Los franquiciados que denunciaron a Restalia piden reabrir la investigación por estafa
Los antiguos asociados recurren ante la Audiencia Provincial de Madrid el archivo acordado por el juez instructor a finales de enero
Los franquiciados que acusaron al Grupo Restalia de estafa no se rinden y han pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que ordene la reapertura de la investigación. Según han informado fuentes jurídicas cercanas a este procedimiento a CincoDías, las representaciones de estos antiguos asociados han presentado un recurso de apelación contra la decisión que el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid de archivar la causa que abrió el año pasado, tras recibir una macrodenuncia contra los responsables del holding y 29 de sus sociedades, entre ellas conocidas cadenas de restaurantes como 100 Montaditos, The Good Burger y La Sureña.
El juez decidió en agosto de 2021 incoar diligencias previas para investigar si Restalia; una veintena de responsables del grupo societario, entre ellas asesores, directivos y administradores; así como compañías proveedoras y restaurantes pertenecientes o vinculadas al conglomerado empresarial ocultaron una serie de acuerdos para hacer inviable el proyecto y ocasionar un perjuicio conjunto de más de 30 millones de euros. Por ello, los denunciantes le atribuyeron los delitos de estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos.
Tras año y medio de investigación, en la que no se llamó a declarar a ninguno de los denunciados, el magistrado instructor acordó cerrar la causa, al considerar que la denuncia contenía un “totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento”, basadas en “valoraciones interesadas y muy subjetivas”, según informó Europa Press.
Afectados por la pandemia
Para justificar esta decisión, el juez se remitió a un informe pericial que encargó al inicio del procedimiento, cuya conclusión fue que los denunciantes “se vieron afectados al poco de iniciarse la actividad de franquicia por la epidemia del Covid-19″. Un acontecimiento que, en opinión del juez, es suficiente para “echar por tierra” los argumentos de la denuncia, ya que las “expectativas más precisas y conservadoras de negocio” se vieron afectadas por la pandemia, y particularmente en el sector de la restauración, cuyas facturaciones sufrieron una “merma radical”.
Para concluir, añadió que “gran número” de franquiciados de las cadenas denunciadas están hoy en día abiertos y tienen una actividad rentable para mantener el negocio.
Tras conocer la decisión del juez de decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones, Restalia recordó en un comunicado que ninguna de las empresas del grupo ni sus empleados o directivos llegaron a “formar parte” del procedimiento judicial porque nunca se les notificó oficialmente la apertura de una causa. Asimismo, advirtió que los asesores legales de la compañía emprenderán acciones “de cualquier índole” que consideren oportunas en reclamación de los daños que han ocasionado una “intencionada campaña de desprestigio”.
Los antiguos responsables de establecimientos del Grupo Restalia que se personaron como perjudicados no comparten los argumentos del juez instructor e insisten en que fueron “engañados” por la compañía, ya que les hicieron suscribir unos contratos de explotación que, según dicen, les llevaron a la “ruina económica”.
En un principio, los afectados, franquiciados de más de 50 restaurantes repartidos en nueve comunidades autónomas, cifraron el perjuicio en 19,7 millones de euros, si bien, a partir de febrero de 2022, se presentaron ampliaciones de denuncia, e incluso se estudió la posibilidad de que se adhirieran una treintena de perjudicados en Italia (vinculados a la marca 100 Montaditos), por lo que aumentaron el daño hasta los 30 millones. En este sentido, reclamaron que la Audiencia Nacional asumiera la investigación de este caso, pues entienden que este órgano tiene competencia para ello por la cantidad presuntamente detraída y porque los hechos han tenido lugar en varias zonas territoriales.
Números “irreales”
La denuncia presentada por los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo expone que el grupo empresarial ejecutó “un plan preconcebido” de captación “indiscriminada” de nuevos socios, basado en un plan de viabilidad que ofrecía promesas de alta rentabilidad, recuperación de la inversión inicial y una mesa de compra; si bien, según afirma el escrito, los números presentados eran “irreales”. Los abogados apoyaron esta tesis en un informe pericial que acreditaría que cada perjudicado habría perdido entre 300.000 y 600.000 euros.
Asimismo, las acusaciones aportaron varios archivos de audios captados por franquiciados en conversaciones con proveedores para denunciar la obligación que tenían de firmar los contratos de abastecimiento con una serie de “proveedores homologados”, que, a su vez, habrían impuesto un sobrecoste en sus precios para retornar parte de lo facturado a Restalia.
El juez instructor no dio validez a estos argumentos y rechazó que la acusación de estafa se sostenga en afirmaciones como que “el franquiciado debe tener un precio de venta al público de los productos marcado por el franquiciante, o que los proveedores han de ser los que establezca el franquiciante, o que el franquiciado debe acatar los cambios del menú por caso que se establezcan a nivel de todo el territorio nacional”.
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