Nacho Álvarez (Sumar): “Si las comunidades de PP y Vox incumplen la ley de vivienda, habrá que blindarla”
El secretario de Estado de Derechos Sociales y portavoz económico del partido plantea una jornada laboral de 32 horas semanales sin recortes de salario
El mayor hito de Yolanda Díaz en esta legislatura al frente del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sido sin duda la reforma laboral. Ahora, como candidata de Sumar a la presidencia en las elecciones del 23J, propone ir un paso más allá y reducir las jornadas a 32 horas semanales sin que esto implique recortes salariales. Nacho Álvarez (Madrid, 1977), portavoz económico del partido, detalla la propuesta y los retos a los que se enfrentarían en la próxima legislatura.
Pregunta: Tras la reforma laboral, ¿considera que quedan algunos flecos sueltos?
Respuesta: El principal reto es el de la conciliación. Por eso hemos planteado una reducción de la jornada laboral que permita salir una hora antes.
P: ¿Cómo se negociaría algo así con la patronal?
R: Es un camino en etapas. En 2024 se aprobaría por ley para todo el mundo una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que es la jornada que ya tienen desde hace décadas todos los empleados públicos de este país. A partir de ahí se discutiría en el seno del diálogo social para avanzar a una reducción que al final de la legislatura llegaría a 32 horas semanales.
P: ¿No les preocupa que esto tenga consecuencias en el empleo y los salarios?
R: La propuesta no implica renunciar al salario. La productividad ha crecido de forma relevante en nuestro país durante las últimas décadas y, sin embargo, el crecimiento no se ha repartido entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Es el momento de que esto se produzca.
P: ¿Es viable un paro estructural del 7%, como proponen?
R: Creemos que sí. Aunque para ello necesitamos una nueva política industrial. En estas elecciones hay que elegir entre dos modelos: el de Yolanda Díaz o el del Partido Popular. El primero apuesta por la protección frente al despido, mientras que el segundo incentivará los despidos en épocas de crisis.
P: La ley de vivienda corre el riesgo de quedar sin efecto. ¿Qué vías barajan para garantizar su cumplimiento?
R: Si las comunidades de PP y VOX se declaran en rebeldía frente a esta norma, habrá que garantizar en la próxima legislatura la modificación legislativa correspondiente para obligar a cumplirla.
P: Esta semana ha habido varios desahucios de casas de fondos buitre. ¿Hay flecos sueltos en la ley?
R: La norma pone en nuestras manos, por primera vez en 40 años de democracia, un instrumento que ahora hay que desarrollar. La realidad es que las comunidades autónomas de PP y VOX ya se han declarado en rebeldía ante la ley, pero debemos garantizar su cumplimiento y su implementación para regular el precio de los alquileres, para desarrollar un parque público de vivienda en alquiler social y también para proteger a las familias frente a los desahucios. Una parte de esta protección depende de las comunidades. El resto de los casos ahora toca desarrollarlos más en profundidad.
P: ¿Por qué Sumar no incluye en su programa medidas contra la okupación?
R: Cuando la derecha no tiene capacidad de ofrecer alternativas en materia de vivienda, recurre a elevar a la categoría del ridículo unos problemas que son objetivos, pero que tienen una menor dimensión. En nuestro país hay más de 26 millones de viviendas y tenemos en torno a 2.500 juicios al año por okupaciones. De hecho, se han reducido un 20% en los últimos dos años. No niego el problema, pero creo que la derecha lo ha utilizado de forma completamente electoralista e interesada.
P: Pero parece ser un tema que preocupa a la ciudadanía.
R: Seguramente haga falta explicar esta realidad mejor, pero creo que los ciudadanos de nuestro país son conscientes de lo que significa una derecha secuestrada por la extrema derecha.
P: España se enfrenta en 2024 a la vuelta a las reglas fiscales. ¿Qué propone Sumar?
R: El déficit hay que seguir reduciéndolo, con crecimiento y con inversión. El Gobierno de coalición ha conseguido hacerlo en seis puntos del PIB en apenas dos años. Más rápido de lo que lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy. Y lo ha hecho no solo sin ningún recorte, sino impulsando la dinámica del crecimiento económico y, por lo tanto, facilitando la reabsorción del déficit y la estabilidad de las finanzas públicas gracias a ese crecimiento.
P: ¿Hay margen ahora que el crecimiento se frena?
R: La austeridad de hace 10 años se demostró como una vía fallida y la flexibilidad en el marco de las reglas fiscales durante la pandemia ha permitido avanzar en la estabilidad. Es necesario que las reglas fiscales contemplen holgura para que los Estados tengan capacidad de hacer una política anticíclica. Debemos sacar algunas inversiones del cómputo de las reglas fiscales y del déficit, como son las inversiones verdes o las inversiones educativas o en I+D+i.
P: Plantean alzas fiscales a rentas altas y grandes empresas. ¿Cuáles serían los nuevos tramos del IRPF?
R: Habrá que verlos en el Gobierno, pero en el programa ya se avanza en algunas cuestiones relevantes como la necesidad de cerrar la dualidad que existe entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, para que estas últimas tributen más.
P: ¿En cuánto se prevé que aumente la recaudación?
R: No estamos trasladando cifras porque habría que terminar de negociar con los socios, pero tenemos el objetivo de cerrar la brecha fiscal que tenemos con Europa.
P: La ministra Montero dio ya por cerrada la reforma.
R: En esta legislatura se han dado los primeros pasos para un reequilibrio de los esfuerzos. Pero queda camino. Hemos legislado impuestos extraordinarios para evitar los beneficios caídos del cielo de energéticas y banca. También un impuesto a las grandes fortunas. Al mismo tiempo hemos reducido la fiscalidad a las pymes. Estos esfuerzos deben de completarse en una reforma fiscal más profunda que el PSOE no ha querido abordar.
P: Muchos han pedido la deflactación del IRPF que plantea el PP.
R: La propuesta fiscal del PP es esotérica y no siempre se termina de percibir así. Deflactar la tarifa supone una rebaja de 40 o 50 euros al año por contribuyente, mientras que la reducción del mínimo exento que ha planteado la coalición para las rentas de menos de 21.000 euros supone rebajas de entre 400 y 500 euros. Los contribuyentes son conscientes de que hemos endurecido la fiscalidad para los grandes grupos empresariales y se la hemos bajado dos puntos a las pymes. De que la hemos endurecido para las rentas del capital más elevadas y bajado para las rentas inferiores del trabajo. Ese reequilibrio de esfuerzo es real y los ciudadanos son conscientes.
P: Ya está operativo el observatorio de márgenes empresariales. ¿Ahora qué?
R: Es un instrumento que nos va a permitir ver la evolución que están teniendo los excesivos beneficios que algunos sectores están teniendo y que están impactando en la inflación como mecanismo de segunda ronda. Por lo tanto, nos van a permitir avanzar en el seno del diálogo social hacia un reparto de la renta más equilibrada, que es lo que en este momento necesitamos.
P: ¿Este reparto debe empezar por los oligopolios?
R: Tenemos oligopolios que capturan parte de la renta que debería ir a otras empresas o al conjunto de la sociedad, y por lo tanto es necesario dotar de más instrumentos a la CNMC e impulsar una política de competencia que garantice que esos oligopolios pierdan peso.
P: ¿Cuáles son?
R: El sector energético es quizás el mejor ejemplo. Me resulta sorprendente que la tradición liberal de nuestro país haya abandonado completamente la defensa de una verdadera política de competencia y asuma los oligopolios como una realidad consustancial a la economía. Nosotros planteamos que, por ejemplo en el sector energético, las empresas productoras no puedan formar parte del mismo grupo que las distribuidoras.
P: ¿Cómo se logra esto?
R: Con una ley similar a la normativa antimonopolio que ya existe en Estados Unidos y que facilite la separación, que evite la integración vertical del grupo empresarial. Hay que trocear estos grandes oligopolios.
P: Las pensiones han vuelto a salir a la palestra. Al margen de la revalorización, ¿hay un problema de sostenibilidad del sistema?
R: En los últimos días el debate se ha avivado. Las mentiras de Feijóo pretenden ocultar una realidad. El PP hizo una reforma que desvinculaba el crecimiento de las pensiones del IPC. El gobierno de coalición ha cambiado el enfoque y ha hecho una reforma que vuelve a vincular su subida con el IPC y que, para poder hacer esto sostenible, incrementa los ingresos de la Seguridad Social con un aumento de las cotizaciones empresariales por los salarios más altos.
P: ¿Por qué la herencia universal no discrimina por renta?
R: Porque garantiza que sea eficaz, que todo el mundo que la necesite pueda efectivamente recibirla. Ya tenemos otras prestaciones de carácter universal, como las pensiones y la sanidad, y no le pedimos a nadie su declaración de la renta para ser operado en un quirófano. Lo importante es que se financie de forma progresiva y que las familias que más patrimonio tienen, además de recibirla, contribuyan más.
P: ¿Un Gobierno con Yolanda Díaz de presidenta tendría a Nadia Calviño como ministra de economía?
R: Con Yolanda Díaz de presidenta el Ministerio de Economía estaría en manos de alguien de Sumar.
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