Operación Lezo
El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir (en el centro), este martes a su llegada hoy a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez Manuel García Castellón. EFE

OHL niega trato de favor en la adjudicación del tren a Navalcarnero

Villar Mir declara ante el juez instructor del caso Lezo

La Audiencia Nacional investiga el pago de una supuesta comisión de 1,4 millones a Ignacio González

El expresidente y máximo accionista de OHL, Juan Miguel Villar Mir, ha sido citado a declarar este martes por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, en calidad de investigado por el presunto pago de comisiones para lograr la adjudicación de obras en la Comunidad de Madrid. Villar Mir ha negado conocer que se produjera el pago de comisiones ilegales.

El magistrado instruye el llamado caso Lezo, que aborda la presunta existencia de una trama de corrupción alrededor del Canal de Isabel II y el Gobierno regional que presidía Ignacio González, hoy en prisión provisional.

En el marco de estas pesquisas, García Castellón indaga sobre el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de la constructora OHL para lograr adjudicarse la construcción y el desarrollo de la línea ferroviaria ideada para unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero, en 2007. Una obra que nunca concluyó.

El pago de esta comisión se correspondería con la transferencia realizada por una firma del grupo OHL a una cuenta suiza de la sociedad Lauryn Group Inc, operación que fue identificada por la comisión judicial que visitó la sede de la constructora el pasado 20 de abril.

El descubrimiento supuso en su día la detención de Javier López Madrid, yerno de Villar Mir y consejero del grupo empresarial que lleva su nombre. Aunque fue puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros, López Madrid abandonó su puesto como consejero de OHL en medio del castigo bursátil al valor.

En paralelo, OHL abrió entonces una investigación interna que identificó dos transferencias, por un total de 2,5 millones de dólares, dirigidas a Lauryn Group. “Dichas transferencias están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de sus empresas y no hay ningún indicio de que puedan estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo”, informó la compañía.

Descartado este punto, la constructora asegura que emprendió una revisión en profundidad del proyecto "Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa)”, dilucidando “con claridad y rotundidad que no hubo ningún tipo de indicio de trato de favor en la adjudicación y desarrollo de este proyecto”.

Con estos argumentos en la mano, OHL descarta la existencia de irregularidades en la concesión del proyecto o el pago de comisiones para lograr su adjudicación.

De hecho, fuentes conocedoras de la licitación aseveran que OHL no logró esta obra por obtener mejor calificación bajo los criterios subjetivos de adjudicación sino por presentar la oferta más agresiva de todas las que recibió la Comunidad de Madrid.

En el criterio objetivo de asunción de riesgos, OHL obtuvo la máxima puntuación posible, 60 puntos, frente al siguiente potencial adjudicatario, que obtuvo solo seis puntos.

Por otra parte, la obra inacabada del Cercanías de Móstoles a Navalcarnero ha resultado ruinosa y OHL reclama actualmente a la Comunidad de Madrid 370 millones de euros ante el Tribunal Superior de Justicia de la región.

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