Los empresarios rechazan la reducción de jornada laboral y denuncian “el intervencionismo” en el diálogo social
CEOE, Cepyme y ATA tildan la propuesta de “atropello” al papel constitucional de los agentes sociales. El IEF alerta del impacto negativo que tendrá sobre la competitividad de las empresas.
El acuerdo de gobierno alcanzado entre PSOE y Sumar, que incluye una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas a la semana sin rebaja de salario, una de las líneas rojas que había planteado Sumar para refrendar el acuerdo, y una reforma fiscal “justa” que haga que la banca y las grandes energéticas contribuyan al gasto público, ha cogido con el paso cambiado a los empresarios. En un comunicado conjunto difundido pocas horas después, CEOE, Cepyme y ATA expresaron su rechazo al mismo, “ya que va a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y autónomos, y por tanto para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España.
La principal crítica de las patronales se centra en que el acuerdo se adentre en cuestiones propias del diálogo social, “como el relativo a la jornada laboral, a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionista evidente y que es un atropello al papel constitucional de los agentes sociales”. Las tres patronales no descartan la posibilidad de explorar “nuevas fórmulas de reparto” entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, “pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva”. En este sentido, las patronales han remarcado que la regulación de la jornada debe tratarse “sector por sector y empresa a empresa”, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador. “Hacerlo de otra manera y fuera del marco del diálogo social, supone un aumento de costes para las empresas, que se suma a los mayores costes de producción, de financiación y de otro tipo, como el alza de cotizaciones a la Seguridad Social o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que ya venían sufriendo”.
Las críticas al pacto también llegaron desde el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, quién se mostró especialmente inquieto por la reducción de la jornada laboral y el impacto que tendrá, en primer lugar, en la productividad de los trabajadores, y en segundo, en la competitividad de las empresas ya que con toda seguridad tendrán que incrementar sus plantillas para cubrir ese recorte de horas trabajadas. “Tenemos que mantener la competitividad porque si no nos morimos y matamos a la gallina de los huevos de oro. La competitividad es clave. Como empresario yo no compito con empresas nacionales, compito con empresas canadienses y estadounidenses que tienen regulaciones diferentes y tengo que ser competitivo”, aseguró tras la clausura del XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar. En cualquier caso, Sendagorta trató de evitar presentar la reducción de la jornada laboral como una batalla entre Gobierno y empresarios. “Los primeros interesados en cuidar a nuestros trabajadores somos las empresas familiares, que hemos dedicado una parte del Congreso a hablar de conciliación y conseguir el equilibrio entre trabajo y familia. Pero si no somos competitivos, no tenemos nada que conciliar”, subrayó el presidente del IEF, que precisó que la aplicación de esa reducción de jornada sin rebaja de salario habrá que tratarla “caso por caso”.
La propuesta de rebajar la jornada a 37,5 horas es solo el primer hito de una hoja de ruta diseñada por Sumar, que establece una reducción progresiva en un período cercano a los diez años para llegar a una jornada laboral de 32 horas en 2032 aproximadamente. Un primer escollo que tendrá que salvar la propuesta es que tendrá que ser negociada en el ámbito del diálogo social, con los representantes de patronal y sindicatos, y los empresarios ya han mostrado esta mañana su rechazo a la medida. “La viabilidad de las empresas se pone en riesgo con medidas que incrementan los gastos. Habrá que ver cómo las empresas y autónomos pueden aguantar una reducción de jornada pagando lo mismo”, ha asegurado el vicepresidente de CEOE y presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, en una entrevista en Canal Sur, en la que precisó que este aumento de gasto coincidiría en el tiempo con la última subida del salario mínimo interprofesional, fijado desde principios de año en 1.080 euros al mes, y con el último incremento de cotizaciones a la Seguridad Social.
Los empresarios familiares consultados esta mañana por Cinco Días remarcaron que la medida es especialmente contraproducente en un contexto de hiperinflación, en el que los costes ligados al consumo de energía, al pago de sueldos o a los costes de financiación se han disparado por la subida de precios del petróleo, el incremento de salarios en convenio o las sucesivas subidas de tipos de interés del BCE. “No es el momento para reducir la jornada laboral y meter más presión a las cuentas de resultados de las compañías”, remarcó un empresario que prefiere permanecer en el anonimato. Pese a que las ventas de las empresas se han recuperado de forma exponencial en los tres primeros trimestres del año, los resultados han crecido sustancialmente menos como consecuencia del efecto combinado de la subida de salarios, petróleo y tipos de interés.
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