La agenda de Yolanda Díaz de la que los empresarios no quieren ni oír hablar
Más allá de la reducción de la jornada y la subida del salario mínimo, el pacto de Gobierno recoge medidas que los empresarios ya han rechazado y que podrían verse obligados a negociar
La pasada legislatura fue frenética para el diálogo social, podría decirse que nunca antes se había negociado tanto, ni había habido tantos cambios de calado de la normativa laboral en un periodo de cuatro años. Bien es verdad que algunas de estas reformas estuvieron auspiciadas por la situación crítica que vivió el mundo por la pandemia de Covid en 2020. En total, entre unas cosas y otras, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, lleva a gala haber firmado nada menos que 18 acuerdos en el diálogo social, entre los que hay algunos solo ratificados con los sindicatos, como alguna de las subidas del salario mínimo, la ley de igualdad retributiva o la segunda fase del acuerdo de pensiones, que fueron rechazados por los empresarios. Pero incluso estos acuerdos que no recibieron el visto bueno patronal, también fueron negociados con los representantes empresariales, con lo que nadie puede negar una actividad que llevó literalmente al agotamiento a algunos de los negociadores del diálogo social.
Ahora, a medida que se van despejando las dudas sobre si habrá Gobierno de coalición progresista --a fecha de hoy parece más factible que lo haya que no--, los empresarios empiezan también a temer una nueva legislatura de negociaciones y cambios laborales. Si en la sede de la patronal CEOE en la madrileña calle de Diego de León, 50, pensaban que los próximos años podrían ser más tranquilos después de todo lo negociado y aprobado en la anterior, se equivocan de plano. Es más, los planes del equipo de Yolanda Díaz es mantener, y si pudiera incrementar, el ritmo de los cambios normativos todo el tiempo que dure el próximo mandato del Gobierno de coalición.
No hay más que echar un vistazo al acuerdo de Gobierno entre Sumar y Podemos para encontrar más de una veintena de reformas del ámbito laboral de mayor o menor calado. Además de los proyectos que ya han hecho correr ríos de tinta, tras anunciarse este acuerdo la semana pasada, como la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas en 2025 o la garantía por ley de que el salario mínimo sea siempre del 60% salario medio, el texto incluye otras medidas que han pasado más desapercibidas para la opinión pública pero no para los dirigentes empresariales.
Fuera del perímetro de negociación
Entre los proyectos de Díaz que más inquietan a la patronal están sin duda aquellos que más afectan al bolsillo y al día a día del funcionamiento de las empresas. Algunas de estas medidas quedaron fuera de lo que CEOE y Cepyme llamaron “el perímetro de negociación” de la última reforma laboral. De hecho, se podría decir que los negociadores de aquella reforma tardaron casi más tiempo en fijar los contenidos de dicho perímetro, sobre los que abordarían los cambios, que en acordar las modificaciones legales en sí. Es por eso por lo que, una vez cerrada y ya en aplicación la reforma laboral, los responsables patronales no querían oír ni hablar de más modificaciones laborales. “Eso no estaba en el perímetro negociador” han repetido desde CEOE y Cepyme todas las veces que la ministra de Trabajo ha hablado de reformar el despido o cuando los sindicatos reclamaban cambios en el procedimiento de los despidos colectivos o las causas por las que la empresa puede recurrir a modificar sustancialmente las condiciones laborales de sus empleados.
Precisamente, esta última demanda sindical es una de las incluidas en el acuerdo de Gobierno entre Sumar y el PSOE, después de que fuera una de las primeras medidas que se cayeron al inicio de las negociaciones de la última reforma laboral, por el rechazo frontal de los empresarios a tocar las condiciones más ventajosas que lograron en la anterior reforma de 2012, hecha por el Ejecutivo del PP. Sin embargo, el pacto que previsiblemente regirá la próxima legislatura pretende restituir la situación de los trabajadores previa a dicha reforma popular, al asegurar que “se reforzarán las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues (inaplicaciones de convenios)”; y se revisarán también “las causas” por las que las empresas pueden cambiar estas condiciones laborales a sus empleados de forma que solo puedan recurrir a este mecanismo cuando de no hacerlo esté en riesgo la viabilidad de la empresa. Y, lo más importante, Díaz quiere que las empresas que recurran a estas rebajas de condiciones estén obligadas por ley a revertirlas una vez pasada la situación de crisis. Fuentes empresariales preguntadas por estos posibles cambios lo han vuelto a repetir: eso quedó fuera del perímetro de negociación, por lo que no están dispuestos a abordarlos. Sin embargo, desde Trabajo y lo sindicatos lo tienen igual de claro, pero en sentido contrario: lo que quedó fuera en la última reforma laboral puede (y debe) formar parte de una nueva negociación para la redacción de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Desde la patronal también destacan que cualquier reforma del despido no formó parte del temario acordado para modificar, pero “reforzar la causalidad” en las extinciones de contratos y establecer mayores garantías para los trabajadores despedidos también está en la agenda del futuro Ejecutivo. Si bien, en este caso, con discrepancias entre los ministerios socialistas y Trabajo.
Hay, además, otros dos compromisos del acuerdo de Gobierno que la patronal rechaza firmemente y a priori. La primera, la intención de Díaz de facilitar más información económica (sobre todo de márgenes empresariales) a los negociadores de los convenios colectivos de ámbito superior a la empresa “para posibilitar un reparto más equilibrado de la renta y de las ganancias de productividad”. Y, en segundo lugar, el plan de la ministra de desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución, para que haya representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Fuentes empresariales han asegurado que “el espíritu” de esta presencia de los trabajadores en la toma de decisiones de las compañías ya está en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado entre la patronal y los sindicatos, cuando se refiere a la gestión de las transiciones tecnológica y verde. Por tanto, consideran que no hace falta una ley que lo establezca.
No están aquí todas las medidas que pretende implantar el próximo Gobierno, pero sí que todas estas medidas no son bien vistas por el empresariado que, además, ha empezado a subir el tono en contra del Ejecutivo en funciones a cuenta de la posible permanencia de los tributos a la banca y a las energéticas y han lanzado avisos a navegantes: combatirán todo lo que consideren injerencias en las decisiones empresariales.
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