El 74% de los ingresos de los partidos viene de ayudas públicas y los aboca a duros ajustes tras un desastre electoral

El PSOE es la formación que más recauda en bruto por cuotas de sus afiliados pero Vox el que más proporcionalmente

Carlos Cortinas Cano

Cuando el 16 de febrero de 2021, el entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció que ponía a la venta la sede de su formación en la calle Génova lo explicó por una cuestión de romper con el pasado de corrupción. Al fondo, latía el fracaso estrepitoso en las elecciones catalanas del domingo anterior. Pero podría haber esgrimido una razón de superviviencia económica: el PP cerró el ejercicio de 2020 con su cifra más baja de ingresos ordinarios (sin contar flujos por elecciones de ningún tipo) en el siglo XXI: 33,8 millones de euros. En 2021 se repetiría la escasez por debajo de 34 millones y en 2022 apenas ha subido a 37 millones. De esta última cantidad total, el 82,5% fue dinero público, una dependencia que, en el conjunto de los cuatro grandes partidos de la pasada legislatura (PSOE, PP, Vox y Unidas Podemos) es del 74% según sus últimas cuentas presentadas.

Las matemáticas, y la soberanía popular, mandan: las subvenciones que reciben las formaciones políticas por funcionamiento ordinario se pagan en proporción a los resultados en las últimas elecciones respectivas. Por seguir con el PP, los de Casado salieron de la repetición de comicios generales en 2019 con apenas 89 diputados.

Así que cuando Unidas Podemos anunció un ERE para la mitad de su plantilla pocos días después del pasado 23 de julio sólo vino a confirmar que la supervivencia de los partidos políticos reside desproporcionadamente de su rendimiento electoral: vuelan los gastos cuando se cuentan por millones las papeletas; llegan los recortes cuando la urna te da la espalda. Según los cálculos que se han manejado estos días, la formación morada verá recortados en un 70% los ingresos de la organización estatal y del 90% en las nueve autonomías donde además cierra sus sedes.

Podemos es el único de los cuatro grandes partidos que aún no ha informado de sus cuentas de 2022, pero en 2021 asumía que el 60,36% de sus ingresos viene de subvenciones y otro 23,43% de las aportaciones de los grupos parlamentarios, lo que suma un 83,79% de oxígeno público sobre el total de sus ingresos. En total, algo más de 16,5 millones de euros a los que habría de sumar los 6,4 millones declarados por Izquierda Unida por el mismo concepto.

El siguiente partido con mayor sustento público sería el PP, ya con cifras de 2022, con un 82,5% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones por funcionamiento ordinario, gastos de seguridad y aportación de grupos institucionales de distintos parlamentos, ayuntamientos o diputaciones que dedican parte de sus ganancias a engrosar el balance nacional del partido. Prácticamente en todo el mandato, el PP estuvo en el entorno de los 35 millones anuales de ingresos de origen público, la mitad de los 70 que sumaba con holgura en los años de Gobierno de Mariano Rajoy (finales de 2011 a mediados de 2016).

En el lado contrario estaría PSOE y Vox, cuya menor ascendencia del dinero público no se explica por su menor rendimiento electoral, ya que ambos fueron los que más crecieron en votos y cargos en 2019. Los de Pedro Sánchez son con diferencia el partido con más variedad de ingresos, lo que deja su porcentaje de subvenciones públicas periódicas en el 67,83%.

Los de Abascal mejoran esa ratio con un 63,61%, debido a esos cinco millones en ingresos que recibe al año por cuotas de afiliados y que cubren el 32% de su presupuesto total.

En bruto, nadie recauda tanto de sus simpatizantes como el PSOE, con unos diez millones anuales en pago de cuotas por parte de sus 154.000 afiliados declarados. Eso supone un 13% de los 80 millones de ingresos ordinarios con que cerró 2022. Otros diez millones en cada ejercicio suele recibir Ferraz de aportaciones de cargos y simpatizantes en general (los que más perciben por este concepto de los cuatro grandes) y llama la atención los casi tres millones que consignó por lotería el año pasado (suele rondar entre los 2,5 y los 3 millones cada año). Sea como sea, el buen momento electoral ha insuflado aire a las cuentas de Ferraz. Como muestra, que ha bajado su deuda bancaria a largo plazo de 32,3 millones al acabar 2018 a 12,2 ahora mismo.

Lo que el PSOE ganó en 2022 por vender lotería es casi lo mismo que el PP obtuvo por cuotas de sus afiliados. Con casi 800.000 afiliados consignados en sus cuentas, Génova apenas recauda en torno a tres millones de euros al año por este concepto, el 8% del total de ingresos ordinarios y apenas cuatro euros por cabeza. Eso sí, Génova suele matizar que su política de afiliación no exige pago alguno. De hecho, los estatutos vigentes contemplan la única figura del afiliado, que se divide en dos: militante (con pago de cuota) y simpatizante (sin obligación). La venta de la sede nacional que se truncó podría haber llegado a los 70 millones de euros a precio de mercado y, de paso, aliviar una deuda bancaria de unos 18 millones de euros.

Vox también sufrirá en el medio plazo un ajuste importante en sus cuentas, al reducir su representación parlamentaria casi a la mitad tras el pasado 23 de julio. Cuando llegue ese momento, tendrá que afrontarlo siendo el único de los cuatro grandes partidos que presentó pérdidas en sus últimas cuentas presentadas, de casi dos millones de euros al cierre de 2022 (aunque la mitad de esos números rojos se explican por cierres pendientes del gasto electoral). En el otro lado de la balanza, uno de cada tres euros que ingresa Vox viene de las cuotas de sus afiliados, el porcentaje más elevado de todos los grandes partidos. Y todo esto, sin recurrir a los bancos, ya que no acumula ninguna deuda a plazo con entidades bancarias.

Precisamente, la gran seña de identidad financiera de Podemos desde su creación ha sido su independencia de la banca: no buscan financiación en la ventanilla de ninguna entidad. A cambio, estimula campañas de donaciones que, según los resultados expuestos en las cuentas de 2021, le reportó poco más de tres millones de euros o el 16% de sus ingresos totales. Con ese balance, la pérdida masiva de votos y representantes públicos entre el 28 de mayo y el 23 de julio sólo podía desembocar en un ajuste brutal de sus gastos de personal y ordinarios. Ha seguido el mismo destino presupuestario que Ciudadanos: en cuanto perdió pie parlamentario, los números rojos tomaron las cuentas de inmediato.

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