¿Qué son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo?

Cada vez más fondos de inversión se imponen no invertir en empresas u otros fondos sin estos criterios

¿Qué son los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo?

Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) son un conjunto de reglas a seguir a la hora de tomar decisiones empresariales, incluyendo tanto criterios positivos sobre qué tipo de activos y proyectos son válidos para invertir en ellos, por su carácter positivo más allá de los criterios financieros, así como criterios negativos sobre qué tipo de activos y proyectos no son válidos para invertir en ellos.

Tal y como indica su propio nombre, los ASG se componen de criterios divididos por tres materias, que la SPAINSIF las identifica del siguiente modo:

Los ambientales, que concierne a cualquier actividad de la compañía que afecte de forma positiva o negativa al medioambiente y, en particular: emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética, agotamiento de recursos y contaminación química.

Los sociales, que concierne las cuestiones sociales relacionadas con la comunidad y, en particular: salud, educación, derechos humanos, derechos de los trabajadores y prácticas comerciales controvertidas.

Las de gobierno corporativo, que concierne las cuestiones de calidad de la gestión, la cultura y el perfil de riesgo de la empresa y, en particular: rendición de cuentas, órganos de gobierno, transparencia y lobby.

Los criterios ASG se nutren de: normas de obligado cumplimiento, principios normativos no vinculantes directamente, y de criterios autoimpuestos por la entidad que los aprueba. Además, las entidades también pueden unirse a asociaciones y otras formas asociativas para acordar criterios ASG, ejemplo de ello son la asociación SPAINSIF y la asociación INVERCO. Por lo tanto, los criterios ASG se hallan en continua evolución y cada vez se nutren de más normativa.

Cuando estos criterios se utilizan por parte de entidades dedicadas a la inversión, como entidades de capital riesgo o instituciones de inversión colectiva, estas inversiones se califican de inversiones socialmente y responsables (ISR).

Como ejemplo de criterios ASG para ISR se puede ver la Circular sobre la aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en la política de inversión de las instituciones de inversión colectiva (IIC), aprobada por la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).

La ausencia de una norma que contenga el conjunto de criterios ASG a seguir, para que una inversión se considere ISR, se debe a la necesidad de adaptar los criterios ASG a cada tipo de empresa e inversión. Si bien, inicialmente esto provoca que las empresas no tengan una obligación inmediata de adaptación a unos estándares concretos, con el paso del tiempo el conjunto de normas imperativas y autoimpuestas (por ejemplo vía asociaciones), crea un sistema que excluye del mercado a quienes no cumplan unos criterios ASG. Por ejemplo, a medida que cada vez más fondos de inversión se imponen no invertir en empresas u otros fondos sin criterios ASG, estos últimos se ven cada vez más forzados a aprobar sus propios ASG o adherirse al de alguna entidad de tipo asociativo o de fomento.

Finalmente, cabe destacar que el pasado 15 de enero de 2020, la CNMV aprobó el inicio de una consulta pública para modificar el actual Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Transcurrido el plazo del período de consultas, que finaliza el 14 de febrero de 2020, la CNMV modificará el Código de Buen Gobierno, con el objetivo de mejorar los criterios ASG referidos al gobierno corporativo, pero también con algunas medidas de materia ambiental y social. En consecuencia, con la reforma del Código de Buen Gobierno, se dará un paso más para mejorar tanto los criterios ASG como las ISR.

Con todo ello, por un lado: (i) las entidades de inversión se encuentran en una situación de necesidad de adaptación a los ASG, para no perder capacidad de captación de recursos en un futuro inmediato; y, por otro lado, (ii) las empresas se encuentran en la necesidad de aprobar criterios ASG para ser activos válidos para invertir en ellos.

Àlex Plana Paluzie, abogado área M&A en AGM Abogados.

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