunidad de negocio, ya que la demanda era alta por las ayudas. Algunas [obras] se hicieron sin la calidad suficiente”. González Moya apunta que la mayor parte de los casos aflorados es por tramitación inadecuada de permisos, autorizaciones, e incluso de las propias ayudas. “Las empresas iban con la lengua afuera; se dio ahí una tormenta perfecta”, ilustra. Sin embargo, el portavoz asegura que no es un problema generalizado, que ya no se está dando esta situación, que la actividad ha vuelto a la normalidad y se está haciendo un esfuerzo por ofrecer soluciones a los consumidores afectados.
“Se generó con el bum, tiene que ver con una coyuntura muy específica: no había compañías suficientes para absorber las peticiones”, corrobora Gonzalo Gómez, responsable de tecnologías de Fundación Renovables, quien afirma que es una situación pasada. “El mercado ha madurado”, recalca.
Desde la patronal fotovoltaica Unef dicen que no les consta que haya quejas con respecto a una mala calidad de los trabajos realizados. “En 2022, los altísimos precios de la energía y las ayudas europeas motivaron un crecimiento del mercado del autoconsumo y la creación de nuevas empresas para cubrir esa subida de demanda. Desaparecidos esos motores coyunturales, se volvió a una senda estructural que supuso una caída del 50%. En ese desplome ha habido organizaciones que no han encontrado su hueco, sobre todo aquellas especializadas en el sector residencial y de servicios”, añaden.
Ambas patronales no han contabilizado cuántas compañías han desaparecido por el camino tras el cambio de ciclo; desde Appa Renovables calculan que fueron decenas de empresas. Tampoco identifican a las firmas. Holaluz, SolarProfit, Svea Solar y EiDF son algunas de las sociedades que anunciaron reestructuraciones y despidos, como ha recogido la prensa, y según fuentes empresariales del sector renovable, de ellas proceden parte de los consumidores perjudicados.
La catalana Holaluz informa de 18 casos por retrasos en la legalización y la gestión de 550 revisiones de un total de 10.000 instalaciones. “Como en cualquier compañía, en la nuestra también hay incidencias; son marginales, dentro de la normalidad”, defienden. Además, reconocen que el fuerte incremento de la actividad de hace cuatro años ha generado retos operativos en todo el sector, sobre todo en los procesos administrativos de legalización, “que dependen de cada comunidad autónoma”, y la adaptación de las redes eléctricas. “Nos hacemos cargo del impacto económico que pueda acarrear. Damos prioridad a las urgencias en plazos de 24 a 48 horas, nuestros clientes se benefician desde el minuto uno de la compensación de excedentes y están protegidos ante problemas de mantenimiento”, aseguran.
Haz Energía atiende a unos 20-30 clientes al mes desde 2025 por este motivo. “En algunos casos tenemos que hacer actuaciones en obra, pero la mayoría es por falta de legalización, de la documentación que acredite que la instalación está terminada, y que es necesaria para cobrar la ayuda”, detalla Pablo Corredoira, socio de la compañía.
Corredoira culpa al Ministerio de Transición Ecológica de la situación por crear con las subvenciones un arranque-parada. “Hubo un efecto llamada porque el mercado se multiplicó por tres, entraron muchas firmas que no eran del sector para conseguir dinero, que no eran profesionales ni estaban especializadas; hicieron las cosas mal y no atendieron a los clientes”, critica. En Appa Renovable son partidarios de que el coste de la instalación se deduzca en el IRPF, como acaba de anunciar el Ejecutivo en la actual crisis energética por la guerra en Oriente Próximo.
Sectores
No solo particulares y empresas se han visto afectados, también industrias que buscaban un ahorro en la factura. Manuel Cócera, CEO y cofundador de la compañía y Tú, perteneciente a la suiza Youdera, señala a las de alto consumo energético como agroalimentación, química y farmacéutica; la de transformación de materiales como metales y plásticos; hoteles y grandes superficies. Y agrega que “aunque observamos este año una ligera bajada en la incidencia respecto a ejercicios anteriores, probablemente porque algunos instaladores que operaron en el bum ya han salido del mercado, la realidad es que seguimos encontrando fallos significativos en la mayoría de los activos que auditamos”.
Esta compañía, que aterrizó en España hace un año, realizó un estudio en 10.051 organizaciones con plantas activas. De ellas, el 57% desconoce si su instalación funciona de manera óptima y el 13,2% dice que incumple con las expectativas de ahorro proyectadas inicialmente. Los fallos más frecuentes: bajo rendimiento técnico (37%) por degradación prematura, desperfecto en los inversores, zonas con sombras, salto de protecciones o falta de limpieza; inseguridad administrativa por estar mal legalizadas (36%), lo que impide el cobro de excedentes o el acceso a las ayudas; y abandono del instalador original (24%) debido al cierre de la firma o que se han trasladado a otras áreas, dejando al cliente sin servicio técnico ni garantías, resume el informe.
El documento recoge también un caso real: un grupo de agroalimentación salmantina con tres plantas solares, pero que una de ellas (en suelo) se desconectaba de manera periódica, perdiendo en torno al 40% de su potencial generación. Y la otra operaba como una caja negra: no se podía conocer su producción ni confirmar si funcionaba correctamente. “Ninguna cumplía con las recomendaciones del fabricante, estaban fuera de garantía y no se ajustaban a la normativa de baja tensión, un riesgo para la empresa y sus empleados”, resaltan.
García logró solucionar el fallo con otra compañía y añadió una batería de 5 kWh, la tendencia. “Hoy, es más barato. Con lo que me ahorré cuando se dispararon los precios en 2022 y una exención de IBI que tenía en mi ayuntamiento, ya está pagada”, celebra. La factura más cara que paga es de 150 euros.
¿Dónde y cómo reclamar?
En general. María González Moya, de Appa Renovables, recomienda acudir al Ministerio de Consumo si la empresa ha desaparecido, o a los tribunales como último recurso. Pero, sobre todo, advierte al consumidor de que no se fije solo en el precio, sino también en la calidad de los equipos y en la solvencia de la empresa. Desde Unef aconsejan elegir compañías certificadas y con experiencia. “Contamos con un sello que, a través de la formación de los instaladores eléctricos y auditorías a las firmas, asegura que se hace con la calidad y el seguimiento adecuados”, sostienen. Pablo Corredoira (Haz Energía) pone el acento en seleccionar firmas que se dediquen a la solar y exigir el dosier de legalización. Y Gonzalo Gómez (Fundación Renovables) insta a buscar asesoría en la OCU o la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
En los equipos. En caso de que la empresa se encuentre en concurso de acreedores (quiebra), la CECU sugiere comprobar en el BOE si el administrador concursal ha creado una web para los clientes afectados. “Si el fallo está en los materiales (paneles, inversores, baterías), se puede ejercer la garantía de producto –de tres años mínimo– directamente al fabricante”, detallan. En el supuesto de que sean los paneles solares, indican que ostentan de una de producto y otra de rendimiento, con una duración que varía entre 10 y 25 años. Mientras que la de un inversor es de entre 5 y 10 años, y la del fabricante puede ser de hasta 15 años.
En la instalación. Si se llevó a cabo por una firma distinta de la que está en quiebra, puede dirigirse a la instaladora, orienta la CECU. Si no responde, debe interponer una reclamación a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) o acudir a su asociación de consumidores. Si tiene un seguro contratado, revise las condiciones para ver si la contingencia está cubierta, añaden. Además, si la instalación ha sido financiada con un “crédito vinculado”, puede recurrir a la entidad bancaria.
Información y asesoría. La CECU anima, en general, a comparar presupuestos. No solo a fijarse en el precio total, sino en el de los equipos y las características y garantías que ofrecen tanto el fabricante como el instalador. “También es relevante el tipo de estructura sobre la que se soportará, el tipo de cableado y la calidad. Asegúrese de que se usan anclajes homologados y cables UV resistentes”, avisan. Verifique la experiencia del instalador, pida referencias, y que la empresa está habilitada y legalmente autorizada para realizar trabajos de sistemas fotovoltaicos, insisten. Pregunte si ofrecen un seguro en caso de quiebra o algún tipo de garantía en relación con la instalación. Por último, valore incluir un contrato de mantenimiento para garantizar la calidad del servicio. La vida útil de una planta es de 30 años.