Las autonomías afrontan un gasto extra de 5.000 millones por la subida de tipos
Fedea prevé que la deuda de las regiones se eleve en 8.600 millones en 2026 hasta los 325.500 millones en conjunto
Las comunidades autónomas, que cerraron el año 2022 con una deuda conjunta aproximada de 316.900 millones de euros, aumentarán su pasivo de aquí a 2026 en alrededor de 8.650 millones, una cifra que está en la línea con la tendencia registrada hasta ahora y en sintonía con las previsiones macroeconómicas. Sin embargo, donde sí se observa un cambio de rumbo claro es en el pago de intereses por la deuda pública regional. En concreto, el conjunto de las comunidades autónomas verá más que duplicado hasta 2026 el gasto en intereses debido al encarecimiento de las tasas, pasando de los 3.600 millones abonados el pasado ejercicio a los 8.650, una subida conjunta de unos 5.000 millones de euros.
No en vano, el tipo medio, que fue del 1,1% en 2022, ascendería hasta el 2,6% en 2026. Esto significa un coste de más del doble del actualmente vigente.
Los cálculos, que muestran un “cambio sustancial” de tendencia, fueron publicados ayer por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y parten del hecho de que las regiones deberán renovar en los próximos meses y años la deuda que emitieron anteriormente a unos tipos reducidos. El problema es que ahora se enfrentarán a unas tasas mucho más elevadas. “Hemos situado esta diferencia de tipos en el 2,6% por ser la distancia promedio entre los tipos existentes en el periodo 2014-2021 y el tipo de interés de junio de 2023″, apunta el informe de Fedea.
Por ello, añaden los autores, las autonomías deben “calibrar con mucha prudencia” todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar.
Los datos, elaborados por los investigadores Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez, presentan varias derivadas. La primera es que el volumen de deuda real, pese al repunte, apenas se modifica. De hecho, aunque en términos absolutos el pasivo crecería en 8.645 millones hasta 2026, el peso de la deuda pública autonómica sobre el producto interior bruto (PIB) se reduciría desde el 23,9% de media de 2022 al 20,3% de cuatro años más tarde debido a que la riqueza de las autonomías crecería a mayor velocidad.
La segunda derivada, sin embargo, es que el coste financiero del pago de los intereses “aumentaría de manera significativa”. Ello obligaría, alertan desde Fedea, a redireccionar recursos crecientes desde otras políticas públicas al servicio de la deuda, una “circunstancia poco óptima y menos deseable”.
No cabe duda, reconocen en Fedea, de que en los próximos ejercicios todos los gobiernos –también los autonómicos– se enfrentarán a restricciones presupuestarias menos laxas tras el regreso ya anunciado en 2024 de las nuevas reglas fiscales que están negociándose en el seno de la Unión Europea. También, que serán necesarios esfuerzos de consolidación presupuestaria más intensos para reducir el endeudamiento relativo. Este cóctel, por ello, debe llevar a los gobiernos regionales a ser conscientes de que “embarcarse en reducciones significativas de impuestos o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”.
En los próximos años debe pagarse una deuda pública más cara y que, dados los avatares del momento, hasta ahora apenas ha preocupado. No obstante, desde Fedea, al igual que han hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y el Banco de España, “venimos sugiriendo que las comunidades autónomas deben diseñar y poner en marcha ya una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Por comunidades, las mayores alzas en el aumento del gasto en intereses en este periodo corresponderían a Cataluña (1.383 millones de euros más), la Comunidad Valenciana (985 millones), Andalucía (633 millones) y Madrid (343 millones). En porcentaje, La Rioja se situaría a la cabeza, con un 580% más al pasar de solo 5 millones en 2022 a 34 en 2026. Después estarían la Comunidad Valenciana (272,8%), Castilla-La Mancha (264,7%), Murcia (232,9%) y Canarias (230,6%). Por debajo de la media estarían Madrid, País Vasco y Navarra.
El aumento del gasto en intereses de 5.000 millones, explica Martínez, podría ser peor todavía si no se cumple el escenario pronosticado por Fedea, un supuesto “conservador y optimista” basado en el cuadro macroeconómico del Programa de Estabilidad enviado a la Comisión Europea. Es decir, si las regiones no cumplen con los objetivos de referencia del plan (que parte de un equilibrio presupuestario en 2024 y de pequeños superávits en 2025 y 2026), “el panorama podría ser peor”.
Condonación
El trabajo de Fedea no tiene en cuenta las implicaciones que podría tener en la ecuación una posible condonación de la deuda autonómica por parte del Estado, ya que la mayor parte del agujero fiscal regional está vinculado al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Según apunta Martínez, el perdón de la deuda regional traería consigo una caída proporcional de los intereses. Sin embargo, recuerda, si la reestructuración fuese parcial y las comunidades se librasen del principal, pero no de los intereses, la fuerte subida de tipos también les seguiría afectando, por lo que no se solucionaría el problema totalmente. La condonación parcial es una posibilidad que el experto ve factible en el debate que se ha vuelto a abrir tras las elecciones del 23J y que ha llevado a regiones como Cataluña (produciendo un efecto arrastre en otras como la Comunidad Valenciana) a exigir una conmutación de la deuda. “Es una medida compleja desde el punto de vista técnico y difícil desde el político”, apunta, pero podría ser una solución factible.
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