Uno de cada cinco hogares españoles no puede poner la calefacción en invierno
La temperatura inadecuada es el indicador que peor evoluciona y afecta ya a entre ocho y diez millones de personas. El acceso al crédito y la burocracia ralentizan la rehabilitación de casas
En 2023 –último dato disponible–, un 20,8% de los hogares españoles no pudo calentar su vivienda adecuadamente durante el invierno, el 10,6% en la Unión Europea, según cifras de Eurostat publicadas en enero. Es el indicador que muestra peor evolución de los cuatro que determinan la pobreza energética y afecta ya a uno de cada cinco al dispararse desde 2021 (14,3%) debido a la crisis energética provocada por la invasión rusa en Ucrania.
Para José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, es un incremento significativo que llama mucho la atención en un año en el que se moderaron los precios de la energía y subieron los ingresos medios. Pese a la falta de información más actualizada (las cifras se conocen con un año de desfase), cree que, particularmente en este indicador, influye un cambio en el periodo de recogida de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Si bien en 2022 se realizó en el segundo cuatrimestre del año, en 2023 se hizo de febrero a mayo”, indica. Aun así, pese al matiz metodológico, Romero recalca que el aumento es preocupante.
Esto significa que hay ya 8,6 millones de españoles en esta situación de vulnerabilidad; 10,1 millones, según la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), lo que supone una subida del 45% en los dos últimos años. Aunque, si bien Jaime Jaquotot, patrono de la Fundación Energía Responsable, avanza que en 2024 la tasa cayó al 17,6%, a partir de un informe de la Plataforma Europea de Entidades Sociales, augura que el fin de las reducciones de impuestos y de las bonificaciones puede provocar un freno en la mejora o un empeoramiento.
Los descuentos en el bono social se recortarán a partir de julio y pasarán del 50% actual al 42,5% para los consumidores vulnerables y del 65% al 57,5% para los vulnerables severos. Y desde el 31 de diciembre de este año caerán hasta el 35% y el 50%, respectivamente. “Habrá que ver cómo evoluciona. Este mes se ha visto frenado por la nueva metodología de cálculo del PVPC [precio voluntario para el pequeño consumidor], que da un peso mayor al mercado de futuro, pero va a suponer un alza en la factura de las familias vulnerables”, vaticina Cecilia Foronda, directora de energía y personas de Ecodes.
Efectos
El alza preocupa, sobre todo, por las muertes que ocasionan las bajas o altas temperaturas extremas. “Solo en la última ola de frío, del 16 al 23 de enero de 2023, fallecieron 744 personas en España; 108 en un solo día, el 17 de enero”, apunta Jaquotot con cifras del Informe de seguimiento de pobreza energética que realiza la entidad que dirige con datos diarios sobre la mortalidad atribuible al exceso o defecto de la temperatura del Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Sanidad. En total, ese año se contabilizaron 7.780 decesos. Las comunidades autónomas más afectadas son Ceuta (26,6%), Melilla (20,3%), Andalucía (20,2%), Murcia (19,6%) y Castilla-La Mancha (19,4%), enumera. También empeora en Madrid (17,9%) y Cataluña (17,6%).
En términos globales, sin embargo, las medidas incluidas en el denominado escudo social desplegado por el Gobierno han frenado el auge de la pobreza energética, señala Romero. “El bono social ha sido el verdadero salvavidas al reducir un 10% en 2023 la brecha de déficit monetario entre un hogar en situación de pobreza energética oculta y de no pobreza; su desmantelamiento, aunque sea parcial, tendrá un efecto negativo”, afirma. La mejora de este indicador, que mide el gasto desproporcionado en el recibo de luz, ha hecho que los afectados se mantengan en tres millones, puntualiza Foronda.
“Hay que trabajar en los tres factores que la provocan: la renta disponible, el precio de la energía y la eficiencia energética”, opina Jaquotot. En este último punto se avanza a paso lento. “Las ayudas no llegan a la mitad de los afectados por desconocimiento, falta de puntos físicos de atención o incapacidad para tramitarlas, como les ocurre a las personas mayores que viven en zonas rurales, que no dominan internet, con analfabetismo o discapacidad”, explica. Unas barreras, incluida la financiación insuficiente, en las que coinciden Romero y Foronda. Menos del 1% de los fondos europeos destinados a este capítulo han sido solicitados o concedidos a dicho colectivo, lamentan en Ecodes.
Esta entidad, junto con la Federación Española de Consumidores y Usuarios, publicó en 2024 un informe que desvela que el 75% de los hogares en situación de pobreza energética es inquilina y que el gasto en energía por el mal estado de las viviendas puede suponer casi la mitad del precio del alquiler. “El nuevo plan nacional de renovación de viviendas, que empieza a redactarse liderado por el Miva [Ministerio de Vivienda], contempla incentivar la renovación del parque de alquiler con salvaguardas sociales que limiten la subida de la renta si se rehabilita con dinero público, pero no hemos detectado que se trabaje en la prohibición de alquilarla si tiene peor calificación energética”, dice.
El parque inmobiliario supera los 45 años: cuatro de cada cinco edificios son ineficientes. 20 millones de casas de las 26 millones existentes incumplen en eficiencia. Y ocho de cada diez cuentan con una certificación E, F o G, la peor en una escala que va desde la A, recuerda Laura Visier, directora de rehabilitación residencial de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).
Recetas
Derribar las barreras. José Carlos Romero, de la Cátedra de Energía y Pobreza Energética de Comillas, propone la creación de ventanillas únicas para que las familias reciban asesoría y acompañamiento; garantizar la financiación y el acceso a microcrédito o el emprendimiento social; automatizar parte de la tramitación para reducir la burocracia y formación. Romero menciona el proyecto Arce 2050 que impulsa el Ministerio de Vivienda y el Varex 2024, actuaciones exprés (aislamiento de muros, cambios de ventanas...) que analiza la Cátedra. Estas medidas pueden reducir un 40% el consumo de energía, calculan desde Green Building Council España, que participa en una iniciativa de este tipo en País Vasco.
Bancos de energía. La Fundación Energía Responsable trabaja en la creación de bancos de energía, que funcionan como los de alimentos. Las donaciones se hacen en kWh, en certificados de garantía en origen, de ahorro energético (CAE) o donaciones monetarias. El primero que se implantó fue en Salamanca en dos poblaciones bañadas por el río Tormes gracias a las donaciones de la central hidráulica Salto San Fernando, cuenta Jaime Jaquotot, patrono de la entidad. Visalia, Luz Solidaria, Luz Inclusiva, Fundación Naturgy o Delcae son algunos de los donantes, entre otras entidades públicas. Con un presupuesto superior a un millón de euros, más de 1.000 familias se han beneficiado.
Estrategia. Jaquotot considera también incluir los bancos de energía en los criterios de subastas de adjudicación de capacidad de nuevas instalaciones renovables y de almacenamiento y que el bono social llegue a más familias (solo se beneficia la mitad). Medidas que ha de recoger la Estrategia Nacional de Pobreza Energética 2025-2030, en consulta pública hasta hoy, opina.
Más ayudas. En la UCI plantean fijar ayudas concretas y subir el porcentaje de financiación para los hogares vulnerables. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acaba de iniciar la tramitación del Plan Social para el Clima, en consulta pública hasta el 21 de marzo, dotado con 9.000 millones de euros para la rehabilitación energética de viviendas, calefacción y refrigeración sin emisiones de consumidores y microempresas vulnerables, con la posibilidad de establecer ayudas directas, indica un comunicado del Miteco publicado el pasado día 24. Este plan se nutrirá del Fondo Social para el Clima, al que se le asignará 65.000 millones entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2032, de los que el 10,32% corresponderá a España.
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