Sánchez y Feijóo compiten por la concesión de ayudas para hipotecas
Menos de 24 horas después de que el PP anuncie su plan de avales a jóvenes, el PSOE promete elevar hasta 37.800 euros el rango para beneficiarse de las ayudas a hipotecados en apuros
La vivienda ha entrado con fuerza en la campaña electoral del 23J. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles junto a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la extensión del plan para hipotecados en apuros si Sánchez consigue la reelección. La medida propuesta extendería el plazo de las hipotecas en siete años a rangos de renta hasta 37.800 euros, la renta media de los hogares. El Gobierno promete, por tanto, aumentar en más de 10.000 euros el rango, superando los actuales 25.200 euros en vigor (tres veces el IPREM). El anuncio se produjo apenas pasadas 24 horas de que el PP se comprometiera en su programa electoral a aprobar un programa de avales para hipotecas jóvenes que garanticen hasta un 15% del precio de la vivienda y prometiera derogar la ley de vivienda.
La medida en vigor, aprobada en noviembre del año pasado, aspiraba a aliviar el encarecimiento de las hipotecas de hasta un millón de hogares. Sin embargo, los datos provisionales suministrados por la propia Calviño arrojaban una cifra más cercana a las 33.000 familias durante los primeros meses en los que la medida entró en vigor. La vicepresidenta, no obstante, señaló que casi un 40% de las solicitudes estaban pendientes de tramitación y los datos debían de ser verificados por el Banco de España.
La extensión del Código de Buenas Prácticas que ha prometido el actual Ejecutivo finalmente será de siete años y no de tres, el aumento que barajaba el Gobierno, según anunció la propia Calviño la semana pasada tras una reunión con el sector bancario y los consumidores. Además de ampliar el préstamos, la medida también contempla la congelación del pago de la cuota durante el primer año. La vicepresidenta afirmó que el nuevo paraguas hipotecario ahorraría 300 euros al mes (3.600 euros al año) a una hipoteca media, tasada en 150.000 euros.
El Gobierno trata así de contener la subida de precios en los préstamos hipotecarios que ha provocado la subida de tipos de interés. En noviembre de 2022, cuando el anterior Código fue aprobado, los tipos de interés se encontraban en el 2%. En estos momentos, el precio del dinero se coloca en el 4%, lo que ha elevado de manera exponencial el euribor por encima del 4% –desde niveles negativos al cierre de 2021–. Esta subida afecta principalmente a las hipotecas de tipo variable, que representan el 70% del total de préstamos en España.
Según está diseñado el actual acuerdo entre el Ejecutivo y el sector bancario, los hogares deben recibir una retribución de 29.400 euros (25.200 para acceder a las medidas más profundas), dedicar más del 50% del sueldo a pagar las cuotas hipotecarias y haber sufrido un incremento considerable de las mismas.
Divergencias
El PP, por su parte, propusó el lunes la promoción de un aval destinado a jóvenes de hasta 35 años para garantizar la concesión de créditos hipotecarios. La medida guarda similitudes con la propuesta que lanzaron los socialistas para la creación de una línea de avales a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que garantizase el 20% de los préstamos hipotecario para personas con menos de 35 años con ingresos anuales inferiores a la renta media y para familias con niños a cargo.
Desde el socio de Gobierno más probable del PSOE, el partido de Yolanda Díaz, han respondido negativamente a la medida, ya que considera que “elevará la deuda de los hogares” y sólo “detendrá el dolor temporalmente”, según destacó el referente económico de Sumar, Carlos Martín Urrieza.
El PP plantea una rebaja fiscal a caseros jóvenes y jubilados
Los populares han asumido como propios algunos de los incentivos fiscales que recoge la ley de vivienda y apuesta por ampliarlos. En concreto, propone rebajar los impuestos a los arrendadores en relación con las rentas generadas en alquileres de viviendas que sirvan de residencia habitual. La medida estaría enfocada en las personas más jóvenes, menores de 35 años, mayores de 65 años o personas con bajos ingresos. Esto sería una ampliación de la norma actual que contempla un descuento máximo del 90% sobre los rendimientos del alquiler cuando los caseros bajen la renta en más de un 5%.
Otra de sus propuestas fiscales, sin embargo, choca de frente con el Gobierno. Se trata del mecanismo para que los ayuntamientos puedan penalizar las casas deshabitadas a través de diferentes recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). En vez de esto, lo que los populares pretenden es incorporar al mercado los inmuebles vacíos mediante la reducción de dicha tasa. A ello se suma su propuesta de rehabilitar el parque aumentado las deducciones del IRPF que ya existen y que contemplan una desgravación del 20% sobre la obra realizada.
Más allá de los incentivos fiscales, los populares son muy críticos con el escudo antidesahucios que contempla la ley de vivienda. Es así que su programa dedica un apartado completo a reducir a mínimos la protección de las familias vulnerables susceptibles de ser desalojadas. Por contra, quieren garantizar la expulsión de los okupas en 24 horas, endurecer las penas y crear unidades administrativas de policía local que estén especializados en la lucha contra la ocupación ilegal.
Por otra parte, Feijoó propone ampliar los módulos de vivienda de protección oficial (VPO), que es promovida por la administración, mediante su indexación al IPC. Quiere además simplificar el concepto de vivienda protegida para que abarque cualquier tipo de protección pública.
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