Ventajas (y retos) de la inversión ASG en compañías no cotizadas
Los fondos de ‘private equity’ confían en los beneficios de la sostenibilidad pero encuentran trabas con las pymes, como la falta de información
Se calcula que en el mundo hay unos 30 billones de dólares en activos considerados ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno) bajo gestión, según los últimos datos de la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), y en estas considerables cifras también participan las gestoras de private equity o capital privado, cada vez más implicadas en estrategias con este enfoque medioambiental, social y de gobernanza.
La industria del capital privado “no deja de ser un catalizador de esa inquietud por transitar las compañías y los negocios hacia una modelo más respetuoso y sostenible. Y esta tendencia va a ir indudablemente a más en los años venideros”, cree David Martin, responsable de private equity Iberia en Tikehau Capital.
Desde Spaincap destacan la capacidad de influencia y control sobre estas compañías, frente a las bursátiles
En esta gestora lanzaron en 2018 el fondo de Transición Energética T2 “con la visión de que las empresas de mediana capitalización buscarían y necesitarían capital para abordar una economía baja en carbono”, recuerda el responsable de Tikehau Capital. Con 1.000 millones de euros recaudados hasta la fecha, consideran que la estrategia es un éxito, capital que les ha permitido realizar 14 inversiones en empresas en Europa en los sectores de movilidad baja en carbono, energía limpia y eficiencia energética.
Según José Luis del Río, vicepresidente de Spaincap, asociación que agrupa a las entidades de venture capital y private equity en España, y consejero delegado de Arcano, “dentro del capital privado, y más concretamente en la estrategia de private equity, convergen una serie de características que determinan la capacidad de influencia y control sobre las compañías en las que se está invirtiendo, algo que no ocurre cuando hablamos de compañías cotizadas”. Este experto menciona que el enfoque en el largo plazo permite tener tiempo suficiente para llevar a cabo una gestión activa de posibles cuestiones sociales y medioambientales que existan en la compañía, “alejándose de la volatilidad y las presiones a corto plazo típicas del mercado bursátil”.
Del Río añade, entre otras ventajas, también la alineación de intereses que existe, es decir, “como propietarios de compañías privadas, los fondos de private equity y los equipos directivos tienen objetivos comunes y entre otros, los sostenibles que pueden incorporarse al plan de incentivos de los equipos directivos”.
Retos y costes
Claudia Antuña, socia de Afi, afirma que la principal ventaja del capital privado frente a empresas cotizadas reside en la capacidad “de generar cambios en las compañías y de apoyar el desarrollo de nuevos productos o servicios que, en último término, generen un impacto positivo”. Sin embargo, en su opinión, esta ventaja es al mismo tiempo uno de los principales retos, ya que “el diálogo activo con las participadas y la implementación de planes de acción en términos de sostenibilidad exigen muchos recursos por parte de las gestoras y también en las propias compañías.
Además, los planes de acción suelen dar sus frutos, tanto en términos de valor como de sostenibilidad, en un horizonte temporal relativamente largo”, opina Antuña.
La implementación de planes de acción exigen muchos recursos, lamentan en Afi
Para Alfredo Bru, consejero delegado y fundador de Sherpa Capital, “la integración exitosa de consideraciones ASG puede no solo mitigar riesgos, sino también impulsar el valor a largo plazo de la empresa, lo cual ayudará a maximizar el retorno financiero para nuestros inversores a largo plazo”. Pero, este experto admite que el riesgo es que la inversión en capital privado “tiende a ser menos líquida, resultando en una menor flexibilidad para el inversor frente a cambios repentinos en el mercado”.
“Este modelo de gestión sostenible nos exige implantar una estrategia de diligencia debida sólida para evaluar y mitigar los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno, ser capaces de realizar una integración de estos aspectos de forma ordenada, implicar sus órganos de dirección y administración y a poner planes anuales de mejora. También exige encontrar los indicadores adecuados para medir el progreso de las compañías en términos de sostenibilidad a lo largo del período de inversión”, detalla Eva Lamalfa, directora de comunicación y responsable ASG de GED, y añade, “todo esto, sin incrementar de manera significativa los costes y el personal necesario para llevarlo a cabo”.
El tsunami regulatorio ya está aquí
Regiones. Miguel Zurita, socio director de AltamarCAM y presidente del comité ESG de la compañía, coincide en las oportunidades que ha abierto este tipo de inversión. No obstante, apunta que han observado diferentes grados de compromiso con la sostenibilidad de los gestores “según su ámbito geográfico, especialmente entre las regiones de Europa y Estados Unidos, donde existe una brecha más notable y donde en el caso de Estados Unidos estas cuestiones han tomado un cariz más político en los últimos tiempos”. Además, resalta que se enfrentan a retos como el “tsunami regulatorio que vive el sector”, en referencia a que la normativa “avanza a pasos agigantados y aborda muchos temas novedosos desde una perspectiva más adaptada a empresas cotizadas que a mercados privados”.
Información. Todos los consultados resaltan que las pymes tienen menos recursos y capacidades para dedicar a la divulgación de información sobre sus prácticas de sostenibilidad en comparación con las grandes empresas cotizadas, “por ello, es más difícil encontrar información pública detallada sobre el compromiso específico de las pequeñas y medianas empresas con la sostenibilidad”, admite Rocío Goenechea, socia directora de operaciones y responsable de relación con inversores de Oquendo Capital. Sin embargo, recuerda la puesta en marcha este año de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que tiene como objetivo establecer requisitos más rigurosos para aumentar la transparencia y la comparabilidad de la información sobre el desempeño ESG de las empresas, por lo que espera que “en los próximos años la información pública en materia de sostenibilidad de estas compañías mejore”.
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