La subida espontánea del IVA de la luz, ¿un fallo regulatorio?
Hacienda no supo prever que la cláusula que fija la subida del impuesto al 21% a partir de un umbral de precios del ‘pool’, se activaría casi al comenzar el año
Cuando el pasado 27 de diciembre el Gobierno aprobó el real decreto ley para afrontar las consecuencias de la Guerra de Ucrania (el cuarto desde septiembre de 2021) y, en este caso, la de Oriente Medio, nada hacía presagiar el derrumbe de los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) en los primeros meses de este año. De hecho, ese mismo día de diciembre, los forwards (cotizaciones de los mercados de futuros) se situaban para el mes de enero entre 78 y 81 euros/MWh; para febrero, entre 78 y 79 euros/MWh y para marzo entre 66 y 70 euros/MWh.
Con esa ”tranquilidad” el Ejecutivo (léase Ministerio de Hacienda) aprovechó la norma para iniciar una recuperación progresiva de los impuestos de la factura de la luz que había ido recortando a raíz de la crisis energética (el del IVA, del 21% al 5% y el Impuesto Especial de la Electricidad, del 5% a menos del 0,5%) o que simplemente había suspendido (como el que grava en un 7% los ingresos por las ventas de cualquier tipo de generación). Así, optó por recuperar progresivamente, hasta junio, el del 7% y el de la electricidad, hasta el 3,8% y por subir al 10% el del IVA para todo el año. Sin embargo, el RDL no tocó la cláusula, que se remontaba a 2021, según la cual, ese IVA reducido solo se mantendría, en tanto “el precio medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural” superase los 45 euros/MWh”.
Antes de lo previsto o, mejor, sin previsión alguna, la cláusula se activará de forma automática el 1 de marzo, una vez que el precio medio del mercado en febrero se vaya a situar por debajo de ese límite: 41,3 euros/MWh a falta de un día. Un sobresalto que el Ejecutivo podría haber evitado aprobando directamente, como en el caso de la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural, una subida del IVA eléctrico al 21% en el segundo trimestre del año, o un incremento escalonado a lo largo del año. Todo menos verse sorprendido por una subida espontánea, sin control y sobrevenida por una cláusula en la que “nadie pensó”, señalan fuentes políticas. Algo comprensible, por otra parte, si se tiene en cuenta que en noviembre los futuros para marzo de este año se situaban por encima de los 100 euros/MWh. Un invierno muy templado y el fuerte acopio de gas que han hecho las empresas, en parte por imposición, ha provocado un derrumbe inesperado de las cotizaciones de este combustible y, de paso, de la electricidad. La escasez de gas desencadenó una escalada de precios eléctricos sin precedentes a partir del verano de 2021 y, tal como auguraban algunos expertos, su abundancia los va a derrumbar.
Aprobar otro real decreto ley para corregir el desbarajuste sería reconocer un error regulatorio, pero si no lo hace, el Gobierno tendrá este frente abierto todo el año. Si nos atenemos a la letra de la ley, si el precio vuelve a subir de 45 euros/MWh, el IVA volverá a bajar al 10%, una temible montaña rusa que perjudicaría también a las comercializadoras encargadas de elaborar facturas inciertas. Y, aunque ha quedado demostrado que los futuros no van a misa, para el tercer y cuarto trimestre se sitúan en 60 y 61,7 euros/MWh, respectivamente.
Bajada para algunos
La buena noticia que se esconde detrás de todo ello -esto es, que el precio de la energía baja, lo cual compensaría la subida del impuesto- no es tal pues este supuesto solo sirve para los consumidores acogidos al precio regulado (PVPC), ligado al pool (y no totalmente, pues desde la reforma que se aplica desde enero, dicho precio incluye una parte de futuros) pero no para los usuarios en el mercado libre con contratos cerrados y a plazo (de un año o más), que sufrirán dos subidas de IVA en dos meses: del 5% al 10% en enero y al 21% en marzo, sin que su energía se abarate. Además, estos consumidores son mayoría, 18,8 millones de contratos, frente a los del PVPC, que suman 8,5 millones. Un alivio para estos sería pasar al PVPC, pero, como bien es sabido, la rigidez del mercado eléctrico no facilita precisamente los cambios.
Quién iba a suponer que el Gobierno del PSOE, que tanto criticó la subida del Gobierno de Mariano Rajoy del 18% al 21%, siendo Cristóbal Montoro ministro de Hacienda, lo que situó a España entre los países de la UE con el IVA de la electricidad más caro, iba a seguirle los pasos. La crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania forzó una bajada impensable de este impuesto, para aliviar la factura de la luz y, de paso, controlar la inflación. Unas medidas intervencionistas que Bruselas quiere que se vayan eliminando y que los países recuperen el equilibrio presupuestario. Bien es cierto que en los peores momentos de la crisis, con precios que en 2022 superaron una media de 200 euros/MWh, Hacienda no vio mermada en proporción su recaudación en los peores años de la crisis pese al drástico recorte fiscal, gracias, precisamente, a los elevados ingresos derivados de tan altas cotizaciones. Ahora, el ministerio que dirige la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sí necesita echar cuentas. Y medir también el coste político.
La paradoja es que con los precios tan elevados como los registrados durante la crisis, los consumidores pagasen facturas mucho más bajas (esencialmente, por la práctica eliminación de los impuestos y un recorte drástico de los cargos) y que ahora, con precios de la energía muy inferiores, el recibo se dispare. ¿Dónde está lo que a muchos gusta llamar señales del mercado? ¿Se ha vuelto a recomponer un mercado que gobiernos, como el español, consideró roto, lo que justificó la imposición de límites de precios a las compañías eléctricas?
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