El juicio contra Iberdrola y las ‘erratas’ de la CNMC
En un careo de casi seis horas, los peritos de la eléctrica, acusada de manipular los precios del ‘pool’, denunciaron el sesgo y las contradicciones del regulador
El de diciembre de 2013 fue un mes convulso para el sistema eléctrico español. Visto con perspectiva, y a la vista de lo ocurrido ocho años después con la grave crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, la vivida entonces con gran dramatismo puede parecer ahora una nimiedad. Menos graciosa resultó la solución ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy, con su ministro de Industria, José Manuel Soria, a la cabeza, para resolver un problema entonces magnificado: la intervención temporal del mercado hasta la creación del llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que tan cara ha hecho pagar la electricidad a los pequeños domésticos acogidos a este precio regulado (obligatorio para los que tienen el bono social) con la actual y prolongada crisis energética.
Vayamos por partes. El 20 de diciembre de 2013, el Ejecutivo decidió anular la llamada subasta Cesur celebrada el día antes, un sistema en el que pujaban entidades financieras, de trading y algunas generadoras para vender electricidad a plazo y que determinaba el precio a aplicar cada trimestre a la factura de los pequeños usuarios, en ese caso, para el primer trimestre de 2014. Como el precio se disparó un 13% respecto a la subasta anterior (61,6 euros/MWh frente a los 47,6 euros/MWh de septiembre), Soria y su equipo energético decidieron dinamitarla y fijar una tarifa por decreto (con una subida limitada al 2%) desde el 1 de enero al 3 de marzo de 2014. Ya en abril, se puso en marcha el engendro del PVPC, que consistía (y consiste) en cobrar a los pequeños consumidores el precio del mercado mayorista diario (pool) que se presuponía tendería a estar siempre por debajo de los precios del mercado libre. Es sabido que, en los peores meses de la actual crisis el precio medio del pool se disparó, superando en 2022 los 200 euros/MWh (y en lo que va de este año, casi 89 euros MWh de media) ¿Una broma de mal gusto respecto a los 61,6 euros/MWh de la Cesur de 2013 que abrió la caja de los truenos en diciembre de 2013?
Una repentina bajada de las temperaturas, el hundimiento de la producción eólica, algunas centrales paradas y tres semanas sin lluvia hicieron subir los precios reales del mercado (los de las Cesur eran solo una referencia, pues no implicaban compras físicas de energía, sino una cobertura de precios). Soria juró venganza y acusó a las grandes eléctricas de un complot para enriquecerse con precios al contado por encima “de su valor razonable”, que influyeron al alza en el resultado de la malhadada subasta de contratos a plazo. Para ello pidió a la CNMC una investigación que se saldó con un expediente sancionador, que, finalmente, solo afectó a Iberdrola (con una multa de 25 millones de euros en 2015) sobre la base de que el resto de compañías del sector no había reducido su producción respecto a la de noviembre de 2013.
En 2017, la Fiscalía decidió poner fin a la vía administrativa y aplicar a Iberdrola el artículo 281 del código penal, por detraer supuestamente del mercado un bien esencial como el agua con el objetivo de “alterar los precios y perjudicar al consumidor” (en este caso, también a pequeñas comercializadoras, algunas de las cuales, han actuado como acusación particular). Concretamente, por incrementar el precio de las ofertas de sus centrales hidráulicas de las cuencas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 hasta 87 euros/MWh, cuando, según la CNMC, lo “razonable” habrían sido hasta 80 euros/MWh.
Tras una larga instrucción y muchos informes, una década después de aquel diciembre negro, cinco partes (la propia Iberdrola y cuatro directivos) se han sentado en el banquillo acusados de manipulación de los precios de la luz con lo que se enfrentan (no hay precedentes) a penas de hasta dos años de cárcel. El juicio está ya visto para sentencia.
Una manipulación muy complicada de demostrar como lo prueba el careo público de casi seis horas al que el juez sometió a los peritos de las partes (la consultora NERA, por el lado de los acusados, y la CNMC, por el Estado). Un debate técnico, en el que participó el que a la sazón era director de Energía del organismo, Fernando Hernández. Los peritos y abogados de Iberdrola intentaron demostrar el sesgo y las contradicciones de los datos de la Comisión, que sostuvo que, a la vista de que en diciembre de 2013, el nivel de dichos embalses era superior al del mismo mes de 2012, y similar al de 2011, Iberdrola no debía haber incrementado los precios de sus ofertas por encima de los 80 euros/MWh.
La defensa explicó que el análisis de la CNMC de la evolución de la producción hidroeléctrica de la empresa estaba sesgado porque no había tenido en cuenta que la demanda es menor los fines de semana y festivos y que, teniendo en cuenta solo los días laborables por separado, en la primera semana investigada Iberdrola no solo no bajó sino que incrementó su producción a niveles máximos. Y, aunque sí la redujo en la segunda semana en cuestión (para evitar el vaciado de los embalses), ello no provocó una subida de los precios.
Respecto a si la eléctrica había recortado su producción en diciembre de 2013, sus peritos mostraron que fue similar a la de octubre, mientras la CNMC se había limitado comparar la producción de diciembre con la de noviembre. Además, no había tenido en cuenta la sequía de las tres semanas anteriores, en la que era “prudente” revisar al alza el valor del agua. Y aunque la Comisión adujo que el nivel de lluvias fue similar al del mismo periodo en 2011 y 2012, en el careo afloró que esta solo había comparado dos días “dispares” de cada año.
Un punto clave del juicio fue la discusión técnica sobre la metodología para determinar el valor razonable del agua en aquel momento, ya que el supuesto lucro de Iberdrola consiste en haber vendido electricidad por encima de ese nivel (los citados 80 euros MWh). La CNMC determinó dicho valor multiplicando el precio más alto del mercado a plazo (OMIP) por un “coeficiente de apuntamiento” (lo que ingresa el agua por encima de la media) que la CNMC consideró “representativo”.
Una metodología sin precedente y simplista, según NERA, pues lo mismo arrojaba un valor de 80 euros/MWh como uno de 1.600 euros/MWh si, en lugar de coger el valor del coeficiente de apuntamiento considerado “representativo” por la CNMC, se cogía su valor más alto. Al inicio de la vista, los peritos del regulador reconocieron que en sus informes había dos “erratas” que afectaban a la determinación del citado coeficiente y que, por ello, según insinuó la defensa, habían modificado los criterios utilizados para seleccionarlo: un cambio de datos para obtener el mismo resultado. Al final del careo, los representantes de la CNMC reconocieron que, tras la corrección de las “erratas”, los valores que obtenían del coeficiente de apuntamiento se correspondían con los estimados por los peritos de Iberdrola, (esto es, en precios “razonables” del agua mayores que los ofertados por la compañía).
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