La corrupción política y su efecto en el bienestar de los ciudadanos
Su persistencia y la “tolerancia” asimétrica del mismo, que ayuda a que se perpetúe, no solo tiene implicaciones sociales negativas, sino que también repercute en el crecimiento económico
La corrupción política es una realidad persistente en países con instituciones débiles o poco sólidas. España, pese a sus avances en las últimas décadas, sigue manteniendo frente a sus socios europeos ciertos déficits en la calidad de dichas instituciones. En consecuencia, en estas últimas semanas hemos seguido sumando supuestos casos de corrupción, una derivada de esta debilidad de las instituciones, a una larga lista de escándalos previos. Desde los casos emblemáticos de los años 80, como Filesa, hasta los más recientes, como el caso de los EREs en Andalucía o los casos Noos, Bárcenas y muchos otros, la corrupción ha dejado una huella en la historia política del país. Pero además de esos grandes casos, no podemos pasar por alto otros mucho más numerosos gestados a nivel local que han salpicado la geografía nacional, demostrando que la corrupción no entiende de tamaño ni de escala.
España es, por lo tanto, no solo un país donde los casos de corrupción han sido numerosos, sino también donde la alta percepción que sobre la misma se tiene. Según algunos datos, el país se sitúa entre los más afectados por la corrupción percibida en Europa, la cual se percibe, valga la redundancia, como llevada a cabo por los partidos políticos y sus representantes.
Investigaciones como las de Juan Luis Jiménez y José Abreu de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria muestran que esta afecta a todos los niveles de la administración. De los casi cuatro mil casos de corrupción conocidos en las dos últimas décadas, son las regiones de Andalucía o la Comunidad Valenciana las que acaparan el mayor número. Además, según estos autores, más del 18% de los municipios del país han experimentado al menos un caso de corrupción política, afectando a casi tres cuartas partes de la población total. En cuanto a dichos municipios, la lacra de la corrupción está más presente en municipios de tamaño medio y en aquellos con más de 100.000 habitantes, ya que al menos en el 92% de ellos se ha dado un caso. Finalmente, el 42% de los municipios españoles no solo han dado lugar a un caso de corrupción, sino que parecen repetir con asiduidad, mostrando múltiples casos, destacando en algunas ocasiones por su persistencia y gravedad.
En general, la radiografía hecha por estos economistas muestra que buena parte de estos casos tienen en la corrupción urbanística y en la malversación de caudales públicos el mayor número de casos. Es obvio que existe un vínculo claro entre la corrupción política y uno de los sectores que mayores “glorias” dieron al pasado crecimiento español. Por partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español son los más implicados, participando en más del 75% de los casos, lo que también se deriva, obviamente, por su mayor presencia territorial y de representación.
Pero, una vez conocidos estos casos, ¿qué reacción encontramos entre los ciudadanos ante estos eventos? Teóricamente, la persistencia de la corrupción constituye un desafío constante para las democracias, que deberían reaccionar castigando a aquellos que han delinquido, en primer lugar, castigándolos en las urnas y, en segundo lugar, haciéndoles pagar por sus delitos una vez son demostrados. Sin embargo, la corrupción en España parece desafiar incluso los mecanismos de responsabilización electoral de los políticos hacia sus votantes. Investigaciones como las realizadas por Pablo Fernández-Vázquez, Pablo Barberá y Gonzalo Rivero arrojan luz sobre cómo los ciudadanos reaccionan ante la corrupción y su impacto en las políticas gubernamentales. Se observa que los votantes tienden a minimizar la gravedad de la corrupción si este no enriquece al político.
Otros estudios llevados a cabo por Eva Anduiza, Aina Gallego, Jordi Muñoz, María Cubel, Santiago Sánchez-Pagés y Anastasia Papadopoulou, entre otros muchos, revelan que la identidad social influye de manera notable en las decisiones de los votantes. Existe un sesgo favorable hacia los políticos del mismo grupo con el que se identifican, atribuible a preferencias pro-sociales o a la percepción de mayor honestidad en los representantes del mismo grupo. Esta asimetría a favor de “los míos” puede explicar en parte por qué los votantes muestran mayor tolerancia hacia la corrupción cuando afecta a políticos de su misma afiliación política. Y todo apunta que esto no sucede solo en España.
La persistencia en la corrupción y la “tolerancia” asimétrica del mismo, que ayuda a que se perpetúe, no solo tiene implicaciones sociales negativas, sino que también repercute en el crecimiento económico de un país. La relación entre corrupción y crecimiento económico ha sido, sin duda alguna, objeto de considerable interés académico. Por ejemplo, habría que citar trabajos como los de Giorgio d’Agostino, J. Paul Dunne y Luca Pieroni que abordaron este tema desde una perspectiva centrada en el gasto público y la corrupción. También, otro ejemplo sería el trabajo de Klaus Gründler y Niklas Potrafke, que exploraron esta relación mediante el análisis de nuevas evidencias empíricas.
Los primeros encontraron que la corrupción afecta al crecimiento económico principalmente a través de su impacto en el gasto público. La corrupción tiende a disminuir el crecimiento al distorsionar la asignación de recursos públicos y afectar negativamente la eficiencia de los servicios gubernamentales. En contraste, Gründler y Potrafke examinaron la correlación (y causalidad) entre corrupción y crecimiento y encontraron que el PIB per cápita es un 17,5 % menor entre aquellos países cuya corrupción se sitúan una desviación estándar sobre la media. Estos autores señalan que la corrupción afecta al crecimiento a través de una menor inversión directa extranjera y una mayor inflación. No obstante, este último estudio está muy influenciado por la presentación de numerosos países gobernados por autocracias y niveles de desarrollo considerablemente inferiores comparados con los de España.
Así pues, la corrupción afecta negativamente al crecimiento al reducir tanto la eficiencia del gasto público como el volumen de inversión. No obstante, los canales por los cuales afecta pueden ser mucho más diversos. La cuestión es, por lo tanto, que la lucha contra la corrupción se convierte de este modo en una política que afecta positivamente al crecimiento y al bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, contrariamente a lo que podríamos pensar, parte de la responsabilidad de este déficit de bienestar generado por ciertos niveles de corrupción recae en los propios ciudadanos, pues solemos penalizar de forma asimétrica a quienes cometen los delitos. Todo debido a sesgos de identidad e ideología.
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