Las grandes fortunas ultiman sus maniobras para rebajar la factura del nuevo impuesto
Los asesores fiscales cargan contra la lucha tributaria entre las autonomías del PP y el Gobierno central
Los contribuyentes más acaudalados de España, a diferencia de lo que sucedió el pasado año, se encuentran planificando sus estrategias fiscales en la recta final del ejercicio para intentar rebajar al máximo de lo posible la cuota que tendrán que pagar en el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas. A la inesperada y atropellada puesta en marcha del nuevo gravamen, en septiembre del año pasado, le siguió un proceso de tramitación poco habitual y a contrarreloj para tener la nueva figura aprobada antes de que finalizase diciembre. Todo ello hizo que los grandes patrimonios, sorprendidos por la medida, no pudiesen llevar a cabo una correcta planificación fiscal en el ejercicio 2022 al completo. Ahora, sin embargo, la cosa ha cambiado y los altos contribuyentes apuran las semanas para tener una fotografía completa de 2023 lo más ajustada posible a sus intereses.
“El que quiso prepararse ya ha tenido tiempo”, explicó este jueves Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en las jornadas anuales que celebra estos días en Tenerife el organismo dependiente del Consejo General de Economistas (CGE). Lo más habitual, prosiguió, gira en torno a las exenciones por empresa familiar, ya que es relativamente fácil acogerse a ellas cuando se tiene una compañía que realice una actividad económica o similares.
El presidente del CGE, Valentín Pich, añadió que “la situación de política actual de incertidumbre”, unida a la luz verde que recientemente dio el Tribunal Constitucional al nuevo impuesto a los ricos, son dos factores claves que “han propulsado que los contribuyentes hayan acelerado la planificación de sus inversiones para minimizar el coste fiscal”, algo que “no pudieron realizar el año pasado porque el tributo se aprobó tan solo tres días antes de que finalizara el año”, criticó.
Las exenciones en el impuesto a las grandes fortunas, como sucede con la de la empresa familiar, están inspiradas en las de la figura original: el impuesto sobre el patrimonio. Entre otras, se puede intentar convertir parte del patrimonio financiero, que sí está sujeto a gravamen, en un patrimonio empresarial para intentar disminuir la base imponible. En la práctica, una opción es invertir en el sector inmobiliario y realizar algún tipo de actividad económica para así estar sujeto a la ventaja. Otra alternativa son los paquetes accionariales del 5%, ya que también están exentas las participaciones de al menos esta proporción a través de una sociedad. “Se está planificando en este sentido, pero hay que cumplir todos requisitos”, recordó Fernández.
Hay más posibilidades, como jugar con el límite de renta y patrimonio. La ley establece una tributación conjunta máxima por Patrimonio y por IRPF por la que las cuotas por ambos impuestos no puede superar el 60% de la base imponible total, general y del ahorro, del IRPF. Si la supera, la cuota en Patrimonio se reduce hasta dicho importe, con el límite del 80%. El contribuyente, por ello, tiene la posibilidad de organizar su riqueza de una forma que genere menos rentas, generando así un ahorro. También se puede optar por lograr descuentos gracias a la exención de la vivienda habitual y a las donaciones.
Los asesores fiscales reconocieron que ya asumen que Hacienda convertirá en permanente el nuevo impuesto sobre la riqueza con el objetivo de presionar a los gobiernos regionales que bonifican Patrimonio. Cabe recordar que si una autonomía opta por hacer rebajas en el impuesto original el Estado podrá gravar a los obligados tributarios a través de la nueva figura. Sin embargo, si las regiones mantienen Patrimonio, los altos contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de solidaridad. El objetivo del Gobierno de coalición que revalida legislatura es, en definitiva, que la tributación a la riqueza no encuentre vías de escape.
La guerra en materia fiscal en la que están inmersos el Gobierno y las autonomías del Partido Popular desde hace varios años ha desencadenado todas estas medidas, poniendo en juego de la noche a la mañana nuevos impuestos y torpedeando la seguridad jurídica que precisa el panorama económico. En este sentido, Pich criticó unas “luchas entre administraciones” que terminan por dañar al Estado en su conjunto.
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