Restalia contraataca a los franquiciados que le acusaron de estafa y organización criminal
Los franquiciadores aplauden la decisión de la compañía de restauración, que ha contratado a Garrigues y Choclán para defender sus intereses en los tribunales
El grupo de restauración Restalia, que gestiona cinco marcas comerciales, entre ellas 100 Montaditos, The Good Burger o La Sureña, ha cambiado su postura frente a los franquiciados que le acusaron de estafa y organización criminal. La compañía ha pasado de mantenerse, prácticamente, al margen ante la macrodenuncia que una quincena de ex asociados presentaron en los juzgados de instrucción de Madrid a contratar a dos prestigiosos despachos de abogados para reclamar los daños ocasionados como consecuencia de la causa judicial que se abrió en agosto de 2021 y se archivó en enero de 2022.
El despacho de abogados Garrigues ya ultima las demandas civiles que se presentarán contra los ex franquiciados, mientras que el bufete Choclán defenderá los intereses de la compañía por la vía penal. Asimismo, para tratar de demostrar el daño ocasionado con la denuncia de los que fueran socios, se ha requerido también a PwC y Thinking Heads la elaboración de informes periciales. La conclusión de este análisis es que la macrodenuncia, en la que se habló incluso de carne caducada, dejó un perjuicio que asciende a 10 millones de euros, según adelantó OkDiario y confirmaron a CincoDías fuentes cercanas a Restalia.
No es la primera vez que un grupo de franquiciados van a los tribunales para discutir ciertos puntos del modelo de negocio. Así sucedió con marcas conocidas como McDonald’s o Granier, si bien, no se recuerdan casos en los que, una vez cerrado el litigio, un franquiciador denuncia a los franquiciados. Por ello, este nuevo periplo judicial que se iniciará en las próximas semanas se seguirá con interés en el sector, ya que marcará un “antes y un después”, según ha advertido el abogado y presidente del comité de expertos de la Asociación Española de Franquiciadores (AEP), Jordi Ruiz de Vila.
El también fundador de esta asociación ha afirmado que no es “raro” que en periodo de crisis se impulsen pleitos para debatir desacuerdos comerciales, como ha ocurrido después de la pandemia o con el incremento de costes derivados de la inflación; no obstante, ha criticado que el caso Restalia se haya llevado en los tribunales penales, pues, en su opinión, lo “adecuado” hubiese sido abrir dicho proceso por la vía civil.
“Ruido mediático”
Ruiz de Vila ha destacado que las principales desavenencias que suelen aparecer en estos litigios están relacionados con las comisiones que cobran las compañías franquiciadoras. Según ha explicado, en los contratos es “habitual” que se contemplen una retribución directa (royalty) o indirecta (rapel o margen), incluso ambas, ya que se trata de una situación contemplada por ley. Aun así, ha añadido que “lo importante es que el franquiciado esté informado”.
Por su parte, la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración ha expresado que respeta la “legítima defensa” de los derechos de cada una de las partes, si bien ha lamentado que acusaciones como las que se han dirigido hacia Restalia generen un “ruido mediático” que puedan “empañar” la actividad de la franquicia. Por ello, celebran que finalmente se haya acordado el archivo de la causa y espera que los nuevos frentes judiciales se desarrollen de la manera “más normalizada” y “no afecten o desvirtúen de una manera tan estridente las condiciones regladas de mercado en las que se desenvuelve nuestro sector”.
Recurso contra el archivo
Los ex franquiciados, representados por los despachos Rafael Franco Abogados y Cremades & Calvo-Sotelo, acusaron a los responsables del holding y 29 de sus sociedades de ocultar una serie de acuerdos para hacer inviable el proyecto y ocasionar un perjuicio conjunto de 19,7 millones de euros. Durante la investigación, esta cifra se amplió hasta más de 30 millones, ya que se adhirieron a la denuncia más franquiciados, por lo que instaron a trasladar la causa a la Audiencia Nacional.
La denuncia por estafa, organización criminal, coacciones y delitos informáticos fue admitida a trámite en agosto de 2021 por el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid. La causa, en la que nunca se llamó a declarar ningún directivo de Restalia, estuvo abierta hasta el pasado mes de enero, cuando el titular de dicho órgano judicial, Jesús de Jesús, acordó el sobreseimiento del procedimiento, al considerar que las imputaciones “no tenían ninguna clase de fundamentos”.
Los antiguos asociados de Restalia han presentado un recurso contra el archivo de la investigación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no se ha pronunciado sobre si se debe reabrir la causa (como piden los franquiciados) o confirma su archivo.
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