El alza de los precios dispara el número de hogares que no pueden usar calefacción ni aire acondicionado

La población en riesgo de pobreza cae al 26% en 2022 y la que sufre carencia material severa se sitúa en el 7,7%

Belén Trincado Aznar

La población en riesgo de pobreza o exclusión en España disminuyó en 2022 hasta el 26% desde el 27,8% que se había registrado un año antes, mientras que un 7,7% de los ciudadanos declararon encontrarse en situación de carencia material severa, una mejora de seis décimas frente al 8,3% anotado por el INE en el ejercicio 2021. Por su parte, el porcentaje de población en situación de baja intensidad en el empleo pasó en un año del 11,6% al 8,6%, el menor nivel de la serie. Pese a estas mejoras, recogidas en la Encuesta de Condiciones de Vida que publica anualmente Estadística, en 2022 aumentó hasta niveles nunca vistos en la serie el porcentaje de hogares que no podía mantener la vivienda con una temperatura adecuada, hasta el 17,2%.

La mayor parte de los datos recogidos en la publicación que ha actualizado este lunes el INE responde al año anterior a la entrevista (2021), justo cuando los precios de la energía comenzaron a registrar subidas inéditas. Parte de la encuesta, no obstante, también describe la situación económica percibida por los hogares en el momento de la entrevista, que tuvo lugar en el segundo cuatrimestre de 2022.

En este contexto, la cantidad de hogares que no pudieron mantener la vivienda caliente superó el 30% al analizar únicamente al 10% más pobre de la población. Si se mete en la ecuación tan solo a los parados, la cifra alcanza el 29,7%, mientras que si se analiza únicamente a la población migrante de fuera de la Unión Europea, el volumen sube al 31,1%.

Los datos del INE también muestran el empeoramiento de otra serie de conceptos que conforman la encuesta. En 2022, por ejemplo, ascendió en más de dos puntos, hasta el 35,5%, el porcentaje de familias que declaró no tener capacidad para afrontar gastos inesperados, un imprevisto cuyo coste está fijado en los 800 euros. También subió del 32,7% al 33,5% la cantidad de hogares que no podían permitirse ir de vacaciones al menos una vez al año. Además, se situó en cifras inusualmente elevadas el volumen de familias que no podían comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días, hasta el 5,4%. En el caso de los hogares que conforman el 10% más pobre de la población, más del 15% no podían permitirse injerir alguno de estos alimentos cada 48 horas.

La población que sufre carencia material también suele declarar otro tipo de privaciones, según refleja el INE. Por ejemplo, es común haber tenido retrasos en los últimos 12 meses en el pago de la hipoteca, el alquiler, los recibos o en compras a plazos. También es habitual no disponer de automóvil, no poder sustituir muebles estropeados o viejos y no poder sustituir ropa estropeada o permitirse dos pares de zapatos en buenas condiciones. También es corriente que sea imposible reunirse con amigos para comer o tomar algo una vez al mes, no poder participar regularmente en actividades de ocio y no poder costear el internet.

En términos generales, atendiendo al perfil de la población en riesgo de pobreza o exclusión, el porcentaje asciende al 36,1% cuando se trata de personas con educación primaria o inferior; mientras que en el caso de las personas con educación superior esta tasa se reduce al 14,1%. Por tipo de familia, el 49,2% de las personas que viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes a cargo está en riesgo de pobreza o exclusión social.

En relación con la actividad, el 55,7% de los parados declaró estar en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 16,5% de los ocupados y el 17,4% de los jubilados. Por nacionalidad, el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión era del 21,9% para los españoles, del 39,6% para los extranjeros de la Unión Europea (UE) y del 60,4% para las personas extracomunitarias.

Pese a ello, el Gobierno saca pecho de la rebaja de la tasa del riesgo de pobreza y exclusión, que se situó en el 26%. Según destaca el Ministerio de Asuntos Económicos, se trata del dato más bajo registrado desde el año 2013. La cifra, además, permite “adelantar” ocho años la consecución del objetivo recogido en el Informe España 2050. El departamento que dirige Nadia Calviño atribuye esta mejora a “la eficacia de las medidas adoptadas para compensar a vulnerables y sectores más afectados y los positivos resultados de las reformas, que están permitiendo mejorar la situación de las familias”. “La mejora en las condiciones de vida, la reducción de la población en riesgo de pobreza y el mayor acceso al empleo son especialmente relevantes en el contexto de crisis internacional y elevada inflación”, añade.

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