La Audiencia de Madrid revoca el archivo del caso Restalia e insiste en la competencia de la Audiencia Nacional para investigar
Los magistrados resuelven el último recurso pendiente de los exfranquiciados y se remiten al criterio fijado en noviembre sobre la inhibición a favor de un órgano central de instrucción
Nuevo capítulo en el caso Restalia. La Audiencia de Madrid ha revocado el archivo de la denuncia que varios exfranquiciados presentaron contra el grupo de restauración –que cuenta con marcas como The Good Burger, 100 Montaditos, La Sureña, Panther o Pepe Tac– y sus altos cargos por el presunto delito de estafa. De este modo, los magistrados dejan sin efecto la decisión del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, adoptada hace un año, de cerrar la investigación e insiste en que los hechos deben ser analizados por la Audiencia Nacional.
En un auto, con fecha del pasado 17 de enero y al que ha tenido acceso CincoDías, la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid ha vuelto a dar la razón a los denunciantes y a la Fiscalía y ha estimado sus recursos contra el archivo decretado, el 30 de enero de 2023, después de que el juez instructor afirmara que la denuncia no tenía “fundamento” y que las pérdidas sufridas por los denunciantes se debe a las consecuencias derivadas de la pandemia del Covid-19.
De este modo, la Audiencia de Madrid ha mantenido su criterio acerca de que la presunta estafa en el negocio de las franquicias debería ser investigado por la Audiencia Nacional. El pasado 24 de noviembre, esta misma sección ordenó al juzgado instructor que se inhibiera a favor del órgano central, al entender que se cumplen todos los requisitos para que éste conozca los hechos denunciados, tal y como solicitaron los exfranquiciados y apoyó el ministerio público.
No obstante, aún quedaba pendiente por resolver los recursos contra el sobreseimiento de las actuaciones. Al respecto, en una escueta resolución dictada casi un año más tarde, la Audiencia de Madrid ha destacado que los hechos denunciados podrían ser “constitutivos de los delitos de estafa en los que se habría empleado engaño a potenciales empresarios interesados en abrir determinadas franquicias para así lograr que firmaran los correspondientes contratos” y se ha remitido a su anterior pronunciamiento para justificar la nulidad del archivo de la causa.
Complejidad de la causa
En la resolución del pasado mes de noviembre, la Audiencia de Madrid destacó la “complejidad” de la causa al existir indicios de que el perjuicio causado es de unos 20 millones de euros, “suponiendo una grave afectación a la economía nacional”, y que los “múltiples” perjudicados –más de 80, apuntó– se reparten por todo el territorio nacional e incluso por otros países. De ser así, esto podría ser subsumido en un delito de defraudación o de maquinación para alterar el precio de las cosas, cuya competencia de investigación es de la Audiencia Nacional.
Asimismo, la Sección Quinta estimó unos días antes otro recurso de los exfranquiciados contra la denegación del juez instructor de admitir la ampliación de las denuncias para incluir a nuevos afectados que abrieron restaurantes de Restalia en el extranjero, según informaron fuente jurídicas conocedoras del procedimiento a este diario.
La investigación se inició en junio de 2022, cuando el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid abrió diligencias contra una veintena de responsables de Restalia, entre ellos el dueño de las cadenas de restaurantes, así como contra la empresa y varias de su filiales para investigar si actuaron con “engaño suficiente y bastante” hacia los franquiciados, que denunciaron que fueron abocados a la “ruina económica”. La causa estuvo en trámite poco más de medio año, en la que no se citó a declarar a ninguno de los denunciados.
La denuncia relata que Restalia ocultó “de manera deliberada” a los franquiciados “la existencia de acuerdos con proveedores que suponía, en definitiva, que la franquicia resultase inviable”. Asimismo, previo a la firma de los contratos de la apertura de restaurantes, los denunciantes aseguran que se aportaron “unos estudios de viabilidad irreales con los que consiguieron hacerles creer que sus franquicias darían unos beneficios que, en realidad, nunca podrían alcanzar”.
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