Junts y ERC exponen sus cifras para defender la independencia financiera y tributaria de Cataluña
Las formaciones soberanistas cifran en 456.000 millones la deuda histórica hacia la Generalitat. Unos 375.000 millones vendrían del déficit en partidas sociales por el actual sistema de financiación
“No hemos fijado otro límite que la voluntad del pueblo de Cataluña expresada a través de la institución que lo representa legítimamente, el Parlament. Es el pueblo el que habla y aprueba y no el partido que gana unas elecciones. El acuerdo dice que los únicos límites los fijará el Parlament”. La semana pasada, tras la firma del pacto entre el PSOE y Junts para dar continuidad al Gobierno de coalición, el líder de la formación soberanista, Carles Puigdemont, dejó claro que esta cámara será uno de los epicentros en los que se libre una batalla de mil aristas en la que también hay frentes económicos que poco a poco se han ido dando a conocer.
Solo tres días antes de estas declaraciones, cuando el pacto estaba fraguándose, las dos grandes formaciones catalanas independentistas registraron en el propio Parlament las conclusiones de la llamada Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña, un documento rubricado por Junts y ERC en el que se ponen cifras a “las consecuencias de la infrafinanciación sobre Cataluña”.
Este mismo mediodía del lunes, la Comisión ha respaldado íntegramente el documento presentado por ambas formaciones (con apoyos puntuales en diversos puntos de En Comú Podem o de la CUP, además de alguna abstención del PSC) y, a partir de ahora, podrían marcar el rumbo de la agenda económica catalana y, en consecuencia, también de la nueva legislatura del Gobierno central. Y es que, a diferencia de la pasada, en la que Pedro Sánchez tenía la estabilidad garantizada, “ahora se la tendrá que ganar acuerdo a acuerdo, día a día”, prosiguió Puigdemont tras la firma del documento.
Las conclusiones preliminares de la comisión ponen en negro sobre blanco una serie de números que ejemplifican la magnitud de lo que, a su juicio, es una deuda histórica hacia la región, y que se elevaría hasta los 456.000 millones de euros.
El cálculo es el resultado de analizar y cuantificar “los incumplimientos y las políticas llevadas a cabo por el Estado español” durante las últimas décadas en relación con Cataluña, y está conformado por 375.000 millones en déficit de partidas sociales, 50.900 millones en déficit de infraestructuras y otros 30.000 millones en pensiones.
Uno de los principales problemas, a juicio de los independentistas, es la inexistencia de un modelo fiscal descentralizado en España. La definición académica de federalismo, exponen, no es solo que los gobiernos regionales gasten, “sino que puedan recaudar los principales impuestos directos e indirectos”, como hacen hoy el País Vasco y Navarra gracias a sus modelos propios y al concierto del que disfrutan.
Cataluña “solo recauda impuestos pequeños y el federalismo fiscal se da en aquellos países donde las regiones recaudan los grandes tributos, negociando así con el poder central en igualdad de condiciones”, defienden.
Este esquema tiene consecuencias directas en el grado de financiación que recibe la Generalitat. Según Junts y ERC el modelo vigente ha privado a los catalanes de las necesidades básicas respecto a otras comunidades.
Por todo ello, el texto reclama seguir los pasos de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2004, en el que se aprobó un concierto solidario en el que la Generalitat debía ser responsable de recaudar todos los impuestos, gestionarlos con una relación bilateral con el Estado y establecer el principio de ordinalidad, para fijar un tope a la aportación de Cataluña al resto del Estado. Este sería el motivo por el que la formación de Puigdemont, en su pacto con el PSOE, defiende la cesión del 100% de la gestión tributaria.
La postura de Junts y ERC, sin embargo, choca de lleno con los datos que pone sobre la mesa cada año la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, desde donde se niega en rotundo esa infrafinanciación que se denuncia. Según los últimos datos, correspondientes al año 2021, Cataluña se situaría por encima de la media en financiación efectiva.
Los números, elaborados por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, parten de un índice de financiación efectiva por habitante ajustado en el que la media de las 15 comunidades de régimen común es 100. Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha serían las únicas por debajo de este umbral, mientras que el resto, incluyendo a Cataluña, estarían por encima. En cifras absolutas, si la media española está en 2.963 euros por habitante, Cataluña recibiría 3.015 euros, algo por debajo de Madrid (3.024 euros) pero por encima de Aragón y Galicia, además de las cuatro infrafinanciadas.
Es cierto que, pese a situarse por encima de la media, Cataluña es un contribuyente neto, es decir, aporta más de lo que recibe dentro del sistema. En 2021, en concreto, tuvo un saldo negativo de más de 2.000 millones de euros.
Cabe recordar, no obstante, que el modelo actual funciona mediante los tramos estatales de los grandes impuestos y las aportaciones de las 15 comunidades de régimen común a una especie de bolsa conjunta que, después, redistribuye el dinero en función de unos criterios de población y necesidades. Como es lógico, recuerda De la Fuente, los territorios más ricos son los contribuyentes netos, por lo que a Cataluña le acompañan Madrid y Baleares.
En este punto, el texto presentado en el Parlament recalca que “Madrid está hipercentralizado y ejerce prácticas de dumping fiscal”. Por ello, se produce una “anomalía”. De las tres regiones más ricas, que son País Vasco, Madrid y Cataluña, solo la tercera es contribuyente neta. “El País Vasco disfruta de un sistema de concierto económico que le otorga una posición de control sobre sus finanzas” y “Madrid se recupera mediante la capitalidad y la inversión del Estado asociada a ella”.
Este esquema, defienden Junts y ERC, también ha propiciado el crecimiento de la deuda pública catalana, entre otros motivos por el “impacto sustancial en las arcas públicas” que ocasionó la crisis financiera de 2008 y la caída de recaudación de los impuestos compartidos con el Estado. Por el momento, el Gobierno en funciones se ha comprometido a condonar 15.000 millones de los 73.000 millones que la Generalitat debe al Estado y a replicar una medida similar en el resto de territorios.
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