PwC refuerza su defensa en el caso Popular y ficha a Carlos Domínguez, abogado de Sánchez Galán

La auditora también ha contratado los servicios del despacho González Franco, donde ejerce la ex jefa de lo penal de la Abogacía del Estado Rosa Seoane, que logró la absolución de Iberdrola en el juicio por la manipulación de la tarifa en 2013

Torre de PwC, en Madrid, en una imagen de archivo.Pablo Monge

PwC ha decidido intensificar su defensa en el caso Popular. Desde que el juez instructor de la Audiencia Nacional José Luis Calama decidió llevar a juicio a la compañía por ser el responsable de auditar las cuentas de la entidad, resuelta en junio de 2017, la firma de servicios profesionales ha reforzado el equipo jurídico que le defenderá en las siguientes fases del procedimiento y está a la espera de conocer los escritos de acusación y la celebración del juicio. Según indican fuentes jurídicas, la auditora mantiene los servicios de Cortés Abogados, donde ejerce el exfiscal Daniel Campos, que les representa desde que se inició la causa, si bien ha decidido contar también con el apoyo de otros penalistas para hacer frente a la acusación por el delito de estafa a inversores en relación a la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en 2016. Entre ellos, PwC ha fichado a Carlos Domínguez, conocido por librar a empresarios que se vieron salpicados en otras causas mediáticas, como el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en el caso Villarejo, o al fallecido expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, en Púnica y Lezo.

El nuevo equipo de defensa estará formado en total por cuatro despachos, que han trabajado en los casos judiciales más importantes del país o en macrocausas, con la idea de que se centren en aquellas cuestiones que se enmarquen en sus ámbitos de experiencia, exponen estas fuentes. Además, de Cortés Abogados —que ha estado presente en el caso Celsa, el primer gran procedimiento de reestructuración desde que entró en vigor la nueva Ley Concursal—, PwC también dispondrá de los servicios de Business & Law, boutique legal que cuenta entre sus bazas con el abordaje de “los aspectos mediáticos” de las causas y el asesoramiento en el ámbito reputacional y de imagen”, tal y como explica en su propia página web. A ellos se suman el despacho González Franco, experto en la defensa delitos económicos y de empresa, así como en temas de cumplimiento normativo (compliance), y Ayala de la Torre, que se define por su especialización en derecho penal, público y regulatorio, civil y mercantil, fiscal.

El juez Calama acordó el pasado mes de marzo procesar al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a una decena de directivos de la entidad, así como a PwC y a dos auditores al entender que los inversores que participaron en dicha operación fueron “engañados” porque los estados financieros de 2015 y los trimestrales de 2016 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”. Según el magistrado, a esta situación contribuyeron los auditores al validar unas cuentas que “no eran reales ni de lejos” y sobre las que nunca formularon ningún tipo de salvedad. Esta tesis fue ratificada a finales de junio por la Sala de lo Penal, que desestimó el recurso de la auditora.

Abogados en casos Villarejo, Púnica o Iberdrola

Carlos Domínguez, socio director de Business & Law, fue elegido por Sánchez Galán para llevar su defensa en la investigación por la contratación del comisario José Manuel Villarejo, en la que se vio involucrado durante un año y medio. La llegada del letrado a la causa, en enero de 2021, con la imputación del presidente de la eléctrica y de toda la cúpula directiva en el momento de los trabajos del expolicía, estuvo marcada por la presentación de una larga lista de nulidades que, en su opinión, echaba por tierra la investigación. Una estrategia que mantuvo durante un año, en el que pidió reiteradamente el sobreseimiento de la presunta responsabilidad del máximo dirigente de Iberdrola.

Finalmente, el letrado consiguió su objetivo en junio de 2022, al apoyarse en la decisión de la Sala de lo Penal de sacar del caso Villarejo a Rafael Obergozo, exjefe de gabinete de Iberdrola, porque las conductas ilícitas que se le aplicaban habían expirado. El juez instructor rechazó en varias ocasiones meter en un cajón los indicios que presuntamente demostraban que Sánchez Galán conocía los encargos al comisario jubilado, si bien en ese momento decretó el sobreseimiento por prescripción y dejó la presunta responsabilidad corporativa de dicha contratación en el que fuera jefe de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo.

Antes de defender a Sánchez Galán, Domínguez, abogado de Estado en excedencia, representó al fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, investigado en los casos Lezo y Púnica. Sobre la primera causa, el veterano empresario (fallecido el pasado 6 de julio) fue imputado por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), si bien la justicia concluyó en noviembre de 2020 que no existían indicios de delito contra Villar Mir. Un mes después, el expresidente de la constructora también quedó fuera de la Púnica, en el que estuvo imputado más de dos años, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara el recurso de su defensa y ordenara, en contra del criterio del juez y de la Fiscalía Anticorrupción, dar carpetazo a los hechos que se atribuyeron al empresario en relación al pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de la Comunidad de Madrid.

En el despacho González Franco destaca el nombre de su socia Rosa Seoane. La abogada era, hasta septiembre de 2023, la responsable del área penal de la Abogacía del Estado que se encargó de defender los intereses de la administración en el juicio que celebró el Tribunal Supremo en 2019 contra 12 líderes del procés independentista. Ya como abogada del mencionado bufete, Seoane defendió a Iberdrola Generación en el juicio que celebró la Audiencia Nacional por el incremento de los precios de la luz en 2013, en el que logró la absolución de la compañía. La tesis que defendió de que los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que afirmaban que la eléctrica manipuló la subasta de precios, se basaban en errores de bulto convenció al Juzgado Central de lo Penal Único, en cuya sentencia reprochó la actuación de los peritos del organismo a la hora de valorar estos hechos.

Por último, el despacho Ayala de la Torre cuenta con otro dos abogados del Estado en excedencia. El socio director, José María Ayala de la Torre, que ha asumido la dirección técnica de más de 4.000 litigios en diferentes órdenes jurisdiccionales, es árbitro de la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de España y presidente de la Unidad de Cumplimiento de Iberdrola. Además, figura Miguel Bueno, cuyo último destino como parte de lo servicios jurídicos del Estado fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Este letrado, especialista en Derecho Público y Regulatorio, ha sido secretario general técnico del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y subsecretario del Ministerio de Justicia, y ha formado parte de distintos consejos de administración de sociedades y entidades públicas.

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