Estado y Renfe (quizás Adif): el sostén de Rodalies también bajo mando catalán
El sistema de financiación autonómica sufragará la red y la operadora actual pondrá los trenes, a falta de múltiples claves operativas y normativas por atar
El bombazo del traspaso del servicio de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, que ejecutará un próximo Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por ERC, ha dejado un mar de dudas en la opinión pública e importantes cabos que deberán atarse en los próximos meses por el Ministerio de Transportes y el Govern catalán. ¿Cederá Adif los 1.100 kilómetros sobre los que rueda el servicio de Rodalies? ¿Entregará Renfe sus trenes? ¿Quién financiará el mantenimiento de la red? ¿Cuál es el futuro de los trabajadores?
Fuentes al tanto de las negociaciones reconocen la complejidad de desarrollar lo pactado, pero aseguran que en la declaración de intenciones “no hay nada inviable desde el punto de vista jurídico, administrativo o de la financiación”. Estas son algunas de las claves de un proyecto de transferencia que podría provocar un conflicto laboral en Renfe y que ha puesto en alerta a varias Comunidades Autónomas.
Clima previo al trasvase
Más allá de la necesidad del PSOE de apoyos para la investidura, el entendimiento con ERC se alcanza en un contexto en que la Generalitat clama una solución a las continuas incidencias en el servicio de Rodalies. También se queja porque el traspaso regulado en 2010, a través de dos reales decretos (2034/2009, de 30 de diciembre, y 1598/2010, de 26 de noviembre), fue “más espiritual que efectivo”. En Renfe lleva años imperando el miedo a un despiezamiento, y Adif venía pensando que el pulso entre Madrid y Barcelona no iba con ella.
Desde el punto de vista de la financiación, el déficit que genera esta obligación de servicio público estaba por cubrir por el sistema de financiación autonómica. La solución hasta ahora pasaba por que el Estado liquidara directamente a Renfe, pactándose que sea la Generalitat quien realice esos pagos. El Govern, además, era reacio a firmar el contrato programa con la propia Renfe (sí lo tiene con la catalana FGC), con lo que estaba bloqueado el Plan de Acción de Rodalies y la Generalitat se negaba a cubrir su coste. Lo acordado sobre ese plan de mejoras o servicios extra es que el Estado asuma la deuda con un único pago de 132,7 millones.
El pacto entre partidos, según fuentes conocedoras de los detalles, busca la puesta a cero y el primer paso es la transferencia en 2024 del déficit de Rodalies generado en el presente ejercicio. A partir de este punto, cada primer trimestre se estimará el agujero por la prestación del servicio público de Cercanías y se realizará el pago al operador del servicio, previsiblemente con cargo al citado sistema de financiación autonómica.
En la parte catalana se estima que el traspaso conllevará la asunción de más de 500 millones por parte del estado. La mayor partida, de unos 335 millones, corresponde al déficit tarifario; otros 132,7 están relacionadas con las mejoras del citado Plan de Acción; 27 millones responden a las subidas de cánones de Adif desde 2017, sobre lo que ya se acordó que debían diluirse en el déficit; seis millones cubren el uso de servicios alternativos de autobuses, y cuatro millones cuelgan de las mejoras en el tramo Lleida-Manresa.
¿Quién operará los trenes?
La futura mercantil Rodalies de Catalunya, spin off de Renfe Viajeros, tendrá a la Generalitat como primer accionista, aunque no se han decidido aún los porcentajes de participación; el consejo será paritario, y el presidente, nombrado por el Govern, contará con voto de calidad. El Estado, que participará en la nueva empresa, se garantiza que en las decisiones estratégicas no basta con el citado voto de desempate del presidente sino que ha de darse una mayoría cualificada.
Esta Rodalies de Catalunya rodará con los trenes de Renfe necesarios para cubrir el futuro servicio autonómico, y necesita al personal de la misma Renfe, al que se garantiza el mantenimiento de los derechos y condiciones de trabajo, así como la movilidad hacia su antigua empresa si así lo desean. La operadora tiene 270 trenes y 2.500 empleados operando en las Cercanías catalanas, de los que una parte por determinar irá a Rodalies de Catalunya en virtud de un convenio por diseñar.
¿En qué manos quedan las vías?
La infraestructura que tomará la Generalitat es la que usa en exclusiva el servicio de Rodalies sin coincidir con regionales o mercancías. En el acuerdo se mencionan la Línea Maresme (R1), la Papiol-Puigcerdá (R3) y la de San Vicenç de Calders (R2), con un total de 80 estaciones. Pero podría haber otras, como la R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa) y la R8 (Marorell-Granollers). El mapa, con más de 1.100 kilómetros de vía, está abierto a análisis. Queda descartado que las cesiones afecten a líneas de Gerona o Tarragona al soportar tráficos regionales o de carga.
Como sucede en la transferencia de carreteras, el mantenimiento de vías, catenaria o señalización, serán responsabilidad de la Generalitat, que puede confiarlo a un tercero (incluso a Adif). Una de las incógnitas aún es quién soportará el coste: “Lo decidirá la comisión que vele por el cumplimiento de los detalles del traspaso. Tiene sentido que sea el mecanismo de financiación autonómica”, explican las fuentes.
El Ministerio de Transportes y el Departamento de Territorio van a crear un grupo de trabajo que analizará las mejoras necesarias en los servicios e infraestructuras actuales. Otro organismo de seguimiento, en el que se sentarán Adif, Transportes y la Generalitat, supervisará la ejecución del Plan de Rodalies.
Marco por desarrollar
El de la regulación del traspaso y modelo de operación es el verdadero meollo por resolver. Está por diseñarse, por ejemplo, el modelo de cánones en función de los estándares de calidad en la prestación del servicio y el mantenimiento de las infraestructuras. La transferencia de parte de Rodalies será tutelada por una comisión Estado-Generalitat que determine el despliegue tanto del marco normativo para hacerlo viable como de las condiciones económicas asociadas. Junto a las infraestructuras que van a ser propiedad del Govern figurarán las inversiones necesarias, los recursos económicos asociados para cubrir el mantenimiento y los acuerdos de gestión.
Las quejas de otros territorios
Renfe presta servicios de Cercanías en Madrid, Comunidad Valenciana, Sevilla, Asturias y Cantabria. Y lo hará al menos hasta 2027 como obligación de servicio público. Como ha sucedido con la reivindicación de Cataluña, el resto de Comunidades tienen derecho a pedir la transferencia de servicios intercomunitarios bajo convenio con Renfe. Andalucía tanteó el terreno a primeros del año pasado con la intención de completar y mejorar la oferta existente. El Gobierno regional en cuestión se haría cargo de definir los servicios y de la aportación económica.
¿Habrá conflicto laboral?
Los sindicatos con peso en la operadora se han manifestado en contra del traspaso de activos y personal a Rodalies de Catalunya. El martes se celebra una reunión extraordinaria del comité de empresa en busca de una posición común. El colectivo de los maquinistas Semaf y el Sindicato Ferroviario (SF) avistan un conflicto. También está en contra CC OO. El documento firmado por PSOE y ERC explicita que la futura operadora catalana dispondrá de “un convenio de colaboración y cooperación con Renfe que asegure la movilidad laboral entre ambas y el mantenimiento de los derechos adquiridos”.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Sobre la firma
