Sumar plantea un impuesto especial a constructoras e inmobiliarias para sufragar la herencia universal
La formación de Yolanda Díaz propone tasas especiales a varios sectores y gravar más la renta y el ahorro de los altos contribuyentes
La herencia universal propuesta por Sumar, una ayuda pública por la que cada joven recibiría 20.000 euros a partir de los 23 años, supondría un gasto extraordinario anual del entorno de los 10.000 millones de euros. Este gran desembolso adicional se sufragaría mediante una amplia cesta de impuestos compuesta por figuras que ya existen, pero que se rediseñarían, y por nuevos gravámenes a ciertas empresas. Entre estos últimos se encontraría un impuesto especial sobre las grandes constructoras y las inmobiliarias, según trasladan fuentes de la formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
La idea de Sumar, que aún tiene que cerrar algunos flecos técnicos antes de hacerse pública, pasa por elevar de manera generalizada la fiscalidad de los patrimonios más elevados y de los grandes grupos empresariales, tal y como se ha hecho recientemente desde el Gobierno con los gravámenes especiales a banca y energéticas o con el impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas. Entre los elegidos estarían las principales constructoras e inmobiliarias, “que a día de hoy pagan únicamente un 4% de sus beneficios”, explican las mismas fuentes.
Según los últimos datos de la Agencia Tributaria, correspondientes al año 2020, los 669 grupos del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias que ese ejercicio registraron resultado contable positivo tributaron a un tipo del 4,58% sobre sus beneficios. La tasa más elevada de la muestra, del 12%, recayó en aquellas empresas con una cifra de negocio que osciló entre los 100 y los 500 millones de euros. La más baja, en este caso del 0,91%, la pagaron los grupos que se movieron entre los 100.000 y los 300.000 euros. El tipo efectivo de los grupos con mayor cifra de negocio (a partir de los 500 millones de euros) no está disponible por motivos de secreto estadístico.
Sea como sea, hay un amplio margen de recorrido desde el 4,58% hasta llegar al tipo medio del 16,7% sobre beneficios al que tributaron en ese año las empresas del mismo sector que no estaban sujetas al régimen de consolidación.
Por el momento, la formación no ha calculado los ingresos adicionales que supondría aumentar la fiscalidad sobre estas empresas. Tampoco descarta gravámenes especiales sobre otro tipo de sectores.
Desde el partido que capitanea Yolanda Díaz, prosiguen las fuentes consultadas, “llevamos tiempo denunciando el gran desequilibrio que hay entre la tributación de las grandes empresas y las pymes”. Por eso “creemos que es urgente una revisión de la fiscalidad en profundidad” que lleve a los grandes grupos a pagar más.
Pero hay más. La reforma fiscal de Sumar también incluiría cambios de calado en la tributación de la riqueza y de las rentas más elevadas para sufragar la herencia universal y alimentar el resto de políticas públicas. Así, confirman las mismas fuentes, la nueva formación también plantea aumentar la progresividad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a partir de los 300.000 euros y tender hacia una paulatina equiparación de las rentas del trabajo y las del capital.
A día de hoy, la tarifa estatal del IRPF cuenta con seis tramos de rendimientos y con un tipo máximo del 24,5% a partir de los 300.000 euros. Para completar el impuesto, a esta tarifa se le debe añadir la parte autonómica. Lo que plantea Sumar, en definitiva, es crear nuevos tramos en la escala estatal a partir de los 300.000 euros y aumentar de manera progresiva sus tipos impositivos para que los contribuyentes de más ingresos paguen más.
En paralelo, la reforma se completaría con una actualización de la fiscalidad de las rentas del ahorro, en línea con lo que hizo el Gobierno de coalición en septiembre de 2022.
Por aquel entonces, a raíz de las medidas puestas en marcha por la crisis energética y de precios, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero presentó un paquete de medidas fiscales por el que aumentó ligeramente los tipos que se aplican en los tramos más elevados de las rentas del capital. Las superiores a los 200.000 euros pasaron del 26% al 27%. El tipo de las plusvalías por encima de los 300.000 euros, por su parte, se situó en el 28%. Por debajo, las tasas quedaron inalteradas y se situaron en el 23% entre los 50.000 y los 200.000 euros; en el 21% entre los 6.000 y los 50.000; y en el 19% hasta los 6.000 euros. Sumar plantea ahora seguir avanzando en esta senda.
El 0,8% del PIB
La herencia universal de 20.000 euros beneficiaría a entre 2 y 2,5 millones de jóvenes a lo largo de la legislatura, según los cálculos preliminares de Sumar. Es decir, llegaría a unas 500.000 personas al año, elevando el coste estimado hasta los 10.000 millones de euros por ejercicio (el 0,8% del PIB).
Previsiblemente, explican estas fuentes, funcionaría como una ayuda de carácter pseudofinalista a la que tendría derecho toda persona al cumplir los 18 años. Sin embargo, la transferencia no se haría efectiva hasta que la persona cumpliese los 23 años, es decir, un lustro más tarde. En ese periodo de espera, los jóvenes recibirían diferentes cursos de formación y asesoramiento financiero por parte del Estado.
Esta suerte de acompañamiento administrativo también verificaría que el dinero se destina a escenarios como la emancipación, la inserción laboral, el emprendimiento o la mejora de la formación.
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