Un roto al sistema de financiación y a la gestión tributaria, los efectos que tendría una Hacienda catalana
El pacto entre PSOE y Junts muestra dos posturas diferentes, pero ningún acuerdo. Fedea advierte de posibles perjuicios en los recursos de las comunidades
El acuerdo firmado ayer por el PSOE y Junts para dar continuidad al Gobierno de coalición incluye un apartado de índole tributaria en el que las dos formaciones fijan sus posturas, confirman su aparente antagonismo y asumen que pelearán cada una por la suya. Así, mientras que el partido soberanista catalán defiende una cesión total de la gestión tributaria hacia la Generalitat, el PSOE apuesta por la autonomía financiera de la región y por abordar los impactos que tiene en ella el actual sistema de financiación. Y nada más. Cualquier cambio político al respecto, si llega, lo hará fuera de este texto y al calor de negociaciones futuras.
En el ámbito de los déficits y limitaciones del autogobierno, recoge el documento, Junts propondrá una modificación de la LOFCA (la ley de financiación de las comunidades autónomas) que establezca una cláusula de excepción de Cataluña “que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en esta comunidad”. Por su parte, “el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación”.
Estas breves líneas, sin embargo, han desatado un aluvión de interpretaciones, advertencias y temores, desde la práctica desintegración del sistema de financiación autonómica que redistribuye la renta entre territorios a la existencia de comunidades de primera y de segunda categoría. Muchos han visto en el texto y en el “diálogo singular” que acepta el PSOE una puerta abierta a que el Estado asuma las reivindicaciones del soberanismo catalán, como ya ha sucedido con el anuncio de la condonación parcial de la deuda.
El cuerpo de inspectores de Hacienda del Estado, a través de su asociación, es uno de los más beligerantes. El acuerdo, apuntan en una nota distribuida ayer, “vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual” en materias como la financiera. La cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña permitiría la existencia, “por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y comunidades de segunda”.
Fuentes del Gobierno, sin embargo, recalcan que el pacto “únicamente recoge unas diferencias de planteamientos que vienen de largo y que son de sobra conocidas, también en materia tributaria”. Es decir, prosiguen, Junts deja claro que va a reclamar la gestión tributaria total a cambio de dar una cuota al Estado –similar al cupo que tienen País Vasco y Navarra– y el PSOE reitera que “su vía es otra”.
Los inspectores ya habían alertado anteriormente del “riesgo” de un “fraccionamiento” de la Agencia Tributaria si Cataluña conseguía arañar sus reivindicaciones, lo que en la práctica supondría una merma para la gestión tributaria. Según el cuerpo de élite de Hacienda, se verían afectadas la lucha contra el fraude fiscal, el sistema de caja única y la gestión de otras prestaciones ajenas al ámbito fiscal, como el ingreso mínimo vital o las deducciones en el IRPF.
Otro de los riesgos asociados al acuerdo, según explica el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, es la posible desmembración en la práctica del sistema de financiación que nutre de recursos económicos a las autonomías y al Estado. Este esquema funciona mediante los tramos estatales de los grandes impuestos y las aportaciones de las 15 comunidades de régimen común a una especie de bolsa conjunta que, después, redistribuye el dinero en función de unos criterios de población y necesidades. Como es lógico, los territorios más ricos son los contribuyentes netos. Por ello, si Cataluña quedase fuera, con el objetivo explícito de reducir su aportación a la caja común, la financiación efectiva de las regiones y de la Administración Central quedaría seriamente dañada.
Según los últimos datos de Fedea, relativos al año 2021, Madrid, Cataluña y Baleares son, por ese orden, las tres regiones con saldos negativos, es decir, con aportaciones netas. El territorio central nutrió al sistema con 6.300 millones, la Generalitat lo hizo con 2.100 millones y el archipiélago, con 300 millones. A ello se le sumarían las aportaciones que los residentes de estas comunidades hacen al Estado a través de los tramos estatales de los impuestos, que suman mucho más.
Las cifras facilitadas por Fedea concluyen que Madrid aportó unos 21.500 millones a la Administración Central sumando los ingresos del IRPF, IVA e impuestos especiales. Tras ella estarían de nuevo Cataluña, con unos 20.000 millones, y Baleares (3.000 millones). A estos importes habría que sumarles la parte proporcional del impuesto sobre sociedades.
“Una cesión del 100% de los tributos sería un cambio cualitativo a peor y tendría efectos perversos, ya que los recursos que financian la redistribución territorial y personal y los servicios centrales del Esttado quedarían muy mermados. Sería el fin del estado del bienestar”, apunta De la Fuente. A esto se le añade que, si se permite que Cataluña quede fuera, después podrían llegar Baleares y Madrid exigiendo el mismo trato, “y no sé con qué argumentos se les podría decir que no”.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Sobre la firma
