El Ejecutivo cierra un acuerdo con la banca para aliviar el pago de hipotecas a un millón de hogares

Permitirá una carencia de cinco años a las rentas inferiores a 25.200 euros que dediquen a la hipoteca la mitad de sus ingresos, y congelará la cuota a las rentas de menos de 29.400 con una carga hipotecaria del 30%

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Banca y Gobierno han negociado contra el reloj para poder llevar las ayudas a hipotecados vulnerables al Consejo de Ministros de hoy. Patronales y Ejecutivo han sellado un acuerdo que, a falta de los últimos flecos, ayudará hasta a un millón de familias a mitigar el impacto de la continua y acelerada subida de tipos de interés en el pago de la cuota de sus hipotecas.

Por un lado, las patronales AEB, CECA y Unacc y el Ejecutivo han acordado actualizar el Código de Buenas Prácticas que estaba vigente hasta ahora, aprobado en 2012, con el objetivo de adaptarlo al contexto actual. De esta forma, los clientes vulnerables tendrán la posibilidad de reestructurar el préstamo hipotecario con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años (euríbor -0,1% frente al euríbor +0,25% actual). Igualmente, se amplía a dos años el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda y se contempla la posibilidad de una segunda reestructuración.

Los requisitos para acogerse a estas medidas es que los hogares tengan una renta inferior a 25.200 euros anuales (tres veces el IPREM) y que dediquen más del 50% de su renta mensual al pago de la hipoteca, como venía establecido en el código actual. Además, el acuerdo entre Ejecutivo y patronales ha ampliado el rango y permitirá que las familias que no cumplan con el criterio del incremento de un 50% del esfuerzo hipotecario puedan acogerse a estas medidas, con una carencia de dos años, un tipo de interés menor durante el tiempo de carencia y una extensión del plazo de hasta siete años.

Además, el Gobierno se ha asegurado de incluir la obligación de salvaguardar los derechos de clientes acogidos a estas medidas para que, en caso de que el crédito se traspase a otra entidad, esas condiciones se mantengan. Se calcula que, con esta actualización del Código de Buenas prácticas, más de 300.000 familias podrían verse beneficiadas por las medidas de alivio.

Nuevo Código para clases medias

En segundo lugar, el pacto incluye un nuevo Código para las clases medias en riesgo de vulnerabilidad por el incremento de la cuota hipotecaria. Esta medida, que estará vigente durante dos años, busca que las familias tengan una adaptación más gradual al nuevo entorno de tipos de interés, debido a la acelerada subida que han experimentado en los últimos meses. Podrán acogerse los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM (29.400 euros anuales) con hipotecas que se hayan formalizado antes del 31 de diciembre de 2022. También deberán cumplir el requisito de que la carga hipotecaria represente más del 30% de su renta y que la cuota haya aumentado al menos el 20% por la subida de tipos de interés.

Los bancos deberán ofrecer a todos los clientes que cumplan estas condiciones la posibilidad de congelar la cuota durante 12 meses, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y un alargamiento del plazo del préstamo de hasta siete años.

Este nuevo Código se trata de la gran novedad que incluye el acuerdo. El principal escollo que ha hecho que la recta final de las negociaciones se haya demorado era la definición del colectivo considerado como vulnerable y que determina el nivel de alcance de las medidas de ayuda. Mientras los bancos defendían acotar el perímetro para evitar verse obligados a dotar provisiones millonarias, el Ejecutivo era partidario de abrir más el abanico de posibles beneficiados. En ese sentido, el Gobierno ha logrado imponerse al sacar adelante un nuevo Código que beneficiará a las clases medias. En total, estima que hasta 700.000 familias podrían beneficiarse por este nuevo protocolo, lo que supone más del doble que con la actualización del Código ya vigente.

No obstante, la vigencia de este nuevo Código será de dos años. Además, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha trabajado con el Banco de España para que todo el paquete de medidas tenga un impacto reducido desde el punto de vista de la calificación de créditos y no cause un impacto significativo de las entidades financieras.

En tercer lugar, el paquete acordado entre patronales y Ejecutivo incluye otras medias de alivio complementarias que se aplicarán a los clientes, sin necesidad de cumplir requisitos concretos. Así, se reducirán los gastos y se eliminarán durante 2023 las comisiones para facilitar el cambio de hipoteca de tipo variable a tipo fijo. Igualmente, durante el próximo año se suprimirán las comisiones para la amortización anticipada del préstamo hipotecario.

Un millón de posibles beneficiados

Banca y Gobierno llevaban negociando este paquete de medidas desde septiembre y a pesar de que ambas partes transmitían la buena predisposición por llegar a una entente, el acuerdo final se venía retrasando. El Ejecutivo llevará este martes la propuesta al Consejo de Ministros y las medidas entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2023, cuando se espera que las cuotas hipotecarias empiecen a experimentar una subida importante, ya que las cuotas tardan varios meses en repreciarse tras una subida de tipos. Más allá del acuerdo entre ambas partes, los bancos podrán efectuar ofertas adicionales a sus clientes atendiendo a cada caso.

Aunque la banca ha venido recalcando que se trata de un reducido porcentaje de clientes los que se verán impactados, desde el sector y el Gobierno se ha buscado un acuerdo que permita mitigar la carga que supondrá el aumento en la cuota las familias vulnerables.

Los préstamos hipotecarios formalizados en los últimos cinco años son los que más preocupan tanto al Gobierno como al Banco de España y los propios bancos, porque se encuentran todavía en el periodo inicial de amortización, cuando la carga de intereses es mayor. Por ello son las que más van a sufrir la subida de los tipos, poniendo a prueba la capacidad de pago de muchas familias.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre 2016 y 2021 se firmaron un millón y medio de hipotecas a tipo variable, pero el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prevé que se vean beneficiados por estas medidas hasta un millón de clientes. No obstante, los bancos vienen recalcando que no esperan una avalancha de impagos ni de familias afectadas por la subida de tipos de interés.

En ese sentido, desde hace meses las entidades financieras se han apresurado a explicar que la mayor parte de la cartera hipotecaria producida en los últimos años se trata de préstamos a tipo fijo, que han estado incentivados por las propias entidades, para aprovechar la época de bajas tasas de interés, por lo que no sufrirán ninguna alteración de la cuota. Además, de la cartera a tipo variable, la mayor parte se formalizó antes de 2016, y que el grueso de los intereses ya está amortizado.

Luz verde a la autoridad de defensa del cliente financiero

  • Proyecto de ley. Además de las ayudas a los hipotecados vulnerables, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el proyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, después de haber recibido el dictamen favorable por parte del Consejo de Estado la semana pasada. La autoridad de defensa del cliente financiero supondrá la puesta en marcha de un mecanismo que unificará los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). La futura figura estará dotada de autonomía e independencia. Resolverá las reclamaciones de los clientes que no hayan quedado satisfechos con la respuesta que le hayan dado los servicios de atención al cliente de sus entidades financieras.
  • Financiado por los bancos. El texto que se someterá a la aprobación del Consejo de Ministros mantiene que las resoluciones de la autoridad de defensa serán vinculantes para las entidades financieras cuando los importes reclamados sean inferiores a 20.000 euros. Este mecanismo, además, será gratuito para los clientes y se financiará con una tasa de 250 euros que las entidades tendrán que pagar por cada reclamación admitida.
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