Sumar irrumpe en el debate económico del 23J: más impuestos a rentas altas y gran empresa y control de márgenes
Yolanda Díaz defiende también convertir en permanente el impuesto temporal sobre las grandes fortunas
El PSOE de Pedro Sánchez quiere fiar la campaña electoral del 23 de julio a la economía y ha retado ya en varias ocasiones al PP a celebrar debates y enfrentar programas y propuestas. El principal partido de la oposición no ha dado todavía una respuesta en firme, pero quien sí ha entrado en la materia es la recién nacida Sumar de Yolanda Díaz. Ayer, en la última jornada de celebración del 45º aniversario de este periódico, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo del Gobierno avanzó varias propuestas de índole fiscal destinadas a reducir la carga tributaria sobre los que menos tienen y a aumentar los tipos en dos de los principales impuestos, IRPF y Sociedades, sobre aquellos contribuyentes mejor posicionados. También defendió convertir en permanente el nuevo impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, concebido por ahora como temporal. Es lo que Díaz definió como “un nuevo sentido común económico” que permitiría a España dejar de lado modelos fiscales obsoletos y afianzar los ingresos públicos que dan forma al Estado del bienestar.
También lanzó otras propuestas para controlar los márgenes empresariales que alimentan la inflación, corregir la falta de productividad de la economía española y reformar el marco empresarial para afianzar la democratización interna en las compañías.
IRPF y Sociedades
En el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), la principal figura tributaria del sistema fiscal español, Díaz propone “aumentar la progresividad” para que los contribuyentes con mayores ingresos aporten más. Las palabras de la candidata a presidenta del Gobierno por Sumar, que criticó que “el 85% de la recaudación del impuesto viene de las rentas salariales”, sugieren que podría modificarse la tributación de las rentas del capital y el ahorro, que se obtienen, por ejemplo, al cobrar dividendos procedentes de inversiones en acciones.
En septiembre de 2022, a raíz de las medidas puestas en marcha por la crisis energética y de precios, el Gobierno de coalición presentó un paquete de medidas fiscales por el que aumentó ligeramente los tipos impositivos que se aplican en los tramos más elevados sobre las rentas del capital. Las superiores a los 200.000 euros pasaron del 26% al 27%. El tipo de las plusvalías superiores a 300.000 euros, por su parte, se situó en el 28%. Por debajo, las tasas quedaron inalteradas y se situaron en el 23% entre los 50.000 y los 200.000 euros; en el 21% entre los 6.000 y los 50.000; y en el 19% hasta los 6.000 euros.
Aumentar la progresividad en el IRPF también podría llevar a la creación de nuevos tramos o tipos impositivos en la tarifa estatal. Actualmente, el impuesto cuenta con seis tramos con tipos que oscilan entre el 9,5% y el 24,5%. Agregándolos con las tarifas autonómicas, los mínimos oscilan entre el 18% de Madrid y el 20% de Cataluña, mientras que los máximos se mueven entre el 45% de la región central y el 54% de Comunidad Valenciana, siempre teniendo en cuenta únicamente a las autonomías de régimen común. “Quien más tiene más tiene que pagar. Esto no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos”, dijo Díaz a modo de síntesis.
En lo que respecta a la fiscalidad empresarial, Díaz propuso también una reforma integral del impuesto sobre sociedades para evitar que las pequeñas y medianas empresas tributen a tipos más elevados que las grandes compañías. “Hoy una peluquería tributa al 17,5%, una gran corporación, al 3,8%”, apuntó, aunque sin precisar de dónde venían estas cifras. Por lo general, el tipo impositivo medio se sitúa en España en el 25%, con una serie de rebajas en función del tipo de empresa y el modelo del negocio. A partir del 1 de enero de este año, sin embargo, se ha introduce un tipo de gravamen reducido del 23% para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo inmediato anterior sea inferior al millón de euros.
La clave en Sociedades, sin embargo, radica en la base imponible sobre la que se aplican los tipos. Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2021, las empresas tributaron en el impuesto a un tipo del 9,61% sobre el resultado contable, es decir, los beneficios. Si la aportación se calcula sobre la base imponible, la tasa sube al 21,69%. Al desagregar las empresas, sin embargo, se observa que los grupos consolidados abonaron un 5,93% de sus beneficios y un 19,40% de la base imponible, mientras que las sociedades no integradas en grupos tuvieron tipos del 13,41% y el 22,93%, respectivamente.
El debate en Sociedades también gira en torno a la armonización que se está buscando en el seno de la OCDE y, más en concreto, en la Unión Europea para establecer un tipo mínimo y para que las empresas tributen realmente en las jurisdicciones en las que generan negocio. Un eventual rediseño de Sumar también podría modificar los ajustes que se producen por las exenciones por la doble imposición, por las provisiones o por la compensación de bases negativas de periodos anteriores.
En 2019, año previo a la pandemia, hubo en España 1,6 millones de declarantes por el impuesto sobre sociedades según la Memoria de la Administración Tributaria. De todos ellos, en torno a solo 3.000 empresas tenían unos ingresos superiores a los 100 millones de euros. Por su parte, unas 700.000 empresas tuvieron ingresos por debajo de los 50.000 euros y otras 400.000 se movieron entre los 50.000 y los 250.000 euros.
El tipo efectivo en 2019, por su parte, se movió en una horquilla entre un mínimo del 17,1%, el cual se obtuvo en las entidades con ingresos entre 50 y 100 millones de euros, y un máximo del 23,3%, correspondiente a las entidades con ingresos superiores a los 1.000 millones. No obstante, las compañías con hasta 50.000 euros y aquellas que oscilaban entre los 50.000 y los 250.000 euros de ingresos soportaron una tasa efectiva ligeramente superior al 23%. “Asimismo, conviene subrayar que, en términos generales, los créditos fiscales incidieron en mayor medida en la carga impositiva cuanto más elevado era el tamaño”.
De nuevo en 2019, en la mayoría de los tramos de ingresos el resultado contable neto fue de signo positivo, si bien en los correspondientes a los menores niveles de ingresos predominaron las pérdidas. Así, por ejemplo, cabe destacar los importes negativos agregados de las 874.299 entidades situadas en los tramos con ingresos no superiores a 250.000 euros, las cuales acumularon pérdidas por 11.562 millones de euros. Las empresas que superan los 1.000 millones acumularon de su lado 66.413,3 millones de euros en positivo, un 33% del saldo total.
Grandes fortunas
Dentro del apartado fiscal, que el equipo de Sumar sigue desarrollando, Díaz también apostó por convertir en permanente el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas, un gravamen de carácter temporal diseñado por el Gobierno de coalición para intentar neutralizar las bonificaciones que las comunidades del Partido Popular aplican sobre el impuesto sobre el patrimonio.
El nuevo tributo a la riqueza afecta a patrimonios a partir de los tres millones de euros, con un mínimo exento de 700.000 euros que eleva el umbral mínimo a los 3,7 millones de riqueza neta. El tipo aplicado será del 1,7% entre los 3 y 5,3 millones de euros, del 2,1% entre 5,3 y 10,6 millones y del 3,5% en adelante. Además, de cara a evitar la doble imposición, tendrá una deducción total de la parte abonada en Patrimonio. El Ejecutivo y sus socios en el Gobierno dieron luz verde a la figura para que estuviese operativa durante dos años, si bien incluyeron una cláusula que permitía su revisión para conferirle carácter permanente.
Por el momento, las prisas a la hora de redactar y aprobar la figura llevaron al Gobierno a cometer un error en la redacción que no pudo corregirse posteriormente y que permitirá que los grandes patrimonios de Madrid y Andalucía, y en menor medida los de Galicia, paguen menos de lo inicialmente previsto. Los contribuyentes de estas tres regiones, que cuentan con bonificaciones autonómicas, podrán tomar como referencia la cuota teórica que les sale a pagar para rebajar su factura. Por todo ello, los 1.500 millones de euros que pretendía recaudar el Gobierno anualmente se rebajaran en casi la mitad, hasta los 635 millones que calcula la Airef.
Todas estas medidas de carácter tributario, recordó Díaz en la última jornada del aniversario de este diario, tendrían que compatibilizarse la fiscalidad verde, digital y feminista.
Márgenes y democratización empresariales
Díaz, en paralelo, también puso sobre la mesa otras medidas económicas para controlar los márgenes empresariales a través de un observatorio que vigile los beneficios de las compañías y vele por la revalorización de los salarios. También propuso acortar la brecha de productividad que la economía española tiene con sus países competidores y reformar la estructura empresarial para “democratizar” su funcionamiento.
“El principal problema que tiene nuestro país”, dijo, es una crisis de precios sin precedentes. La cesta de la compra y el pago del alquiler o de la hipoteca son hoy “un problema” que debe solucionarse, porque “hay una España que se hace cada vez más pobre y unos márgenes empresariales que se ensanchan”. Para ello, la ministra de Trabajo lanzó la idea del observatorio de control, también defendido por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y reclamado por los sindicatos para la elaboración de un indicador que les sirva de guía para la negociación colectiva. Otro de los problemas que Díaz quiere atajar es la productividad de la economía nacional, con un diferencial negativo de 25 puntos sobre la productividad europea. Para ello sugirió poner en marcha un “consejo de la productividad” en el que participen empresas, sindicatos y sector público.
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