Las 230 medidas de Sánchez y Díaz: freno a los vuelos cortos, más impuestos a empresas y despliegue en vivienda
El PSOE y Sumar cierran un acuerdo de legislatura que desarrollará la ley de vivienda y reformará la financiación autonómica
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la líder de Sumar y vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, presentaron este martes un acuerdo de legislatura de 230 medidas con mucha carga laboral, social y fiscal sobre las empresas. El documento supone una continuación y revisión de lo que no hubo tiempo de abordar y aprobar en la pasada legislatura por parte del Ejecutivo de socialistas y Unidas Podemos. La reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, la subida del salario mínimo interprofesional y la regulación del despido “de conformidad con la Unión Europea” y de la mano de los agentes sociales, avanzó la también responsable del Ministerio de Trabajo, será la gran triada del departamento que aún detenta en funciones. Sin olvidar la parte ambiental, con una medida de calado como limitar los vuelos si hay opción de transporte terrestre que dure menos de dos horas y media, y la fiscal, con una vuelta de tuerca a la tributación que afrontan las grandes compañías.
“Había llegado el momento de una segunda ola laboral”, apuntó Díaz, quien resaltó el objetivo de “ganar tiempo a la vida” y de tomar una serie de medidas que sirvan “para hacernos más iguales y también hacernos más iguales y tener más libertad”. “Ha llegado el momento de un segundo gobierno progresista”, dijo pocos minutos después Pedro Sánchez en su turno de palabra. De este modo, y además de la pata laboral del acuerdo, Díaz ahondó tanto en su faceta ambiental como en la sociosanitaria.
“Contamos con el proyecto, la ilusión, las ideas y los equipos para avanzar más y más rápido”, concluyó el jefe del Ejecutivo para subrayar lo ya logrado en la pasada legislatura y mostrar su convencimiento de que se mejorará en una legislatura cuya investidura todavía tiene que concretarse en los próximos días. “Vamos a estar cuatro años más”, proclamó.
Fiscalidad
En materia de impuestos, PSOE y Sumar proponen mejorar la progresividad del sistema fiscal español para acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea. Para ello, las dos formaciones pivotan sobre ejes como la imposición empresarial y patrimonial, centrando las subidas fiscales planteadas en las grandes compañías y en los contribuyentes de mayor riqueza. Entre otras medidas, el próximo Gobierno se pone como objetivo alcanzar un tipo efectivo del 15% en el impuesto sobre sociedades, haciendo que las grandes empresas tributen sobre el resultado contable, es decir, los beneficios. El objetivo, avanzó Díaz, es aumentar los ingresos en 10.000 millones de euros.
En el IRPF, por su parte, PSOE y Sumar plantean mejorar la progresividad del impuesto y dar un trato más igualitario a las rentas del capital y las del trabajo, en línea con lo que el Gobierno de coalición ha venido desarrollando en la anterior legislatura. A raíz de las medidas puestas en marcha por la crisis energética y de precios, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero presentó un paquete de medidas fiscales por el que aumentó ligeramente los tipos que se aplican en los tramos más elevados de las rentas del capital. Las superiores a los 200.000 euros pasaron del 26% al 27%. El tipo de las plusvalías por encima de los 300.000 euros, por su parte, se situó en el 28%. Por debajo, las tasas quedaron inalteradas y se situaron en el 23% entre los 50.000 y los 200.000 euros; en el 21% entre los 6.000 y los 50.000; y en el 19% hasta los 6.000 euros. El documento firmado este martes por las dos formaciones sugiere continuar con esta senda.
Las formaciones lideradas por Sánchez y Díaz también aseguran que convertirán en permanentes los nuevos impuestos a banca y energéticas, con los que se recaudan en torno a 3.000 millones de euros anuales. “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual”, reza el texto.
El acuerdo, sin embargo, es menos claro al hablar del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, cuya extensión o permanencia únicamente se evaluará. Esta figura, que Hacienda puso en marcha para anular las bonificaciones autonómicas en Patrimonio, dejó unos ingresos en 2022 algo por encima de los 620 millones de euros, con unos 10.300 declarantes. El texto oficial parece relegar el futuro de este impuesto a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Otro de los aspectos que toca el acuerdo, según avanzó la vicepresidenta en funciones, es la reforma del sistema de financiación autonómica que nutre de recursos económicos a las 15 comunidades de régimen común para que estas puedan costear los servicios públicos indispensables. El sistema vigente se aprobó en el año 2009 con vistas a reformarse en 2014. Sin embargo, el rediseño no llegó y a día de hoy adolece de varias fallas. “La nueva financiación autonómica corregirá la infrafinanciación de comunidades como la valenciana”, aseveró Díaz.
Vivienda
En materia de vivienda, además del objetivo de alcanzar un parque público del 20%, el pacto promete el desarrollo de la ley de vivienda, aplicando de forma inmediata las limitaciones del alquiler en las zonas tensionadas, así como desarrollar la regulación de los pisos turísticos “para que las ciudades sean para vivir y no para especular”. El parque público se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de casas existentes, de nueva construcción, movilizando la vivienda vacía y haciendo uso de las propiedades de la Sareb.
Además, se ampliará de los 29.400 euros hasta los 37.800 euros el umbral para acceder a las medidas de apoyo para quienes se han visto afectados por la subida de tipos de interés de las hipotecas. Tal y como precisa el Real Decreto-ley 19/2022, si se trata de una vivienda habitual cuyo precio de adquisición no excede los 300.000 euros, se congelará la cuota durante un año y se obtendrá un alargamiento del plazo del crédito de hasta 7 años.
El documento presentado también habla de consolidar a largo plazo el bono del alquiler joven para facilitar el acceso al arrendamiento asequible, ampliando la financiación, y revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas tensionadas, algo en lo que insistió Unidas Podemos en la legislatura pasada y que no consiguió colocar en la ley de vivienda.
Energía y transporte
El acuerdo firmado este martes recoge una limitación de los vuelos cortos, aunque sin precisar calendario y alcance real. El texto explica que, “tal y como han hecho otros países de nuestro entorno, impulsaremos la reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de 2 horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales”.
Además, se extenderá a 2024 la gratuidad del transporte de cercanías y las bonificaciones de media distancia, vigentes desde septiembre de 2022. Ambas bancadas han acordado que esta ayuda sea permanente para “determinados colectivos”, con la cofinanciación de las comunidades autónomas y la administración local. El transporte de cercanías y media distancia en tren está bonificado al 100% desde septiembre del año pasado, para tratar de compensar el fuerte aumento de la inflación que se produjo tras el inicio de la guerra en Ucrania. En ese mismo paquete se aprobó una bonificación del 50% en los trenes Avant y Alvia para viajeros frecuentes.
También se contempla la creación de la Comisión Nacional de Energía, un organismo regulador especializado que cuente “con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática”. Han prometido desplegar la estrategia contra la pobreza energética “reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables”, aunque no especifican el eje de actuación. La última acción de este tipo se tomó en 2022 con los bonos eléctricos y térmicos para aquellas familias cuya renta en conjunto estaba en torno a los 28.000 euros.
Se confirma además el cierre de las nucleares, escalonando el cese de operación de todas las centrales españolas entre 2027 y 2035.
Laboral
Es el gran protagonista del acuerdo entre PSOE y Sumar, con la reducción de la jornada y el endurecimiento del despido como gran objetivo a lograr. Pese a las insistencias de Sumar y, en concreto, de Díaz, para regularizar las desvinculaciones, el pacto solo recoge que se dará cumplimiento a la Carta Social Europea “reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”.
La jornada máxima legal se reducirá hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, de manera progresiva: bajará hasta los 38,5 horas semanales en 2024 y hasta las 37,5 en 2025. A partir de entonces se constituirá una mesa con los agentes sociales que evalúe los resultados de esta medida y siga avanzando en la disminución de la jornada legal “teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.
Asimismo, PSOE y Sumar se comprometen a impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y que tiendan a la convergencia con los países del entorno español. En lo que respecta al SMI, garantizan que seguirá creciendo a lo largo de la legislatura para asegurar su poder adquisitivo, estableciéndose en el Estatuto de los Trabajadores que aumentará “acompasado al 60% del salario medio”.
Las partes han rubricado además su compromiso de aprobar una Ley de Usos del Tiempo, otra de impulso a la Economía Social, y el Estatuto del Becario, que quedaron pendientes en la anterior legislatura.
Seguridad Social y pensiones
En materia de Seguridad Social, el texto del acuerdo recoge que se llevará a cabo una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo que garantice la calidad en el empleo de los relevistas y que tenga en cuenta la mayor penosidad del desarrollo de ciertas actividades a partir de cierta edad, especialmente de la industria manufacturera.
PSOE y Sumar se comprometen a seguir actualizando las pensiones con el IPC, a seguir aumentando las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la revalorización de las pensiones contributivas, hasta alcanzar la media europea, y a seguir progresando en la eliminación de la brecha de género de las pensiones, incluyendo nuevos mecanismos para reducir dicha brecha.
Al mismo tiempo, y para el colectivo de autónomos, las partes se comprometen a extender la posibilidad de aplicar la cuota reducida (tarifa plana) a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de la actividad en los que se produzcan caídas de sus ingresos por debajo del SMI, cuando declaren por estimación directa, todo ello sin pérdida de derechos de protección social.
Las partes han acordado además impulsar una participación más eficaz de los trabajadores en el ámbito de sus respectivas empresas; desarrollar reglas de representatividad empresarial especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pymes en el diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional.
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